Las críticas al Gobierno de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli -que apuntó sus dardos contra el matrimonio Kirchner por el escándalo de los dos millones de dólares- coincidieron con la decisión de la Cámara Federal porteña de desestimar dos recursos ante de Cámara de Casación que había presentado la defensa de ex funcionaria, ya procesada por el escándalo del llamado "bañogate", por el cual buscaba postergar que su caso llegara a juicio oral.

De esta manera, quedó firme la decisión de que Miceli enfrente el juicio oral y público por "el encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo".

Miceli había pedido la inconstitucionalidad de una norma del Código Procesal Penal, que establece que la existencia de recursos pendientes de resolución ante los tribunales superiores " en ningún caso impedirá la elevación a juicio de las actuaciones".

En otro escrito paralelo, la ex titular de Economía pidió se declare la nulidad de los elementos de prueba colectados por orden de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y del fiscal del caso, Guillermo Marijuán, previo a legitimar pasivamente a la imputada en el proceso.

Concretamente, cuestionó que no haya participado de la producción de esas medidas, en particular, de varias declaraciones testimoniales prestadas ante la parte acusadora. Ello, a su criterio, constituía una afectación a su derecho de defensa.

Sin embargo, la Cámara Federal ya había desestimado las apelaciones y ahora tampoco le hizo lugar a la defensa a elevar el caso a Casación porque -se subrayó- "no son sentencias definitivas ni ponen fin al proceso y, por lo tanto, no son susceptibles" de ser analizadas en esa instancia penal.

Miceli, ex ministra y hoy asesora contable de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Jefa del Departamento de Economía de su Universidad, quedó imputada judicialmente cuando el 5 de junio de 2007 dos efectivos de la división Explosivos de la policía realizaron un control de rutina en el baño de su despacho del Ministerio de Economía: allí encontraron un paquete termosellado con $ 100.000 y una bolsa de madera con U$S 31.670. Un mes después, el 16 de julio, el fiscal Marijuán pidió que sea citada a declaración indagatoria, por lo que la funcionaria renunció a su cargo.

Fuente: DyN