CÓRDOBA AGENDA POSELECCIONES

Cinco razones por las que la salida es el diálogo, sin lugar para triunfalismos

Más allá de los resultados en las urnas, el Gobierno nacional iniciará su segunda etapa con 30% de pobreza, un déficit que amenaza llegar al 7% y una inflación del 24%.

DIA DE CITA. El viernes 27 de octubre, el Presidente recibiría a los gobernadores en la Quinta de Olivos. Este encuentro sería como el relanzamiento de la segunda etapa del gobierno, con nuevos esquemas de alianzas.
DIA DE CITA. El viernes 27 de octubre, el Presidente recibiría a los gobernadores en la Quinta de Olivos. Este encuentro sería como el relanzamiento de la segunda etapa del gobierno, con nuevos esquemas de alianzas. Foto:CEOP PERFIL

La economía argentina superó uno de los traumas más severos que la atravesaron en varios ciclos de su historia –la estanflación–, vale decir los períodos de inflación sin crecimiento. Sin embargo, parece ha inaugurado uno nuevo: crecimiento con inflación (4% y 24% respectivamente, este año). 

Este nuevo escenario es resultado de 22 meses de un gobierno que intentó normalizar institucional y económicamente al país. Pero, la tarea está lejos de haber cumplido sus objetivos: 30% de pobreza indica que todavía no hay resultados.

Vista la realidad desde los indicadores, un virtual triunfo del oficialismo el próximo domingo solo podría ser leído como el resultado de la recuperación de la confianza de los argentinos en sus propias potencialidades, y el crecimiento de sus expectativas respecto de poder tomar definitivamente el mando de su propio destino. 

Si Cambiemos gana existiendo un 24% de inflación anual es porque la sociedad comenzó a definir su voto a partir de valores, además de billetera. Esto no colma, precisamente, de poder a funcionarios y políticos (y a los “círculos rojos” concomitantes), sino de una gran responsabilidad y, además, desafía sus capacidades de gestión y negociación.

Crecer sostenidamente a un ritmo de 4% o 5% con una inflación de un dígito, en la Argentina, es “todo un master” que no se aprueba con consignas políticas ni posiciones defensivas sectoriales. Por eso, el diálogo es la única dinámica posible a partir del 23 de octubre.

Qué es dialogar. Argentina desnaturalizó el concepto del diálogo intersectorial por sucesivos fracasos de “comisiones”, “mesas de enlace”, “pactos” y demás ensayos de esa naturaleza. Por ello, se tiende a ver al diálogo como una propuesta naïf, políticamente correcta, que todos avalan para no quedar fuera de la foto, pero a la que nadie aporta, ni sabe qué aportar.

El diálogo que se deberá instalar en la segunda parte de la Administración Macri exigirá -para llegar a resultados- que funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas y activistas sociales (obviamente, empezando por la cúpula de la Cosa Rosada) asuman la regla estricta del costo-beneficio a la hora de tomar cada decisión. Lo explica cabalmente el economista en jefe del IERAL, Jorge Vasconcelos: “Más allá de lo que digan las urnas, el populismo recién habrá de ser superado cuando pase a ser usual que, para resolver los problemas que enfrenta la sociedad, la clave está en  asignar prioridades. Si todo vale igual, todo seguirá pendiente”.

Seguramente sobrevendrá una gran puja de intereses en el reparto de esos costos y beneficios (solo basta recordar que el Estado nacional tiene pendiente un ajuste de $100.000 millones). Para sostener ese tenor de debate, la institucionalidad, paralelamente, deberá ir escalando en estándares de transparencia: la mera sospecha de coima, colusión, connivencia, tráfico de influencias, injusticia o justicia lenta y demás “institutos perversos” que se fueron gestando con las décadas, de sobrevivir, tirarán por tierra cualquier construcción de consensos. 

Desde la perspectiva de PERFIL Córdoba, los cinco puntos que habrán de concentrar el diálogo, en lo inmediato, son los que exponemos a continuación Por lo pronto, el presidente Macri ya hizo cita: el viernes 27 de octubre espera a los gobernadores en la Quinta de Olivos. 

1-INFLACIÓN Y DÉFICIT

La inflación es el “talón de Aquiles” más vulnerable de la etapa poselecciones que comenzará el 23 de octubre. El gobierno apostó a dominarla con la estrategia de la tasa de interés, para no entrar de lleno en la primera etapa con el ajuste fiscal. Esta segunda opción no era social ni políticamente viable. 

¿Logró su cometido? No. ¿Ahora tiene márgenes sociales y políticos para migrar del gradualismo al shock de ajuste? No. Por ello, el combo “inflación-déficit fiscal” es aún una bomba de tiempo sin desactivar que inhibe cualquier posibilidad de que una virtual victoria contundente de Cambiemos el próximo domingo pueda degenerar en triunfalismo o soberbia de poder. 

El barco apenas comenzó a transitar la tormenta. Con una inflación de 1,9% en septiembre, se superó en nueve meses la meta del 17% para todo el año que se fijó el Banco Central y la proyección anual ya llega al 24%. 

“Con esta política fiscal no se puede poner una meta de entre el 8% y el 12% para 2018; me preocupa la pérdida de reputación que puede sufrir el Central”, señaló el economista Jose Luis Espert. Su colega, Rodolfo Santangelo advirtió que “hay que hacer algo más fuerte que solamente manejar la tasa. Ese algo es la política fiscal". 

Claramente, si al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, no empiezan a ayudarlo desde el Ministerio de Hacienda con reformas profundas, sus esfuerzos de “prestidigitador monetario” no alcanzarán. 

El déficit fiscal del 2017 será el tercero más alto de la historia. Los más optimistas (FIEL y JP Morgan) proyectan un déficit de entre 5% y 5,3%. En la otra punta, Capital Economics especula que trepará al 7%, y en ello coinciden Societe Generale (6,9%) y UBS (6,8%). En el Presupuesto 2017, el Gobierno se había comprometido con un “rojo primario” de 4,2% del PBI.

2- FONDO DEL CONURBANO

Este es el tema de agenda que exige la más urgente mesa de diálogo. Se juega una masa de dinero que este año llegaría a $53.024 millones ($650 millones para Buenos Aires y $52.374 millones para el resto de las 22 provincias argentinas). Adicionalmente, está el Fondo de Obras de Infraestructura, que reparte $21.210 millones entre todas las jurisdicciones (excluyendo a Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires). 

Hay dos consensos a los que se llegó: el reclamo de Buenos Aires es legítimo y las provincias, aun admitiendo lo anterior, no están dispuestas a resignar ni un peso de coparticipación. Así, las cosas, “la solución entre pares (es decir, entre las provincias) no parece viable. En este contexto, todos miran a la Nación, que mágicamente podría resolver el problema, pero no debemos olvidar que la caja es una sola”, sostiene el experto en políticas públicas del CIPPEC, Walter Agosto.

La gobernadora María Eugenia Vidal insiste en lograr una resolución a su favor por vía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este camino es cada vez más tortuoso. Por un lado, expondría a la Casa Rosada a un enfrentamiento de alcance desconocido con los gobernadores. Por otro, los mandatarios provinciales tienen argumentos de su lado que encuadran en un perfecto Estado de Derecho: "Buenos Aires pretende modificar una ley con una resolución de la Corte. Nuestro sistema jurídico plantea que eso se discute en el Congreso, no en la Corte. La Corte puede dictar la inconstitucionalidad de una norma, pero no de un inciso de un artículo”, señaló el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Frente a este panorama, el Presidente Mauricio Macri jugaría sus primeras cartas en una mesa de diálogo federal que analice técnicamente las posibilidades de una redistribución de ingresos, antes de dejar al tema enteramente en manos de los legisladores. Una vez en el recinto, la puja política podría hacer estragos en el principio de solvencia fiscal.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) simuló cinco escenarios diferentes para dar una solución a este tema. En cualquiera de los casos, las provincias tendrían que resignar entre un 2% y un 9% de la coparticipación anual. Para Córdoba, el promedio de las cinco alternativas muestra que habría que enfrentar una pérdida del orden de los $3.608 millones. En el escenario más benévolo resignaría $2.356 millones, lo cual es un poco más que todo el gasto presupuestado este año para el Ministerio de Desarrollo Social. 

Sin dudas, este será uno de los diálogos cruciales que se avecinan. Pondrá a prueba la capacidad de negociación de la Nación y las provincias para conciliar dos principios esenciales sin los cuales no se puede organizar una República federal: los principios de solidaridad y de responsabilidad fiscales.

3- POBREZA

Todas las vías de diálogo intersectorial que deberá abrir el Gobierno nacional a partir del 23 de octubre tienen una meta común a la que debieran impactar: el 30% de pobreza.

Pasadas las elecciones, el presidente Macri corre una carrera contra reloj para llegar a fin de su mandato, no con “pobreza cero”, sino habiendo sentado las bases de una transformación económica que abra el camino para darle batalla en los próximos 20 años. 

“Para ir más rápido, sería necesario crecer a un ritmo mayor  y, al mismo tiempo,  lograr una distribución del ingreso más equitativa (en las antípodas del clientelismo)”, señala Jorge Vasconcelos, del IERAL. Según este experto, lo que se precisa concretar en los próximos dos años es “un acuerdo político” que incluya una “agenda activa de mejora continua de las prestaciones del Estado, en sus distintas jurisdicciones”. 

Vasconcelos apunta, además, un parámetro esclarecedor: “En un plazo de 1 a 5 años, la vara (para medir la evolución del proceso) debiera ser el empleo privado formal de calidad”. Esto sí sería disrupción real porque acabaría con la lógica política de retener el poder por medio de la manipulación del gasto social ineficiente.

4- REFORMA LABORAL
 
El mayor avance que podría tener el diálogo por la reforma laboral es que los sindicatos se amiguen con la “productividad” y los empresarios con la “competitividad”. Para ello, los trabajadores tendrían que sumar a su agenda la “flexibilidad” como una opción, no para trabajar precariamente sino para alinear condiciones laborales -de calidad y protegidas socialmente- con los ciclos de producción y de la economía. 

A su vez, los empresarios deberían sincerar su apuesta: la rentabilidad no lo es todo, para ser competitivos necesitan “invertir” (en tecnología; en capacidad instalada; en innovación y en capital humano, lo cual implica capacitación y bienestar de sus empleados y su propia actualización como management). 

Este tipo de avance sólo puede darse sector por sector (un productor de uva no requiere lo mismo que una empresa metalúrgica y ésta demanda diferentes condiciones de una firma de IT o una constructora). El Gobierno propone este camino, sin violentar convenios colectivos y paritarias. Dos puntos condicionan el proceso: 1) sin reducción de la inflación, los trabajadores no podrán flexibilizar posiciones; 2) sin baja de presión impositiva, los empresarios no invertirán.

5- AGENDA EN EL CONGRESO

A partir del 23 de octubre, la “agenda hot” del Congreso estará atravesada por seis iniciativas críticas que la Casa Rosada considera fundantes de las metas macroeconómicas que llegan hasta 2019. Ellas son: Presupuesto 2018; ley de Responsabilidad Fiscal; reforma impositiva; Impuesto al Cheque; revalúo del Impuesto a las Ganancias para empresas y ley de Responsabilidad Penal Empresaria. 

Desde esferas próximas a la Nación explican que la estrategia oficial es establecer acuerdos básicos con los gobernadores sobre los beneficios de estas iniciativas para el desarrollo económico de las provincias y el aseguramiento de sus equilibrios fiscales. Sobre el supuesto de que los mandatarios alejados de Cristina Kirchner ejercerán influencia en la Cámara baja (sobre todo), esperan que ese lobby produzca impacto positivo en el bloque del peronismo “no K”. 

Aunque esta agenda ya es desafiante (por el nivel de negociación que exigirá), para expertos independientes no agota todo lo que el Congreso debiera encarar el próximo año. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Parlamento no tendría que demorar el debate de una ley de Transparencia del Financiamiento de la Política

“La mayor parte del financiamiento de los partidos y las campañas circula por canales informales. Esta informalidad es ineficiente y peligrosa: impide a conocer los apoyos que tiene cada candidato, ampara a quienes buscan influencia a través del dinero y expone a los partidos a la penetración de dinero de origen ilícito”, argumenta CIPPEC.