La autonomía del Banco Central fue establecida por ley en 1995. Por dicha norma, el Directorio de la institución tiene estabilidad por siete años. Lo nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La remoción, sólo puede ser realizada por el mismo Congreso.
Ahora, el pedido de renuncia de Redrado, si bien está originado en sus reparos frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Ejecutivo se permite usar reservas para pagar deuda, se inserta en un conflicto político-institucional.
Es que durante seis años y medio el kirchnerismo ha ejercido el poder con notoria prevalencia del Ejecutivo, generándose una suerte de hiperpresidencialismo, a costa de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial.
Esto ha comenzado a cambiar en las últimas semanas, tanto con la asunción de los nuevos legisladores, como por fallos de la justicia, que en algunos casos - no todos-, comienzan a ser más independientes.
La oposición, tanto en el Congreso como en la justicia, ha cuestionado el uso de las reservas para pagar deuda sin una ley que lo autorice. Podría suceder, que un fallo judicial declare inválido dicho Decreto. Ello puede ser ahora o en el futuro, cuando probablemente declinará aún más el poder kirchnerista.
Martín Redrado dice no a esta intromisión del Ejecutivo sobre la autonomía de la institución que
preside y en ello tiene razón y fundamento. Pero se trata de un técnico con olfato político que
supo navegar por las aguas de tres gobiernos peronistas en distintas funciones:
los de Menem, Duhalde y Kirchner. En septiembre vence su plazo como Presidente del
Banco Central y es probable que el oficialismo decidiera no renovar su mandato. Además,
puede haber considerado que la declinación del poder de Kirchner le hacía conveniente no dejar el
gobierno en este momento y entonces se decidió a enfrentarlo.
Pero más allá del contexto político,
la actitud de Redrado del Banco Central en este momento implica para la Argentina
una nueva violación de las reglas de juego, en momentos que el país puede
reactivar su economía y tiene por delante el canje de la deuda que resta en default. Además, dará
más fuerza a la oposición, para reclamar tanto en el Congreso como en la justicia, contra el DNU de
Cristina Kirchner que le permite usar reservas para pagar deuda.
Nuevamente, Kirchner, por acumular poder,
sacrifica institucionalidad como lo ha venido haciendo.
* Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
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