Pasadas las 24 horas, las organizaciones sociales continúan apostadas sobre la 9 de Julio, tras el fracaso de la mediación del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En ese contexto, la fiscalía porteña abrió una causa contra los piqueteros que cortan la avenida más importante del país.

El expediente fue abierto por infracción al artículo 78 del Código Contravencional, que impide el corte de calles sin autorización previa. La norma castiga a quien "impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos" sin pedir permiso con uno a cinco días de trabajo comunitario y multa de $200 pesos a $1.000.

Mediación fallida. El premio Nobel de la Paz se ofreció esta jornada como mediador en el conflicto que mantiene cortada la 9 de Julio. Luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, el arquitecto aseguró que "el conflicto no se destrabó", por lo que continúa el piquete.

Por su parte, lejos de calmar los ánimos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, volvió a acusar a la administración Fernández de Kirchner por no desalojar el corte frente al Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, el líder del PRO condenó la existencia de "internismos estúpidos".

"Hay que lograr cambiar la forma en que se realizan las protestas, esto no va más, no se aguanta más, la gente tiene derecho a circular libremente", consideró Macri, quien, sin embargo, nada dijo sobre el reclamo de las organizaciones sociales. "La decisión" de desactivar la manifestación "la tiene que tomar el gobierno nacional", agregó, desvinculándse del tema.

Las organizaciones. Mientras tanto el Frente Territorial 26 de Julio, el denominado Grupo de las "efe" y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones (todas críticas del gobierno K), mantienen sus pedidos por planes sociales. A su vez reclaman por "trabajo genuino" y no cooperativas, tal como anunció meses atrás Cristina Fernández.