A punto de cumplirse un año del inicio del conflicto agropecuario que marcó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno podría abrir un nuevo enfrentamiento con los ruralistas: ahora analiza nacionalizar el comercio de granos y subproductos. De esta forma, el Estado se encargaría de ser el único comprador y vendedor de productos agrarios, tanto para el mercado interno como externo.

La versión fue confirmada a El Cronista Comercial por fuentes cercanas al ex presidente Néstor Kirchner, y por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que no revelaron su nombre al diario La Nación. La noticia causó malestar en todo el sector agropecuario, mientras el Gobierno mantiene reuniones con la Mesa de Enlace.

"Si no venden el grano, vamos a tener que nacionalizar el comercio", habría dicho Débora Giorgi, ministra de Producción, aparentemente en broma, durante las reuniones de la semana pasada , según recordó Carlos Garetto, presidente de Coninagro. El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, también mencionó la posibilidad. Fuentes del Ministerio de Producción, sin embargo, negaron a La Nación que se estudie el tema.

Sectores del campo y del Gobierno creen que el kirchnerismo no se arriesgaría a otro conflicto como el de 2008, que lo deje aún más debilitado. Sospechan que sólo es un intento de instalar el temor entre los productores para que vendan el remanente de la cosecha pasada, que retienen a la espera de mejores precios. El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostiene que son 9 millones de toneladas de granos (aunque el campo afirma que son entre 5 y 7 millones) que le reportarían al Estado unos mil millones de dólares por retenciones.

La reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace de la semana pasada había dejado una sensación optimista, y la idea de la nacionalización parecía perder terreno. Pero la opción se reflotó ayer, tras la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Tres Arroyos: la percepción de la Casa Rosada era que los ruralistas volverían al paro y dejarían de vender granos, afectando la recaudación, según El Cronista.

El organismo encargado de controlar todo el comercio de granos sería la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), hoy presidida por el contador Emilio Eyras. En la práctica, sigue bajo el mandato de Ricardo Echegaray, hombre rechazado por los ruralistas, que fue el titular hasta diciembre pasado. De hecho, el actual titular de la AFIP había preparado un proyecto similar al que se baraja ahora durante 2008.

De esta forma, la ONCCA no sólo se dedicaría a repartir subsidios, sino que también se encargaría de abastecer al mercado interno y exportar el saldo excedente. “Se acabó Cargill, Monsanto, Aceitera General Deheza o Dreyfus haciendo lo que quieren", afirmó un funcionario entendido en el tema a El Cronista, agregando que "si tomamos la decisión que estamos evaluando, serán proveedoras del Estado”. El Gobierno, además, contaría con una herramienta para controlar mejor la cotización del dólar, y anularía el reclamo por la baja de retenciones.

Si bien la noticia no se confirmó oficialmente, el campo no dudó en repudiar la posibilidad de nacionalización. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su " total y absoluto rechazo ante lo que considera un pernicioso retroceso en la actividad comercial sectorial, que agudizará aún más el deterioro de los precios al productor"

"Nosotros siempre creímos en la intervención virtuosa del Estado para la defensa de los productores en el proceso de formación de precios y por eso propusimos la recreación de una junta de granos moderna con participación de productores, usuarios y consumidores. Pero de ahí a la estatización del comercio de granos hay kilómetros de distancia, más aún si se trata del Estado administrado por los Kirchner", completó Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria Argentina, en declaraciones a La Nación.