En una de las audiencias públicas de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Morales se burló de los legisladores de la oposición porque pedían más tiempo para tratar la Ley de Servicios Audiovisuales. Según el relator y periodista, ésta podía ser estudiada por cualquier alumno secundario en un par de tardes. Algo parecido pensó evidentemente el oficialismo, que decidió darle al proyecto un tratamiento relámpago. En la misma audiencia en que Morales sugirió que los remolones simulaban no entender la ley para servir a los intereses del Grupo Clarín, intervino también el cineasta Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos entre de otros éxitos, quien solicitó una modificación del artículo 59 en nombre de la industria cinematográfica.

La ley contempla una serie de derechos y reivindicaciones para sectores hasta ahora ausentes o insuficientemente representados en los medios. Entre los favorecidos, junto con las cooperativas y los pueblos originarios, no podían faltar los productores cinematográficos, a cuya satisfacción está dedicado ese artículo 59, que propone una cuota de pantalla para la difusión de cine argentino en la televisión. Se establece así para los licenciatarios de televisión abierta o por suscripción la obligación de estrenar seis películas nacionales al año o, en su defecto, de lo que resulte de comprar derechos de antena por un valor equivalente al 0,5 por ciento de la facturación bruta de la empresa.

Como se indica en las notas al pie de página, los redactores de la ley acudieron a la eficaz legislación francesa en la materia, pero se perdieron un poco en las sutilezas de un sistema verdaderamente complejo y balanceado. Fue así que convirtieron esa obligación de difundir cine nacional en la obligación de producirlo. En efecto, nuestra futura Ley de Medios establece que esos largometrajes deberán ser adquiridos antes de comenzar su rodaje. Esto tiene menos que ver con una cuota de pantalla (que establecería un porcentaje de filmes nacionales en el total de películas programadas según criterio aplicado para la música nacional en la radio) que con un aporte de dinero que transforma de hecho a todos los licenciatarios en coproductores de películas argentinas. Es difícil hacer números dada la cantidad de variables en juego, pero un cálculo apresurado revela que sólo los cinco millones de abonados a la televisión por cable deberían aportar una cifra del orden de los cincuenta millones de pesos anuales. De hecho, si se agrega la televisión abierta, estaríamos hablando probablemente de más de cien millones.

Ahora bien, ya existe un fondo para producir películas argentinas: es el que establece la Ley 17.741, que fomenta la actividad cinematográfica mediante un impuesto cuya fuente más importante es la facturación por publicidad de las televisoras. Por ese motivo, resultaba lógico que quienes redactaron la ley excluyeran, como de hecho lo hicieron en un principio, “las obras audiovisuales que hubiesen obtenido los beneficios establecidos por la Ley 17.741”. Esa es la excepción que Campanella y otros colegas suyos trataron de corregir. Según se informó, lo han logrado y ahora no sólo aumentará considerablemente el dinero para la producción de cine, sino que los mismos proyectos podrán recibir dinero por las dos vías. Pero así como el INCAA tiene la obligación de subsidiar películas de acuerdo a sus valores artísticos (sea eso lo que fuere), no hay duda de que los ejecutivos de la televisión porteña o del cable de mi pueblo, puestos en la disyuntiva de invertir dinero en un guión, tenderán a elegir el producto que les asegure más rating.

¿No hay aquí una doble imposición o un impuesto camuflado? ¿No sería justo mantener la excepción y apuntar a una mayor diversidad? ¿Es lógico que los empresarios televisivos decidan qué cine se produce? ¿No es mejor usar ese dinero con fines educativos o culturales más amplios? ¿No se deberían compatibilizar las dos leyes que se ocupan del fomento cinematográfico? Esas y otras preguntas requerirían un debate mucho más profundo y mucho más prolongado de lo que supone el señor Morales y de lo que el oficialismo concedió. Y estamos hablando de un solo artículo, tal vez uno de los menos conflictivos entre los 157 que contiene la ley.

*Crítico de cine.