Con 239 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados le dio esta noche media sanción al proyecto para intensificar las medidas de seguridad contra las "salideras bancarias", que ya tenía el aval de todos los sectores políticos, más allá de las críticas escépticas que formularon algunos legisladores sobre la eficacia de la iniciativa.

A lo largo de las seis horas de debate, se confirmó que el oficialismo, el denominado "Grupo A" (UCR, Coalición Cívica, PRO, Socialismo y PJ Federal), la centroizquierda y los bloques provinciales iban a votar a favor del proyecto. Eso ocurrió pese a que al final del debate, Elisa Carrió acusó al oficialismo de ser "obsecuentes" del matrimonio Kirchner, a lo que el titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, replicó que la oposición "defiende los intereses de las empresas mediáticas y no de la gente".

Se trata una iniciativa de ley del diputado del GEN Gerardo Milman, que propone la instalación de barreras visuales en la fila de cajas y cajeros automáticos y el blindaje obligatorio de las bóvedas de los bancos. Además, establece el bloqueador de la señal de celulares dentro de las entidades financieras.

Milman destacó que el Banco Central, encargado de la seguridad de las instituciones, "no pudo responder su solicitud de estadísticas sobre el tema" y afirmó que esto se debe a que “no le interesa la seguridad de los clientes sino de los bancos”. 

El proyecto de salideras. El artículo principal indica:

a) (Los bancos) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros automáticos con un sistema de protección con suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros.

b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica.

c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de las mismas, siempre que no afecten los derechos de terceros fuera de la sucursal.