La Coalición Cívica redobló su apuesta judicial contra Néstor Kirchner en las causa que lo investiga por conformar una asociación ilícita junto a funcionarios y empresarios amigos del Gobierno. Los diputados Juan Carlos Morán, Elsa Tata Quiroz, Fernando Sánchez, Héctor Toti Flores y Fernando Iglesias aportaron nuevos datos a lo que denominaron la "cartelización" de obra pública, que reparte cientos de millones de pesos a pocas empresas vinculadas con la familia presidencial.

La presentación fue hecha ante el juez federal Julián Ercolini, que deberá resolver si están dadas las condiciones para llamar a declarar al ex jefe de Estado, un pedido de los diputados, a partir de las pruebas que obran en el expediente.

Morán y compañía venían trabajando desde hace dos semanas en la presentación que hicieron hoy al mediodía, en la que suman al secretario de Energía, Daniel O. Cameron y los empresarios Gerardo Ferreyra de Electroingeniería y Juan Carlos Relats. "En esa estructura [la asociación ilícita] el mando lo ejerce Néstor Kirchner siendo Julio De Vido un sujeto fundamental para llevar a cabo la cartelización a través del Ministerio a su cargo", apuntan, según los documentos presentados hoy a los que tuvo acceso Perfil.com.

Triangulación de fondos. Los diputados ponen el acento en la relación comercial que mantiene Relats, uno de los zares de la obra pública K, con la familia Kirchner. "Relats le paga a los Kirchner $10.300.000 por el alquiler de 'Los Sauces'", apuntó a Perfil.com el diputado Juan Carlos Moran quien agregó que "es una cifra poco razonable y poco rentable a precio de mostrador". El bonaerense asegura que el precio que Relats paga por mes de alquiler, 210 mil dólares, no cierra ni con ocupación completa en temporada alta.

"Recibe grandes beneficios del Gobierno Nacional a través de concesiones petroleras, licencias de casinos, negocios con gobernadores y, principalmente, obra pública, a través del sistema de gestión", apuntó Moran en diálogo con este portal. Asimismo la empresa JCR S.A. está asociada en varios emprendimientos de corredores viales con Electroingeniería a través de VIAL 3 S.A.

Los diputados presumen que existiría una triangulación entre Kirchner y Relats a través de organismos públicos, como el ministerio de Planificación Federal, que controla la Unidad de Control de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN). "En primer lugar y como mínimo cabe decir que resulta inaceptable que un empresario que obtiene beneficios con la realización de obras estatales asimismo explote comercialmente un negocio perteneciente al ex Presidente de la Nación", afirman.

"Resulta difícil imaginar de este modo que se hayan respetado los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad; en los procedimientos de contrataciones públicas, ya que se aparentemente se han mezclado los intereses del Estado con intereses particulares", sostienen.

Millones a Islas Caimán. Una de las partes de la denuncia pone la lupa en la administración del fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal. Los diputados aportan nuevos datos en una causa contra el secretario Cameron y el ministro De Vido por irregularidades en el destino de una partida de 76 millones de dólares para el depósito en las Islas Caimán.

Los diputados de la Coalición Cívica quieren saber con qué objetivo se depositaron esos fondos en un banco del paraíso fiscal, algo que consideran como una "gravedad institucional", decidida por un funcionario público.

Así las cosas, expresan que "existen motivos suficientes para sospechar que Néstor Kirchner ha participado en la comisión de los delitos que hemos denunciado, consideramos oportuno que el juez proceda a citar a indagatoria al mencionado, a la brevedad, pudiendo hacerlo a pesar de haber sido electo en la última elección, si bien falta el escrutinio definitivo de la misma, en virtud de los establecido por la nuestra Constitución Nacional y por la Ley de Fueros 25.320".