La denuncia sorprendió a todos. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, se presentó ante la Justicia y afirmó que agentes de la Policía Bonaerense intentaban desestabilizar al gobernador Daniel Scioli, al instigar crímenes violentos. Se refería a los homicidios de Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro, asesinadas en situaciones de robo en localidades sureñas del conurbano bonaerense, entre el 18 de noviembre y el 6 de diciembre.

El funcionario apuntaba contra la División de Prevención del Delito Automotor que, según dijo, se habría visto perjudicada por una reforma que anunció en ese sector apenas dos días antes del primer crímen. El 16 de noviembre el comisario Mariano Andrade, a cargo de Delito Automotor, fue transferido como director de la DDI de Mercedes, en medio de sospechas sobre su desempeño.

"Esos movimientos habrían causado la animosidad de un sector de la Bonaerense y a partir de ese momento habría comenzado esta escalada", explicó a Perfil.com Ricardo Ragendorfer, periodista especializado en policiales y autor de "La Bonaerense", una investigación sobre el lado oscuro de la fuerza más cuestionada del país.

Los crímenes bien podrían ser un mensaje al gobierno bonaerense, algo que ya sufrieron varios de los funcionarios que, desde la época de Alfonsín, quisieron intervenir en la fuerza provincial. Sería la primera vez que apuntan contra Stornelli, quien hasta ahora no había tenido problemas con los "patas negras", como se conoce a los agentes de la Policía Bonaerense.

"Stornelli les había dado todo: restauró una serie de atribuciones que la Bonaerense tuvo en sus peores épocas y que se les habían quitado con Arslanián. El Código Contravencional era la frutilla del postre", relató el exprimentado periodista. León Arslanián, ministro de Seguridad durante el gobierno de Felipe Solá, había encarado una reforma que tenía como objetivo "afectar la estructura de la recaudación policial", afirmó Ragendorfer.

El modus operandi. Según relata en su libro, las comisarías recaudaban dinero de diversas formas non-sanctas para cubrir el bache presupuestario, y parte de esos fondos ascienden a la cúpula policial "y de ahí al poder político". El ministro actual había revertido muchos de esos cambios, lo que le ganó el favor de la Bonaerense. Pero el intento de reformar la División Automotor habría motivado a los policías a hacer conocer su descontento.

"El hecho de utilizar menores, dándoles tal vez la directiva de que cometan hechos violentos, junto con la liberación de zonas, es la forma que tiene la Policía Bonaerense de graduar la sensación térmica de la inseguridad", aseguró el periodista. "Ellos le llaman 'poner palanca en boludo'. Los medios hablan de eso y lejos de apuntar a la policía, apuntan al poder político", agregó.

Ragendorfer cree que otra de las manifestaciones de las amenazas policiales fue la profanación del cementerio judío de Liniers, ocurrida el pasado 8 de diciembre. "Es un clásico modo en que La Bonaerense manda sus mensajes al poder político. Profanar cementerios judíos pero sin pintadas nazis es un indicio de la autoría policial", explicó.

Consultado sobre si la investigación del caso Pomar -cuestionada por demorar 24 días en encontrar un auto al costado de la ruta provincial 31- podría formar parte del desgaste policial sobre el gobierno bonaerense, el periodista opinó que "fue lisa y llana ineficiencia".

Para el cronista, el ministro busca resolver el problema judicialmente, "lo cual es practicamente imposible", y darle estado público a su situación: "La denuncia de Stornelli es tal vez un pedido de auxilio, la manifestación de que la cosa se le fue de las manos, que no lo puede resolver por los canales institucionales normales".

(*) de la redacción de Perfil.com