La venta de la mina de oro de Cerro Negro, en Santa Cruz, a la gigante minera GoldCorp en 3.400 millones de dólares ya genera repercusiones en la provincia del matrimonio Kirchner, donde casi nadie estaba alertado de la multimillonaria operación financiera. La Coalición Cívica-ARI, de Elisa Carrió, presidida por Mariana Zuvik, emitió un duro comunicado en el que se desnudan varios de los puntos débiles de la política minera santacruceña y denuncian que son “inquilinos” en su propia casa.

“Nuestra Provincia está siendo vaciada por un modelo de gobierno que de forma sistemática entrega la soberanía de nuestros recursos”, afirma el escrito en el que denuncian políticas de saqueo a favor de multinacionales. Los referentes de Carrió afirman que la sobreexplotación, contaminación y descontrol reinan en cada emprendimiento minero. “Nos encontramos con 15 establecimientos mineros y un solo policía minero para recorrer los 243.943km2 (segunda provincia en extensión del país) lo cual significa un nulo control por parte del estado”, explican.

De los 3.400 millones de dólares que invirtió GoldCorp para comprar la mina de oro, hasta entonces en manos de Andean Resourses, nada quedará en las arcas de la provincia que gobierna el kirchnerista Daniel Peralta. “ No somos dueños de nuestros recursos dado que este Gobierno entregó la soberanía de los mismos. S omos inquilinos en nuestra propia provincia. En efecto, los han vendido a cambio de migajas y contaminación”, sostienen.  Se calcula que, por año, ingresan a la provincia entre 13 y 17 millones de pesos en concepto de canon minero, una cifra insignificante si se la compara con el dinero que mueve la actividad aurífera.

Los integrantes de la CC-ARI santacruceña comparan la venta de Cerro Negro con el contrato petrolero de 30 años que se firmó con Pan American Energy. En esa oportunidad, se renegoció un precio y luego se descubrió que las reservas eran superiores a las previstas en el acuerdo. “El proyecto Cerro Negro contiene un recurso de oro de apróximadamente 3,1 millones de onzas y 25 millones de onzas de plata (datos de marzo de 2010). Valores mayores de lo que aparecen en los medios: 2,54 y 23.56 respectivamente”, alerta el comunicado.

También preocupan las palabras del Director general de Goldcorp, que afirmó que el tiempo de explotación “sería en un período relativamente corto”, por lo que infieren que “en poco tiempo, luego de vaciar el yacimiento, se irán”. Es por eso que sostienen que “ Andean no sólo es el dueño del yacimiento, sino también de la salud de los santacruceños”, por lo que responsabilizan al Estado, por su actitud inerte ante las mineras que, esgrimen,“evidencia la incoherencia que mantiene este gobierno entre lo que dice y lo que realmente hace” porque “nos corre por izquierda y nos saquea por derecha”.

Eduardo D´Elía, representante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, no oculta su indignación con la situación minera provincial y traza una brutal comparación. “Las mineras hablan de la provincia como hace 500 años lo hacían los conquistadores con el Rey cuando saqueaban el oro”, grafica. “ Andean Resources -empresa que vendió la mina- define la provincia como una zona amigable, en la que se les permite la explotación sin inconvenientes, siento vergüenza”, se enoja en diálogo con Perfil.com.  

¿Cambiará algo en el terruño K en caso de que se sancione la Ley de Protección de Glaciares que pone límites a la actividad minera? La respuesta es no. Nada cambiará. Según explicó a este portal Soledad Sede, asesora de Fernando Pino Solanas en la comisión de Minería, desde el 8 de abril rige en Santa Cruz la primera Ley de Glaciares provincial del país pero otras cuatro provincias argentinas han blanqueado en una declaración conjunta en la Casa de Salta tras el viaje de Cristina en Canadá (donde se reunió con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munck)  leyes que se contraponen a la nacional:  San Juan (Ley 8144), Salta (Ley 7625), La Rioja (Ley 8763) y Jujuy (Ley 5647) y en la provincia de Catamarca aguarda la media sanción en Diputados.