El presidente uruguayo José Mujica se reunió por primera vez este martes con las jerarquías de las Fuerzas Armadas, en un encuentro rodeado de expectativa por su pasado como jefe guerrillero en que se refirió, entre otros temas, a una mejora salarial para los militares. Pese a que Mujica, ex líder de la guerrilla tupamara, ha mantenido silencio sobre el contenido de su mensaje, reconoció "la postergación salarial" en las fuerzas militares, según se pudo escuchar antes de que la prensa fuera alejada. La cita se llevó a cabo en Durazno (a 180 km al norte de Montevideo).

Asimismo, la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, dijo en declaraciones radiales que uno de los temas previstos era pedir a la oficialidad "apoyo" para la puesta en marcha de un plan de emergencia de vivienda. Por otra parte, se esperaba que en el encuentro, que tuvo lugar la Base Aérea N 2 de Santa Bernardina, en Durazno (centro), el mandatario diera "una señal" sobre su política de derechos humanos y dejara en claro que carece de espíritu de venganza pese a su pasado guerrillero.

De hecho, al investir a su ministro de Defensa el 2 de marzo, un día después de asumir la nueva magistratura, Mujica envió un mensaje conciliador a las Fuerzas Armadas, al señalar que éstas "son imprescindibles" para la construcción del país, en tanto instó "a no vivir de la nostalgia". Mujica, que colocó al ex tupamaro Luis Rosadilla al frente de la cartera de Defensa, dijo que "cada cual tendrá que cargar con su mochila, pero las mochilas no son ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir". El presidente, que desde 1972 -tras la derrota militar de la guerrilla- fue preso político de la dictadura (1973-1985) hasta su liberación junto a otros compañeros en 1985 en el marco de una amnistía, se ha pronunciado a favor de liberar o remitir en arresto domiciliario a los "viejos" mayores de 70 años, entre ellos los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Durante el pasado gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), la justicia condenó a ocho ex represores -alguno de ellos mayor de 70 años- y a los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976), de 81 años, y Gregorio Alvarez (1981-1985), de 84, por ese tipo de delitos. Los procesos y condenas se dieron en el marco de la Ley de Caducidad, que obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones a los derechos humanos pueden ser juzgados. La dictadura dejó 38 desaparecidos en Uruguay, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la Comisión para la Paz creada en 2000.

Fuente: AFP