Cuando finalmente el ministro de Economía, Amado Boudou logre que desde Olivos le llegue el aval político que necesita, le dará la señal de largada a la revisión de rutina que el Fondo Monetario Internacional viene postergando desde hace varios años en la Argentina. El mismo ministro y el titular del BCRA, Martín Redrado acaban de asegurar en Estambul que lo técnico está casi todo acordado y que se necesita una señal de orden político para que el organismo actúe.

El caso es que el gobierno argentino quería saltar esa instancia tan crítica, porque aunque nunca se pensó en pedirle una línea de financiamiento al FMI, con los mercados cerrados hoy está claro que el país necesita como el agua retornar al mundo financiero para conseguir dinero fresco y ponerse a charlar con el Club de París y los bonistas en default. No hay país que acepte negociar sin el control de calidad de los deudores que puede aportar el Fondo y a ese control se remiten, mientras que en paralelo se aproxima un canje de bonos que le aportará al Tesoro argentino dinero fresco.

La burocracia del organismo ya ha explicado una y otra vez que no puede hacer diferencias en materia de auditorías obligatorias con nadie, ya que las mismas están previstas en los Estatutos (Artículo IV) y sería injusto que la Argentina no las recibiera y el resto de los países miembros sí.

Cuando el chileno Nicolás Eyzaguirre, hoy a cargo de la región en el FMI, dice que el país es "socio" del organismo lo que quiere significar es que, como en un club, la Argentina debe someterse a las mismas reglas que todos los demás y que no es viable una auditoría "light" que disimule parte de lo que ve.

Para enmarcar la cuestión, las autoridades argentinas están pidiendo que los informes sean efectuados por técnicos confiables y de perfil ultra bajo, mientras Boudou y Redrado siguen tratando de convencer al organismo que cuando lleguen por aquí no tomen contacto con el sector privado y mucho menos con la prensa y que todo se resuma en un Informe lo más confidencial posible.
Sin eufemismos, el problema político por el cual el gobierno argentino no quiere aún saber nada con esta inspección que va a mirar los números macroeconómicos, controlar las estadísticas públicas y monitorear la fuga de capitales no es lo que descubra, sino lo que se publique. No quieren que se destape la mentira del INDEC, pero mucho menos que se menee que el Gobierno está desesperado por cobijarse otra vez bajo el ala del FMI, porque aunque realmente lo necesita también como parte de un proceso de reinserción en el mundo, le cuesta mucho ideológicamente echarse atrás.

Además, lo que todos saben es que durante muchos años el gobierno argentino satanizó al "maldito" Fondo Monetario y que lo hizo culpable de todos los males habidos y por haber y que ahora no puede retroceder así por que sí. Una larga franja de su propia militancia también le haría gruesas demandas por este acercamiento que, además, es el correlato (o el precio) de pertenecer al G-20, foro donde Cristina Fernández firmó hace unos días una Declaración que pone nuevamente al Fondo en el centro de la escena, como supervisor estrella de la economía mundial.

La vieja obsesión kirchnerista del "relato" uniforme de los medios ha vuelto con todo en el caso del organismo para tratar de que se diga que es se trata de un "nuevo FMI" y que para nada es una agachada. En Olivos, todavía creen que el oficialismo perdió las últimas elecciones debido a la prensa, aunque el caso Santa Cruz no es utilizado como ejemplo, porque allí perdieron los Kirchner, pese a tener los medios a favor.

También se critica al periodismo con cierta furia porque se dice que nunca ha reflejado como se debe el análisis oficial de que el problema del 28 de junio fue que los que no votaron al Gobierno saltaron a otras corrientes de izquierda, por lo que para la concepción oficial, para resurgir sólo se trataría de recuperar esos votos que migraron. En todo caso, si se intuye que la vuelta al FMI es la "derechización" del modelo, se hará más difícil esa remontada.

A varias puntas, entonces, es muy delicado para los Kirchner que los titulares reflejen algo diferente a aquellos que quiere transmitir el discurso oficial. En todo caso, si hay que tapar el Sol con las manos, "que sean las nuestras", se suele decir en algunos despachos oficiales y si se publican sin filtro las opiniones de los auditores, es evidente que estarán en problemas. Por último, y aunque los funcionarios del Fondo convengan un pacto de silencio, ¿cómo harán para que la prensa nacional e internacional no se interese? Si por el Gobierno fuese, le aplicarían una Ley de Medios especial al mismísimo FMI y todos en paz.

(*) Agencia DYN