Que haya personas capaces de enarbolar un “derecho reprográfico” sin que les tiemble la garganta ni se les borre de la cara la cínica sonrisita del traficante de esclavos que se da cuenta de que el negocio se le está acabando y no sabe cómo continuará su carrera de comercio con el mal, habla a las claras del deteriorio de la ecología en la que sobrevivimos milagrosamente. La palabra “reprográfico”, horrísona como es, sirve al menos para desenmascarar la vileza de quienes necesitan del neologismo para justificar prácticas de egoísmo, sometimiento y explotación viejas como el mundo que, por otro lado, las nuevas tecnologías de información y publicación (Internet) han puesto en severo entredicho.
CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos, cadra.org.ar) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), firmaron el pasado 29 de abril un convenio por el cual se otorga a la UBA con gracia regia una licencia de reproducción parcial (un 20% como máximo) de obras literarias y científicas “administradas por CADRA y protegidas por el derecho de autor”.
A cambio de la anacrónica y colonial licencia, la UBA se obliga a abonar a CADRA $ 12,72 anuales por cada uno de sus 300.000 inscriptos, lo que arroja la nada despreciable cifra de $ 3.816.000 per annum, lo que representa el 2,5 por mil del presupuesto total de la UBA para 2009: el equivalente de algo así como sesenta rentas anuales de docentes-investigadores con dedicación exclusiva, tomando el cargo de Profesor Asociado como testigo. O, si se prefiere, el 4 por ciento del presupuesto total que la UBA destina a salud (el funcionamiento de los hospitales de Clínicas, Roffo, Lanari, Vacarezza y Odontológico).

Como se conoce el estado crítico de los presupuestos de las universidades estatales, y en particular de la UBA (cuyo nivel de excelencia, sin embargo, no ha mermado), la CADRA acepta, con una generosidad tan falsa como su sensibilidad lingüística, que durante los próximos cuatro años la casa de estudios pague simbólicos $ 300.000 anuales en concepto de peaje para bobos. Al mismo tiempo, se aseguró de meter en el convenio un artículo que fija en $ 1.700 la licencia anual por fotocopiadora (cifra que los centros de estudiantes con personería jurídica deberán distraer seguramente de los fondos de becas que ofrecen y otorgan).
Que la mezquindad y la ignorancia se organicen en cámaras y centros para defender los derechos al ejercicio de la barbarie no puede sorprendernos. Que haya “informadores” que aplaudan las confabulaciones de los traficantes de información y de saber tampoco debería preocuparnos (siempre habrá una zarpa de oso detrás de cualquier manera de reina o de princesa).
Lo que preocupa realmente es que una universidad, sin consulta previa a los expertos en el tema que se cuentan en su seno, suscriba un acuerdo miserable de transferencia de recursos del sector público al sector privado, tomando como objeto una práctica caduca. El fotocopiado ya no se utiliza sino marginalmente para estimular los aprendizajes de los alumnos universitarios, hoy afortunadamente apartados de la acumulación inmunda de papeles “reprografiados” (que no aguantan el paso del tiempo y que, precisamente por eso, jamás fueron competencia para el libro), gracias a la proliferación de excelentes y democráticas bibliotecas digitales y gratuitas.
Con el acuerdo que acaba de firmar, la UBA se compromete a realizar desembolsos dinerarios por absolutamente nada, en lugar de utilizar esos dineros en reforzar las partidas más sensibles de su presupuesto de agonía.

En la práctica, es imposible saber cómo CADRA (que en junio de 2005 se pronunció en contra del movimiento denominado Open Access, Acceso Abierto) liquidará a los autores cuyos derechos pretende (falsamente) defender, el porcentaje correspondiente de las sumas millonarias que engrosarán sus arcas.
La escandalosa nota firmada por Susana Reinoso en La Nación (la última de una larga serie de intervenciones incomprensiblemente desinformadas en relación con el funcionamiento del sistema educativo en Argentina, y abiertamente a favor de los intereses sectoriales más retrógrados) establece cuáles son los autores más perjudicados por eso que ya casi nadie hace, el fotocopiado de libros.
Dejemos a los muertos descansar en paz. Que nos digan los vivos, eso sí, qué gracia les hace que sus nombres se enarbolen en relación con esta causa envenenada. Yo, como autor, desautorizo públicamente a la UBA para que entregue a CADRA cualquier suma de dinero en relación con la “reprografía” de alguno de mis libros.