En un nuevo episodio del affaire entre Argentina y Venezuela por la estatización de empresas del grupo Techint, la presidente Cristina Fernández de Kirchner le reclamó a su par Hugo Chávez que aclare su declaración en la que afirmó que el gobierno venezolano nacionalizará todas las empresas, excepto las brasileñas.

"Venezuela va a seguir con la fase de nacionalizaciones, nacionalizaré todo... menos las empresas brasileñas", dijo con ironía Hugo Chávez , al inaugurar ayer una obra petrolera en Brasil junto al presidente Luis Inácio Lula Da Silva.

La frase acaso habría pasado como una broma más del bolivariano, si no fuera por la tensión que generó en Argentina el anuncio de la estatización de tres empresas siderúrgicas del grupo Techint. Más aún cuando se supo que el Gobierno no reclamará ante Venezuela para frenar la nacionalización , sino que se limitará a reclamar una indemnización justa.

Para complicar aún más el ambiente, Cristina reprochó al grupo que preside Paolo Rocca por no haber depositado en el país los 400 millones de dólares provenientes de la estatización de Sidor. La Unión Industrial Argentina (UIA) le respondió al Gobierno con la misma moneda: preguntó sobre el destino de los fondos de Santa Cruz, que Néstor Kirchner había girado al exterior cuando gobernaba la provincia.

Tras las declaraciones de Chávez, la UIA además denunció que las estatizaciones son contrarias al espíritu del Mercosur, y pidió que Argentina deje de apoyar el ingreso de Venezuela al bloque regional.

Por eso, Cristina Fernández de Kirchner llamó ayer al mandatario venezolano por teléfono para aclarar la situación. Según informó la agencia estatal de noticias Télam, Chávez negó sus afirmaciones y le prometió a la Presidente que dará una desmentida pública frente a los medios de su país, ni bien regrese hoy a Caracas.

"Una afirmación de ese tenor–de haber existido- implicaría un grado de discriminación y discrecionalidad, que excede la esfera de soberanía propia de cada Estado independiente", afirmó Cristina, y aseguró que esto "implicaría una actitud inaceptable por parte de Estados democráticos de derecho, además de ser absolutamente contradictorio con los acuerdos estratégicos que nuestro país ha celebrado con la República Bolivariana de Venezuela".