La ONG internacional Human Rights Watch elogió el avance en Argentina de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, aunque deploró la situación en las superpobladas cárceles del país donde persisten casos de tortura, según el "Informe Mundial 2012" divulgado este domingo.

"Argentina ha hecho un significativo progreso en los juicios contra militares y personal policial por desapariciones forzadas, asesinatos y torturas durante la 'guerra sucia', entre 1977-83", dice el informe anual de la organización. En 2011, la Justicia dictó 84 nuevas condenas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, lo que elevó el total de condenados a 269, mientras aún hay 843 bajo proceso judicial.

Pese a esos avances, Human Rights Watch denunció que persisten "condiciones de prisión deplorables "mientras "la tortura y los malos tratos son problemas comunes". "La condiciones de detención siguen siendo deplorables y la superpoblación y violencia en el sistema carcelario se ha incrementado", afirmó.

Respecto a la libertad de expresión, la organización citó la Ley de Medios de 2009, que "contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de 'faltas' podrían dar lugar a sanciones (como la revocación de licencias de difusión)". La ONG estimó que el impacto de la normativa "dependerá de cómo sea implementada".

Y en un destacado párrafo recuerda el caso de publicidad oficial del diario Perfil: "La Corte Suprema ha reivindicado el derecho de los medios gráficos a no ser discriminados en la asignación de publicidad oficial. En marzo de 2011, confirmó en forma unánime una decisión de un tribunal administrativo que hizo lugar a un recurso presentado por la editorial Perfil contra el gobierno, ante la negativa de este a asignar publicidad oficial a las revistas Noticias y Fortuna, y al periódico Perfil, debido a su postura editorial. La Corte Suprema había emitido un pronunciamiento similar en 2007 contra el gobierno de la provincia de Neuquén, en el marco de una demanda interpuesta por el periódico Río Negro."

En este sentido, HRW señaló como una "amenaza" que un juez haya solicitado los nombres y demás datos de los periodistas que hayan comentado sobre economía desde 2006. A la par, critica que aún esté "paralizado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impulsar el acceso del público a información en poder de organismos del Estado".

En este apartado, destacó también el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, fundador y director de la revista Noticias, respectivamente. En 2001, la Corte Suprema había ordenado a los dos periodistas y a la editorial Perfil a pagar US$ 60.000 a Carlos Menem por una serie de artículos publicados en 1995 sobre una relación extramatrimonial que este mantuvo con una ex maestra, sobre la base de que tales artículos violaban su derecho a la privacidad. Esta fue la primera vez que la Corte se pronunció respecto de un reclamo indemnizatorio por invasión de la privacidad en un asunto de interés público.

En otro orden, destacó que "hasta el momento no hay detenidos por la voladura de la sede Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, donde  murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas". Al respecto recordó que Argentina solicitó a Interpol la detención de ex altos funcionarios iraníes, "entre ellos el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y seis funcionarios iraníes, pero la solicitud para su extradición cayó en oídos sordos".

Asimismo, la organización denunció que en Argentina, donde el aborto es ilegal, "las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obtáculos para acceder a productos y servicios que hacen a su salud reproductiva, como anticonceptivos, esterilización voluntaria y abortos tras violaciones". "Así enfrentan embarazos no queridos o que ponen en riesgo su salud y en consecuencia cerca de medio millón de abortos ilegales se realizan cada año", lo que ha hecho de esta práctica "la primera causa de muerte materna durante décadas".