La Cámara Baja aprobó esta madrugada, nuevamente, el proyecto de ley de protección de glaciares. Fue luego que la oposición rechazara un pedido de postergación de 15 días hecho por el kirchnerismo, y un día después de un principio de acuerdo entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el senador K Daniel Filmus, autores de sendas iniciativas sobre esa compleja temática ambiental que mezcla reclamos de provincias mineras e intereses de multinacionales como la canadiense Barrick Gold.

La votación se resolvió por 129 votos a favor y 86 en contra. Apoyaron el proyecto la Coalición Cívica, la UCR, GEN, Peronismo Federal, Forja, Nuevo Encuentro, SI, Proyecto Sur y Movimiento Popular Neuquino. El PRO apoyó la votación en general, pero anticipó que coincidiría con el kirchnerismo respecto al area periglacial. Cuando la oposición festejaba la victoria en la votación en general, Agustin Rossi ordenó a la bancada del oficialismo que se retirara y, sin quórum, no pudo avanzarse en la votación en particular.

Al inicio de la sesión y luego de varios cabildeos entre opositores y oficialistas para llegar a un acuerdo, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, pidió una prórroga "por 15 días, para la primera semana de agosto", el tratamiento de la norma, que ya tenía media sanción del Senado, y cuya sanción unánime del Congreso había sido vetada por la presidenta Cristina Fernández en noviembre de 2008, a pedido de los gobernadores de las provincias mineras.

Rossi adujo que el acuerdo Filmus-Bonnasso, quien retomó el proyecto inicial de la ex diputada  Marta Maffei, fue alcanzado "la noche del martes" (por ayer) y que la mayoría de los diputados del oficialismo apenas habían tomado contacto con la iniciativa, al tiempo que recordó que, de aprobarse con los cambios consensuados, "tampoco se convierte en ley porque modifica el proyecto del Senado".

Pero Bonasso rechazó de plano el pedido del oficialismo al sostener que "hace tres años que esta ley está en danza" y porque "los diputados de San Juan necesitan tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no le vamos a dar tiempo". Tuvo, además, duras críticas para el veto presidencial de 2008, la foto de días atrás de la presidenta con los gobernadores de las provincias cordilleranas y empresarios de la empresa minera Barrick Gold, así como para el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano el senador César Gioja, a quienes vinculó con los intereses de la empresa minera.

El primer tramo del debate se centró en el pedido de prórroga del tratamiento, que fue rechazado por el macrista Federico Pinedo, aunque reconoció en un principio estar de acuerdo y dijo tener cuestionamientos al proyecto, igual que el peronista disidente salteño Marcelo López Arias (cuestionó la definición de área periglacial como muy amplia y que puede afectar la actividad).

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que, con el pedido del bloque K, era "evidente el lobby de la Barrick Gold" y afirmó que "los que pidieron la postergación del debate fueron todos diputados del PJ de San Juan". El líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, acusó de los hermanos Gioja de ser "personeros de la Barrick Gold".

La sorpresa la dio el radical del Frente Cívico de Catamarca Raúl Paroli, que pese a ser del núcleo anti-K pero de un provincia minera, respaldó el pedido de Rossi al señalar que había "sido sorprendido por este acuerdo", aunque aclaró que "no soy  socio ni tengo ninguna participación de la Barrick no sé cuanto".

El sanjuanino Gioja acusó a la oposición de actuar con "hablar estupideces y actuar con virulencia,  grosería y soberbia", a la vez que defendió la actividad minera en su provincia, aseverando que en ella "no se consume un gramo de agua". "Se usa el agua, se clarifica y vuelve al río", fue su curiosa explicación, a contrapelo de las voces opositoras que aseguran que la actividad minera de la Barrick demanda 80 millones de litros de agua diarios.

El proyecto establece los presupuesto mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, donde se establece un sistema de evolución del impacto ambiental de la actividad y otro de infracciones y sanciones para el caso de contaminación, entre otros aspectos.