Para un dirigente político no debe haber peor imputación que el delito contemplado en el art. 29 de la Constitución Nacional, que es el que lleva el título de esta columna.

Corrían los días finales de noviembre del año 2001 y la economía argentina agonizaba. La entonces diputada nacional por el Chaco, Elisa Carrió, de la flamante agrupación Argentinos por una República de Iguales, acusaba a la ministra de Trabajo de la Nación, Patricia Bullrich, de “infame traidora a la Patria” y de integrar una asociación ilícita junto a Fernando de la Rúa y los demás integrantes del gobierno de la Alianza. El motivo: la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 1390, por el cual “a cambio de mejores tasas de interés el Gobierno nacional garantizaría el pago de los bonos de la deuda con la recaudación, incluso antes de asegurar la liquidación de jubilaciones y salarios de la administración pública”.

Basta leer la denuncia de Carrió para encontrar calificativos pocas veces vistos al dirigirse a un adversario político. Es más, en esos días corrieron ríos de tinta respecto a esta denuncia que llevó a cabo junto a los entonces diputados Mario Cafiero y Alfredo Bravo.

Sin embargo, hace dos años, sin pedir perdón en público, sin explicar absolutamente nada, con la causa judicial todavía abierta, Elisa Carrió propone al electorado de la Ciudad de Buenos Aires a Patricia Bullrich como su mejor opción para diputada nacional, la misma persona que había acusado de integrar una asociación ilícita y de cometer infame traición a la Patria.

Por defender esta decisión no tuvo reparos en que se fuera la mitad de los diputados del bloque de su agrupación. Denostó a Macaluse, Raimundi, Delia Bisutti y compañía como si fueran sus enemigos. La flamente incorporación se transformó en la principal operadora de las decisiones de la “jefa”, según los diarios de esta época.

En esta semana, con la misma liviandad con que tomó las decisiones que comentamos precedentemente, Elisa Carrió, en una jugada que tiene por objeto sólo el rebote mediático y diferenciarse de sus aliados radicales y socialistas para demostrar que es la más opositora al gobierno de Cristina Fernández, denuncia una “inusitada escalada de violencia” mandando cartas a las embajadas y a la Organización de Estados Americanos. Esta actitud no puede ser más irresponsable con la Argentina. Se funda en el escrache recibido por el senador Gerardo Morales en Jujuy y en la supuesta injerencia del ex presidente Néstor Kirchner en la acción del Gobierno.

Respecto a la repudiable acción violenta recibida por Morales y Leandro Despuy, sería bueno que la Sra. aclarara y le pidiera disculpas a Milagro Sala, la dirigente de la agrupación Túpac Amaru señalada por Morales, ya que quien reconoció haber llevado a cabo este lamentable acto fue Omar Romano, de la agrupación Movimiento de Campesinos de Jujuy. Nada de esto mereció aclaración por parte de los integrantes del Acuerdo Cívico y Social.

El segundo argumento de la epístola es sobre la influencia de Néstor Kirchner en el Gobierno nacional. ¿Será por las últimas leyes votadas después de la elección del 28 de junio? Las mismas fueron aprobadas por una mayoría de legisladores muy superior a la necesaria e incluso por sus aliados socialistas.

Denostar la imagen del país en el exterior sólo para dirimir internas partidarias es de una irresponsabilidad tan grande como la de señalar ayer de traidora a quien hoy es su incondicional aliada. Sólo que esta vez se está jugando con cosas que no tienen repuesto. De ser infundadas las denuncias que se llevan adelante, deberían llevar acarreadas la misma acusación que se imputa: infame traición a la Patria.

*Ex jefe de Gabinete de la Cancillería.