Luego de que se promoviera una investigación judicial sobre la presunta negativa del Gobierno al vicepresidente para que haga uso del avión presidencial, se conoció ayer una nueva denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el motivo de la acusación es el de " incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz del decreto que modificó las tarifas de gas.

La denuncia quedó a cargo del juez Julián Ercolini, quien ya investiga una presunta asociación ilícita que habría encabezado el ex presidente Néstor Kirchner, hombres de su Gabinete y varios amigos. El delito cometido sería, según consta en la denuncia, "recargo tarifario en la factura del servicio de gas con destino a la creación de un fondo fiduciario para la importación del hidrocarburo", establecido a través del decreto 20267/2008 que es " torpemente inconstitucional".

El escrito fue presentado en los tribunales de Comodoro Py 2002 durante la mañana de ayer por el abogado José Lucas Magioncalda y apunta directamente contra la presidenta Fernández, al sostener -además- que "la conducta típica denunciada carece de todo atenuante". El denunciante hizo hincapié en "las circunstancias personales de la autora del hecho, quien además de tener todos los recursos del Estado para asesorarse jurídicamente, ha cursado la carrera de Derecho y sostiene que se ha recibido de abogada".

"En definitiva, pareciera imposible que la nombrada desconociera los límites que la Constitución y las leyes de la Nación le imponen en relación a la creación de tributos", advierte el escrito.

La denuncia cuestionó el decreto 2067/08 del 27 de noviembre del año pasado, en donde se creó un "Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país".

Para el abogado Magioncalda, ese decreto "viola la ley 24.076 que establece el marco regulatorio del gas" en donde se define que la tarifa del gas se compone de la suma de "a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) Tarifa de transporte; c) Tarifa de distribución".

Según Magioncalda, "el nuevo 'cargo tarifario' que se crea por decreto constituye, en realidad, un tributo ilícito" y por si "fuera poco, sobre éste, se aplica el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) según surge del segundo párrafo del art. 2º del Decreto P.E.N. Nº 2067/2008". "¿Cuál es el valor agregado de un tributo? En este punto de la presente denuncia, podemos advertir que el Decreto P.E.N. N° 2067/2008 no sólo es manifiestamente inconstitucional sino torpemente inconstitucional", se señaló.

En la presentación, también se alude a las consideraciones advertidas por el defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien también denunció ante la justicia en lo contencioso administrativo la "inconstitucionalidad manifiesta" del decreto. El juez Ercolini remitirá ahora la presentación ante la Fiscalía para ver si promueve o no la investigación de la causa.

Fuente: DyN