El debate está abierto. La Presidenta firmó un nuevo decreto que impulsa la televisión satelital y busca que señales estatales como Canal 7 y Encuentro lleguen a los todos los rincones del país. Sin embargo, dirigentes de la oposición y la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (CEMCI) desconfían del proyecto y critican el estancamiento de la reforma de la Ley de Radiodifusión.

"A mí me parece bien que se utilicen las nuevas tecnologías. Pero este gobierno tiene un serio problema de distinción de lo que deben ser los medios del Estado y los del Gobierno", indicó el legislador de Coalición Cívica, Fernando Iglesias en diálogo con Perfil.com.

El Gobierno, según Iglesias, "transforma Radio Nacional, Télam y Canal 7 en agencias gubernamentales" y esta nueva iniciativa impulsa " un monopolio gubernamental kirchnerista que no es antimonopólico". Según el diputado de la CC, se trata de la "unificación de una versión única de la razón del Estado que es emanada desde el kirchnerismo".

Para Silvana Giudici, diputada de la UCR, "es importante saber que Canal 7 no llega a todos los hogares de Argentina". Según la legisladora, hoy día no hay "acceso igualitario a la televisión abierta" y se debe "insistir en fomentar la televisión abierta de los canales privados". De acuerdo a la legisladora no hay (y no hubo) interés del Estado en resolver este punto.

Tal como publicó Perfil.com, el encargado de la programación será Tristán Bauer, y entre las nuevas señales se espera un canal de noticias, y otro de contenidos educativos así como una señal de películas nacionales.

La transmisión será libre y gratuita, no codificada, pero tendrá el costo operativo obligatorio de instalar la antena satelital, que aún no se estableció. En las zonas urbanas, los nuevos canales se podrán ver desde las señales de cables, aunque aún no se sabe en qué ubicaciones. Tampoco queda claro el presupuesto necesario para financiar el proyecto ni de dónde provendrán los fondos.
 
"Es tecnología para pocos y es caro", dijo Giudici. "Este es un Gobierno contradictorio. En los hechos no quiere cambiar este esquema atrasado", explicó. "Demuestra que lo quiere es generar más canales de información propia con un discurso único", agregó. La legisladora radical repasó algunos hechos emblemáticos de la comunicación en la era K, como la presunta censura en Jesús María al vicepresidente Julio Cobos y el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

" O lo que pasó la semana pasada en un programa de Canal 7 (se refiere a la "censura" - luego desmentida - que sufrió el ciclo 6-7-8). La programación misma del canal estatal tiene programas hablando de política a favor del Gobierno. Si ese modelo es el que quieren repertir en lo satelital es porque quieren avanzar en el dominio del discurso en los medios de comunicación", expresó la diputada radical. "Los canales educativos y culturales son importantes pero de allí a invertir en una infraestructura enorme me parece un despropósito", concluyó.

Por su parte, la diputada por Córdoba Norma Morandini, afirmó que desde su lugar sigue "insistiendo con que tiene que haber canales públicos pero no del Gobierno" al tiempo que exigió "señales dedicadas y comprometidas con la cultura y el pluralismo".

Morandini, que en las últimas elecciones por Córdoba acompañó el Frente de Luis Juez, señaló que no se "debe confundir información con propaganda porque eso ha herido al periodismo" y a propósito del proyecto del Ejecutivo, pidió verdaderos "canales públicos" de comunicación.

Por su parte, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente emitió un comunicado en el que asegura que “esta sorpresiva y sospechosa medida, que no reconoce antecedentes a nivel internacional, no brinda opciones audiovisuales gratuitas a los sectores más vulnerables, sino que los obliga a ser rehenes únicamente de señales oficiales o paraoficiales, o sea del discurso oficial”.

Además asegura que “el Gobierno busca, utilizando recursos del Estado, convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional sin control alguno”. Y agrega en el final: “No se entiende la razón - salvo que exista un interés económico particular detrás- por la que el Estado, en lugar de llegar de manera universal y gratuita a todo el país, opte por un sistema satelital, de implementación más cara y compleja".