Es imposible predecir las consecuencias que tendrá la ley que aprobó ayer el Senado. Existen tantas posibilidades de estar frente a una explosión expansiva mediática similar a un Big Bang como a su opuesto, un Big Crunch: el momento del colapso final donde la expansión se frena, comprime, condensa y destruye toda la materia. Como con el origen y el fin del universo, nadie puede estar seguro de lo que sabe.
Primero, nadie sabe si se cumplirá con la ley, ya sea porque los juicios y amparos que interpongan aquellos que deban desinvertir atrasen su aplicación casi hasta el infinito o hasta que un nuevo gobierno acepte modificar esta ley en beneficio de los amparantes (se descuentan otras modificaciones), o porque a través de testaferros o acuerdos estratégicos también quienes tengan que desinvertir terminen no desinvirtiendo realmente.
Ya sin amparos judiciales, y a pesar de que la ley aprobada ayer salió sin posponer los plazos de desinversión, el cronograma que asume el propio Gobierno (ver página 22) es: para diciembre 2009/enero 2010 tener reglamentada la ley, para abril/mayo de 2010 tener conformada la autoridad de aplicación, para agosto de 2011 tener cursadas todas las órdenes de desinversión, y recién para agosto de 2012, que se produzcan las desinversiones efectivas.
El cronograma oficial materializa las desinversiones casi un año después de las elecciones presidenciales de 2011. ¿Significa esto que Kirchner todavía quiere tener la posibilidad, antes de las elecciones y dependiendo de cuál sea el contexto, de negociar con el Grupo Clarín aplicaciones más benévolas de la Ley de Medios a cambio de mejor tratamiento en el momento de los votos? Tanto la historia de Kirchner como la de Clarín muestran que no tienen convicciones sino conveniencias. Y muchas veces pactaron con su adversario o se enemistaron con su mayor aliado.
De la misma forma que Kirchner utilizó ideales progresistas para enmascarar sus intereses, Clarín utilizó ideales periodísticos para enmascarar los suyos. Ambos se caracterizaron por usar un ataque a muerte no para matar sino para negociar en una posición de mayor fortaleza.
Refuerza esa hipótesis el hecho de que Gabriel Mariotto, del Comfer, ya les habría confirmado a los seis presidentes de los principales clubes de fútbol que el Gobierno estudia volver con algunos partidos al cable de forma paga porque el mercado publicitario no permite cubrir los 600 millones que le paga a la AFA por año. Otra vez, nadie sabe hacia dónde derivará lo que hoy parece tener cierta dirección.
Segundo, suponiendo que la ley llevase a la práctica lo que prescribe, ¿cómo cambiará el universo mediático argentino? ¿Habrá una peor televisión abierta cuando los canales de aire pasen a ser comprados por empresarios sin experiencia audiovisual? Los canales de noticias, al no ser nacionales ni gozar de una posición privilegiada en el dial, y no estar operados por multimedios con los cuales repartir costos operativos, ¿perderán la importancia que cobraron los últimos dos años y su significancia se parecerá a la menor que tienen en la mayoría de países?
¿Cumplirá su amenaza de irse del país DirectTV porque la televisión satelital no tiene forma de programar tantas señales diferentes para cada provincia? Al ponerse a la venta activos de algunos miles de millones de dólares sólo con casi la mitad de Cablevisión/Multicanal y en menor medida Canal 13 y Telefe, y al no haber interés internacional por invertir en la Argentina, sumado al tope máximo del 30%, ¿volverán a invertir los empresarios argentinos que vendieron su empresas y cuentan con varias centenas de millones de dólares como, por ejemplo, Eurnekian (Cablevisión), Roman (puerto), Liberman (VCC), Pérez Companc (Pecom), Fortabat (Loma Negra), Miguens (Quilmes), Grunensein (Astra) y tantos otros apellidos notorios? De hecho, los primeros dos son principales candidatos para la compra de las acciones de Telecom Argentina que venderá Telecom Italia, porque no hay tantos argentinos con ese volumen de dinero en el banco disponible para invertir y pareciera que no alcanza con Cristóbal López, Lázaro Báez, Rudy Ulloa o Electroingeniería siquiera para la mitad de Telecom.

¿El Big Bang o Big Crunch acelerará o retardará el achique de la televisión abierta frente a Internet –como en su momento le pasó a la radio frente a la TV– y la migración de la audiencia del entretenimiento y los anunciantes hacia la Web? ¿Habrá triple play en gran escala y llegará la banda ancha a tantos hogares como hoy llega la televisión por cable antes de que el presidente que suceda a Cristina Kirchner termine su mandato, o a las inhibiciones económicas que ya tienen las empresas de telecomunicación para realizar grandes inversiones en la Argentina, por la escala de mercado y los bajos sueldos de los consumidores, se agrega ahora el mayor riesgo jurídico que les genera la nueva Ley de Medios y hoy suspiran aliviados de que no les permitieron el triple play porque si pudieran hacerlo no sabrían si contarían con fondos propios o financiados para instrumentarlo?
¿En las grandes ciudades que llegaran a tener 100% de cobertura de banda ancha e Internet inalámbrica, florecerán las radios por Internet (en Estados Unidos prevén los autos del futuro cercano sin radios pero con computadora)?
Al tener la continua presión del Estado a través del órgano de aplicación de la nueva Ley de Medios, que con mala predisposición podría encontrar excusas para cancelar o no renovar licencias, ¿preferirán los canales de televisión abierta, para no correr riesgos, eliminar los programas periodísticos y hasta los noticieros, como hizo Telefe en la última etapa de Yankelevich, y concentrarse en la ficción y el entretenimiento? ¿Harían lo mismo muchas radios eliminando los contenidos políticos y pasando más música?
Esa misma fragilización del derecho de propiedad sobre medios audiovisuales que dispone la nueva ley, además de bajar el valor de venta de todos los medios regulados por el Estado, ¿hará que también bajen las inversiones en reequipamiento tecnológico de quienes sean sus futuros dueños porque el período de amortización de esos equipos  siempre sería mayor que el del próximo examen del organismo de revisión del Estado y la calidad técnica de la televisión argentina quedaría aún más retrasada de lo que ya viene estando?
Así como la música tuvo que reinventarse por los ingresos por venta de CD, decayó hasta hacer desaparecer a la mayoría de las cadenas de ventas de discos y los artistas compensaron realizando más shows que antes, sumado a la aparición de los sponsors, ¿podrá el negocio del entretenimiento reinventar otras fuentes alternativas que pudieran paliar aquellas que esta nueva ley, consciente o inconscientemente, perjudique?
Si la torta publicitaria no alcanza hoy para rentabilizar  a los medios comerciales existentes y los dos tercios del espectro que quedará en manos de medios no comerciales serán financiados, directa o indirectamente, por el Estado, el presupuesto de publicidad oficial debería aumentar de los más de mil millones de pesos anuales actuales a por ejemplo cinco mil millones, ¿podría moralmente sostenerse invertir en publicidad oficial y subsidios a una megacadena de medios oficiales y públicos el equivalente al 2% del gasto público total y una inversión similar a lo que el Estado destina al Ministerio de Salud: $ 5.665 millones?

Cuando algún gobierno no cuente con los recursos para subsidiar y mantener esa cadena de medios públicos no oficiales, ¿esas licencias terminarán alquiladas, entregadas en usufructo, explotadas a través de un fideicomiso o cualquier otra forma de lograr que empresas cuyo fin originario era ser sin fines de lucro terminen siendo explotadas con fines comerciales? Al ser cooperativas, fundaciones y distintas personas jurídicas que pagan menos impuestos o están desgravadas, ¿no terminarán en manos de inescrupulosos que se animen a caminar por el borde de la ley y, al pagar ellos costos menores que las empresas comerciales, arrastren a éstas a prácticas también poco transparentes sin las cuales no podrían competir?
 Suponiendo que fuera posible para el Estado gastar 5 mil millones de pesos en publicidad oficial por año porque   la soja siguiera subiendo y tuviéramos gobiernos con tanto superávit que pudieran darse ese lujo, ¿no se modificaría la naturaleza de la profesión periodística cuando, al crearse miles de nuevos puestos de trabajo en los medios no comerciales, una mayoritaria cantidad de periodistas pasaran a ser empleados públicos?
¿Aunque cuantitativamente mayor, una cualitativamente más pobre oferta audiovisual     generará una mayor demanda de productos impresos, como sucedió y todavía sucede en Europa, donde la TV comercial fue proporcionalmente menos desarrollada y los diarios y revistas llegan a un porcentaje mayor del total de la sociedad, o la pérdida sostenida y creciente de lectores hará que la decadencia de la gráfica apenas aplane su curva de caída pero continúe su línea descendente?
Y antes de perseguir cualquier futuro objeto democratizador de la ley, el actual órgano de aplicación, que no hubiera necesitado para ello ninguna ley, ¿no debería comenzar por reparar el error de haber desplazado al número quince del dial al Canal 7, el canal oficial nacional y más importante del país, cuando se decidió colocar todos los canales de noticias entre el número dos y el siete? Paralelamente, ¿no debería revisar los sueldos de los directivos del Canal 7 y el de algunos de sus contratados que en repetidos casos son de varias decenas de miles de pesos y en algunos superiores a los de la televisión privada?

Otra área de la comunicación que será seriamente afectada es, nada menos, la que sustenta la comunicación gratuita: la publicidad. La nueva ley limita la utilización de comerciales grabados en el exterior y existe un terror en las agencias y productoras porque, con sueldos bajos y un enorme talento, Argentina es una gran exportadora de comerciales que se vienen a filmar a nuestro país para aprovechar estas ventajas. Es mucho más lo que exportamos que lo que importamos en realización de avisos, y se teme que otros países coloquen trabas similares a la que puso internamente Argentina como represalia.
Así se podría seguir con dudas de envergadura menor pero que igualmente tendrían efecto sobre todas las alternativas aquí expuestas, volviendo a crear nuevas alternativas. En la ex Unión Soviética, el área del servicio público que gozaba de mayor prestigio, presupuesto y cantidad de personal altamente calificado era la Gozplan, lo que podríamos traducir como Ministerio de Planeamiento. En varias manzanas del centro de Moscú se concentraban decenas de moles de cemento de arquitectura leninista, donde trabajaban decenas de miles de matemáticos tratando de planificar toda la economía. Al carecer de mercado, era el Estado el que debía hacer fabricar más tela roja cuando las mujeres en las tiendas mostraban preferencia por la ropa de ese color y se agotaban los vestidos rojos y quedaban sin usar los de otro color. Cuando subía la demanda de aluminio y la producción no podía satisfacerla, tenía que ordenar que más productos se fabricaran con otro metal hasta equilibrar los flujos.
A pesar de contar con la mayor cantidad de premios Nobel de Matemática, fue imposible: la Gozplan siempre llegaba tarde porque por más cálculo y experiencia es imposible prever el futuro y las decisiones descentralizadas siempre son más veloces que las centralizadas. Tampoco el sistema de medios controlados por el Partido Comunista ruso pudo impedir el colapso de la ex Unión Soviética.
El Gobierno no puede predecir los efectos de la ley que acaba de promover. Deportivamente, sólo quería torcerle el brazo a Clarín y hacer una demostración de fuerza pero no sabe si será beneficiado o perjudicado por el propio sistema que pretende instaurar. Nadie lo podría saber porque las consecuencias son de gran magnitud, e interactuarían unas con otras y de manera distinta si, por ejemplo, el poder adquisitivo de los argentinos fuera en los próximos años el actual u otro mayor o menor.
Hay quienes pueden pensar que el título de esta columna es una ingenuidad porque no habrá ni Big Bang ni Big Crunch, sino que seguirá todo más o menos igual. Quizá la mirada cínica sea siempre la más apropiada para leer la realidad nacional.

Es tanto el resentimiento que la clase política demostró sentir no sólo por Clarín sino por el periodismo en su conjunto, tanta la ignorancia que los senadores reflejaron en su debate sobre el funcionamiento de los medios y lo que estaban legislando, que todos los periodistas, aun los más críticos de Clarín, deben haber reflexionado después que un frío corriera por su espalda. No estaban sólo Clarín y su abuso de posición dominante en el banquillo de los acusados sino, por momentos, todo el periodismo. D’Elía y los bonaerenses de Ishii que manifestaban fuera del Congreso por momentos fueron menos rencorosos que muchos legisladores.
Nadie se salvó. La marcha de De Angeli, el rabino Bergman y Castells dos días antes también frente al Congreso, pero en contra de ley, fue aún más patética. Era obvio: para la sociedad, la Ley de Medios no tuvo el interés que despertó el conflicto del campo.
Muchos senadores, cada vez que la verdad comprometía su ideología, se escapaban de ella: “Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”, decía Otto von Bismarck.
Una cosa son las leyes y otra implementarlas, incluso aquellas en las que todos coinciden, como por ejemplo el colegio secundario obligatorio.
Siempre ha sido más fácil hacer leyes que gobernar.