Si bien desde la Justicia aseguran que no hay un ánimo de venganza contra el gobierno de Cristina Kirchner por sus constantes acusaciones, la Corte Suprema resolvería que el Poder Ejecutivo no puede utilizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) cuando quiera esquivar la intervención del Congreso. El máximo tribunal manifestará que son de carácter excepcionalísimo y que están sujetos al control de la Justicia.

Según informó La Nación en base a altas fuentes de la Corte Suprema, éste es el núcleo central de dos fallos que prepara el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti y que se conocerán en no más de un mes.

Hasta el momento esta estrategia tiene el respaldo de cuatro de los siete jueces. Desde los pasillos judiciales afirman que esas sentencias establecerán una interpretación restrictiva de la atribución presidencial, de acuerdo con lo que surge del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN), también de un fallo de la Corte dictado en 1998. Para evitar la polémica, desde la Corte adelantaron que se estudia el tema desde el año pasado. 

Al igual que la Corte, la oposición en la Cámara de Diputados, que hoy tiene mayoría, intentará aprobar un dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales para reformar la norma actualmente vigente y reglamentar las atribuciones presidenciales.

Justo ahora. No es un momento más para que la Corte estudie limitar el uso de DNU por parte del Poder Ejecutivo. La polémica comenzó cuando en diciembre pasado Cristina emitió un decreto para usar reservas del Banco Central para pagar deuda. En la apertura de las sesiones legislativas, anunció la derogación de ese decreto, pero anunció la creación de uno nuevo, con el mismo fin.

Antes sí, ahora no. Cuando era senadora nacional, Cristina siempre fue crítica de la facilidad para dictar DNU por parte del Ejecutivo (Menem emitió 600 en 10 años). Pero en 2006, cuando su marido, Néstor Kirchner, ejercía la presidencia, impulsó la aprobación de la ley 26.122, que apoya esta facultad.

Esta ley estableció que un DNU mantiene vigencia salvo que ambas cámaras lo deroguen expresamente. De esta manera, el DNU y la ley quedaron virtualmente equiparados, porque es tan difícil derogar un DNU como sancionar una ley.