El Gobierno, en especial el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, niega y desmiente en cada ocasión la crisis energética. Pero lo cierto es que la falta de combustible obligó a buscar alternativas, y la salvación fue el fueloil, una fracción residual que se obtiene durante la extracción del petróleo. Argentina pagó 1.100 millones de dólares por esta substancia proveniente de Venezuela en los últimos cinco años.

El problema con este combustible es que posee una cantidad elevada de azufre que -al entrar en combustión- libera ácido sulfúrico, uno de los factores que provoca la llamada "lluvia ácida". Por eso, en nuestro está prohibido el uso de materiales que contengan azufre en proporción mayor al 1%, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de Energía de 2008 (hasta entonces el límite era 1,4%).

La importadora del fueloil venezolano fue la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), integrada por generadores, distribuidores y usuarios del sector, y presidida por De Vido. Los embarques de las importaciones quedaron asentados en los archivos de la Dirección General de Aduanas (DGA), donde consta que el fueloil importado estaba etiquetado con el código "NA00", utilizado para el combustible con 2% o más de azufre, es decir, que superaba el límite permitido por la Secretaría de Energía, informó el diario La Nación .

El subdirector general de Control Aduanero, Silvio Minisini, dijo al matutino que ese código no implica necesariamente que el combustible supere el límite permitido de azufre, sino que se utiliza cuando el despachante de aduanas que rellenó el formulario "ignora" el contenido.

Entre otras irregularidades, el código de país del combustible importado es el 998, que representa "indefinido" (a pesar de que proviene de Venezuela), lo cual dificulta calcular los costos del transporte de la mercadería. Además, la DGA asegura que la calidad del combustible se controla desde el el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Pero en este organismo sólo citaron una docena de análisis, que -aseguran- dieron por debajo del 1%, y se negaron a entregar al matutino una copia de los mismos.

Si se comprueba que el combustible no cumplía con los requerimientos, la importadora podría ser multada con una suma de 1 a 5 veces el valor de la mercadería, por "declaración inexacta". Pero el presunto error puede transformarse, además, en delito de contrabando si se verifica que la declaración fue incorrecta intencionalmente.