En un tiempo agitado por el tema de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, que encabezan Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), y el fiscal Hugo Cañón, ha presentado en estos días su informe anual ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

— Este es un ente oficial pero autártico, explica Pérez Esquivel. Está integrado por representantes de distintas organizaciones como la hermana Martha Pelloni, el obispo Aldo Echegoyen, Víctor de Gennaro, el rabino Daniel Goldman... Mucha gente. Y hemos tratado de hacer un aporte en un tema muy delicado como es el régimen carcelario. Ahora contamos con los archivos que pertenecían a la Policía Bonaerense y esos archivos se han digitalizado en el Centro de Documentación. Otra de nuestras áreas de trabajo es Jóvenes sin Memoria, que se desarrolla en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y llega a unos 6 mil alumnos. También el Archivo de la Memoria está ayudando a la digitalización de los archivos de Guatemala y otro de nuestros ejes es el Comité contra la Tortura. En este comité se trabaja en las cárceles, comisarías, institutos de menores, cárceles de mujeres y, como todos los años, nuestro equipo jurídico elabora estos informes, como el que hemos elevado hoy a la Corte Suprema y a distintos organismos oficiales. También a la Gobernación de Buenos Aires, justamente para que todas estas instituciones analicen y corrijan la situación interna que nosotros describimos. También hacemos propuestas concretas porque no se trata sólo de señalar cosas negativas sino de aportar iniciativas para mejorar el funcionamiento de distintas áreas.

— ¿Por ejemplo?

— Justamente, nosotros venimos proponiendo la formación de una Policía Judicial que reemplace a la Policía Bonaerense, que es parte de quienes confeccionan los sumarios y los informes (en los que luego habrán de basarse los jueces), que muchas veces resultan situaciones “armadas”.

— Cuando, días pasados, leí la declaración de Paz y Justicia sobre el tema Schoklender, me quedé pensando. Durante tantos años en la cárcel, ¿los hermanos Schoklender tuvieron algún tipo de terapia? Después de un crimen tan horrendo, ¿qué asistencia psiquiátrica se les brindó? No se trataba de un caso común, ¿no?

— Los Schoklender estudiaron. Uno de ellos, Sergio, terminó su carrera de abogado. Yo lo vi una sola vez. Ni siquiera conversé con él, así que no lo conozco. No sé qué tipo de tratamiento tuvo dentro de la prisión. Pero con respecto a nuestro informe, estamos hablando de la Comisión Provincial y de los institutos penales de la provincia de Buenos Aires, y Schoklender estuvo en Devoto, que es una cárcel federal. Ahora bien, en las prisiones no hay tratamientos psicológicos. No hay nada. Por eso, vuelvo a insistir, son depósitos humanos. Los encierran ahí y ahí quedan. Si los sacamos de la sociedad pero no les damos ninguna capacidad, ¿cuál puede ser el resultado?

— ¿Cómo conoció a Hebe de Bonafini?

— Como tantas otras madres (entre ellas Norita Cortiñas), no se conocían entre ellas. Nosotros teníamos la oficina de Paz y Justicia en el quinto piso de la calle Perú 630 y allí venían hombres y mujeres. Los escuchábamos y hablábamos sobre lo que podíamos hacer frente a sus terribles problemas. Como las madres eran muchas, les propusimos hacer un día de reflexión y allí organizamos las reuniones en la Iglesia de la Santa Cruz. Luego de la última misa, pasábamos a la sacristía y nos reuníamos en la Casa de la Santa Cruz para meditar (cada uno según sus creencias, puesto que allí había católicos, judíos, agnósticos) durante toda la noche. De allí se llevaron a muchos el 8 de diciembre de 1977. Entre ellos, las monjas francesas. En esos primeros grupos apareció también Hebe. Dentro de lo posible, desde Paz y Justicia intentamos ayudar a todos. Publicamos un pequeño libro sobre derechos humanos indicando dónde podían recurrir puesto que, en aquellos años, había un solo organismo que era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Recibíamos muchos pedidos, también de las embajadas, y por esto resolvimos publicar ciertas indicaciones, por ejemplo cómo presentar un hábeas corpus o intentar acercarnos a los pocos organismos internacionales (como la Cruz Roja, la Comisión Paz y Justicia del Vaticano o el Consejo Mundial de Iglesias) que entendían en el tema.

— Y hoy Pérez Esquivel, frente a los tristes hechos ocurridos en el entorno de Hebe de Bonafini que estamos presenciando, ¿cuál es la posición de Paz y Justicia?

— Nosotros apoyamos la lucha de las compañeras y compañeros de los movimientos de derechos humanos que compartimos durante la época de la dictadura. Defendimos la libertad, la dignidad de la persona humana. Luchamos por saber qué pasó con todas las personas secuestradas y desaparecidas. En general, las Madres (y no sólo Hebe) junto a Línea Fundadora, las Abuelas, Familiares, en fin, todos los organismos, se transformaron en una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos. Fundamentalmente, las Madres con sus pañuelos. Lo que ha ocurrido con la cuestión de Sueños Compartidos (el emprendimiento de viviendas del sector Bonafini con intervención de los Shocklender) es un tema judicial. No conozco su funcionamiento. Hace muchos años que Hebe se separó del resto de los organismos. Incluso, conmigo no está peleada ni mucho menos (yo la quiero muchísimo) pero es ella quien tomó distancia. Y no tenemos ninguna relación. Tanto es así, que yo no conozco cómo funciona su organización. No puedo opinar pero sí creo que es un caso judicial. Es la Justicia la que tiene que investigar acerca de quiénes son los responsables y si hay ilícitos deben hacerse auditorías y estudiar toda la documentación. Y esto porque, a través de los medios de comunicación, día a día surgen nuevos hechos. No sabemos hoy el control que se hizo sobre estas situaciones. Hay otra cosa que hay que entender y es que, después de tantas luchas, cada organismo de derechos humanos tomó distintos caminos. Algunos optaron por alianzas de política partidaria como, por ejemplo, alianzas con el Gobierno. Son respetables porque cada organización tiene que decidir qué va a hacer.

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