A 35 AÑOS DEL ATAQUE  

Por qué a Bonafini y Carlotto no les importan los DDHH de los soldados muertos en Formosa

Análisis de las reacciones ante el conflicto con Chile por Apablaza. El concepto es el siguiente: se debe homenajear sólo a los guerrilleros que lucharon por un país mejor.

Todo responde al mismo concepto: las amenazas de Hebe de Bonafini a la Corte Suprema de Justicia; el pedido al gobierno de Bonafini y Estela de Carlotto para que no envíe al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra de vuelta a su país, donde se lo acusa del asesinato de un senador y del secuestro de un empresario, en democracia ; la concesión del refugio político a Apablaza Guerra; las millonarias indemnizaciones a los parientes de la mayoría de los guerrilleros que murieron en el ataque a un cuartel en Formosa, en plena democracia peronista; la inclusión de estos guerrilleros y de cientos más en los nuevos listados del Nunca Más y en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera porteña; el olvido por parte del gobierno y de los organismos de derechos humanos de los soldados que murieron en Formosa, y la pensión miserable que cobran los padres de estos conscriptos.

El concepto es el siguiente: se debe homenajear sólo a los combatientes, a los guerrilleros que lucharon por un país mejor, que en los setenta tenía la forma de la liberación nacional y la revolución socialista. ¿Mataron o secuestraron en ese combate? No importa: son daños colaterales justificados por el objetivo superior que perseguían. El fin justifica los medios, por horribles o sangrientos que hayan sido. Tampoco interesa que estos combatientes hayan muerto en democracia, mientras asaltaban un cuartel, se tiroteaban con la policía o estaban armando una bomba: tienen tanto valor y merecen tanto reconocimiento como los desaparecidos o los muertos por la represión ilegal del Estado. Los derechos humanos sólo se aplican a los combatientes.

Por eso, el gobierno de los Kirchner y los organismos de derechos humanos que protagonizan la elite que domina la política argentina desde 2003 no perciben, no ven, las demandas de las víctimas de los grupos guerrilleros ni de sus parientes y amigos, ni siquiera durante los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976. El gobierno y los organismos de derechos humanos han dibujado una leyenda blanca sobre esos grupos de jóvenes, a los que han convertido en un coro de ángeles.

Y sin embargo hace exactamente 35 años, el 5 de octubre de 1975, casi setenta guerrilleros participaron en forma directa del ataque contra el Regimiento de Infantería de Monte 29 en los suburbios de la ciudad de Formosa, a 1.200 kilómetros de la Capital Federal. Fue el bautismo de fuego del Ejército Montonero, el “salto militar” con el cual la guerrilla peronista pensaba enfrentar al Ejército luego del golpe que preveían inevitable. Gobernaba el peronismo, que había ganado las elecciones en 1973.

Los guerrilleros pensaban que los soldados, jóvenes formoseños de 21 años que cumplían con el servicio militar obligatorio, se rendirían, pero los conscriptos resistieron; el combate duró treinta minutos y provocó veinticuatro muertos, doce de cada lado, entre ellos diez soldados.

Como revelé en mi libro Operación Primicia, al menos ocho de los doce guerrilleros muertos en el cuartel figuran en los nuevos listados del Nunca Más, actualizado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner, y también en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, a pesar de que cayeron durante el ataque a un cuartel en pleno gobierno constitucional del peronismo.

La fuente de esos datos es REDEFA, el Registro de Fallecidos de la ley 24.411, lo cual indica que los parientes de esos guerrilleros cobraron la indemnización prevista para los desaparecidos y muertos por la represión ilegal. En marzo, esa suma ascendía a 620.919 pesos; en ese mismo mes, los padres de los soldados muertos cobraban una pensión de 842 pesos por mes, pero sólo desde mediados de los noventa.

La asimetría, por utilizar una palabra neutra, es evidente: los padres de cada uno de los conscriptos debían cobrar ese dinero todos los meses durante más de 61 años de sus vidas para llegar a la suma que ya habían percibido los padres de cada uno de los guerrilleros. Para el gobierno y los organismos de derechos humanos, los soldados cayeron del lado equivocado.

(*) Editor jefe de PERFIL y autor de Operación Primicia y Operación Traviata: Quién mató a Rucci.

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