CóRDOBA REFORMA IMPOSITIVA

Clase media sufrirá el mayor impacto por el "impuestazo"

Los cordobeses de mayor poder adquisitivo deberán ir preparando la billetera para pagar más impuestos patrimoniales, ganancias, aportes jubilatorios y consumos Premium más caros.

GANANCIAS. Al levantarse el tope de altos salarios para realizar aportes, ahora cada quien contribuirá conforme lo que gana. Es como un “segundo impuesto a las Ganancias”.
GANANCIAS. Al levantarse el tope de altos salarios para realizar aportes, ahora cada quien contribuirá conforme lo que gana. Es como un “segundo impuesto a las Ganancias”. Foto:CEOP PERFIL

Aunque aún quedan diferentes instancias legislativas y debates que se anticipan complejos, la reforma impositiva que propone el gobierno de la Nación sumada a los cambios tributarios que deben hacer las provincias (para alinearse a los parámetros macroeconómicos nacionales) ya tienen identificado al sector donde impactarán con mayor crudeza: las clases media y media alta.

Esto es como consecuencia de que el nuevo diseño impositivo se enfoca en seis puntos fundamentales:
1) Ganancias: se amplió el universo de hechos imponibles, y ya no son sólo las personas jurídicas sino también las personas humanas las que serán alcanzadas por algunas imposiciones, respecto de las cuales antes estaban exceptuadas. Esto hará que dueños de empresas comiencen a tributar personalmente por conceptos que, de algún modo, ya están grabados en el marco de su actividad empresarial o tributen por ingresos extra que obtienen en la gestión de la empresa, que antes no tenían carga impositiva.

2) Renta financiera: quedaron alcanzados por nuevos impuestos casi todos los instrumentos financieros de ahorro (Ver abajo “Ahora, resultará más costoso ahorrar e invertir…”).

3) Inversiones: con excepción de la vivienda única, toda transferencia de bienes inmuebles que integran un patrimonio estarán afectados, como así también los instrumentos de inversión vinculados a la actividad inmobiliaria. (Ver abajo “Ahora, resultará más costoso ahorrar e invertir…”).

4) Contribución de aportes: se eliminó el tope máximo de $82.000 de sueldo sobre el que se realizaban aportes; ahora se contribuye en relación a lo que se gana. Por ejemplo, si el sueldo es de $120.000, el aporte se calculará sobre ese monto. En los hechos y a pesar de que esto es un diferimiento (es el aporte para una jubilación futura), en el corto plazo este cambio opera como una suerte de “impuesto a las Ganancias extra”, que para este sector llevará la carga total del 35% a 41,5%. 

5) Consumos Premium y no básicos con más impuestos: para aeronaves las alícuotas suben de 10% a 20%; embarcaciones de gama alta (más de $430.000) duplican sus tributos internos de 10% a 20%; motos de alta gama (más de $140.000) también pasan del 10% al 20%. Respecto de bebidas, aún no está nada definido, más allá de la promesa de revisar la situación particular de vinos y cervezas. En principio, quedarían en pie: whisky, coñac y otras bebidas blancas (del 20% al 29%) y espumantes del 0% al 17%. También está en discusión el caso de las gaseosas (pasarían del 4 al 17%). Cigarrillos tendrán una tasa del 70%.

6) Impuestos patrimoniales y servicios provinciales: desde el frente provincial, la clase media recibirá el principal impacto por la actualización de los impuestos Inmobiliarios Rural y Urbano. Respecto del primero, las subas irían del 27% (sólo para 6% de productores) hasta el 42% (para una gran mayoría); además se establecerá una actualización de ese tributo para todos los productores de un 25%, en línea con el alza en el índice de precios. A su vez, el Urbano sufrirá una actualización de entre el 20% y el 22%.

En Córdoba, adicionalmente, la clase media debe evaluar entre sus cargas impositivas esenciales el costo de un servicio básico –el de electricidad– que por sus niveles de actualización y precio final ya actúa como una suerte de “tributo encubierto” en permanente alza. En diciembre se sentirán las consecuencias del último ajuste autorizado que para los residenciales que consumen 200 kilovatios al mes significará un incremento del 12,15%; y para quienes llegan a 600 kilovatios al mes, el aumento será del 12,97%.

¿Funcionará todo este esquema? Aunque en el corto plazo la reforma impositiva nacional es un “mazazo” a la cabeza de los segmentos de consumo más altos, a mediano y largo plazo, el Gobierno nacional asegura que el gradualismo de otras medidas terminará produciendo una baja global de la presión fiscal del 1,5% en 4 años.

El esquema cerrará, explican los economistas, si la Nación consigue bajar el déficit fiscal y por efecto del ajuste en el gasto, la economía comienza a crecer sostenidamente.

Con crecimiento sólido y medidas adicionales de reducción impositiva (como las que aún restan en las provincias, con Ingresos Brutos y Sellos), a mediano plazo el bolsillo de los que ahora deben aguantar la mayor presión, se verían compensados.  

AHORA RESULTARA MAS COSTOSO AHORRAR E INVERTIR

Entre los intereses de la clase media y media-alta más impactados por los cambios que propone la reforma impositiva nacional, los que se vinculan al ahorro y la inversión patrimonial son, en principio, los más afectados.

Por un lado, resultará más costoso ahorrar  tanto en pesos como en dólares. Esto es así porque el gravamen a la renta financiera alcanza ahora a las personas físicas. El proyecto propone aplicar una alícuota del 5% para los instrumentos en pesos y del 15% para los indexados en dólares. Según explicó un asesor financiero a PERFIL CORDOBA, en el caso de instrumentos de ahorro nominados en moneda extranjera no se gravarían las diferencias surgidas por evolución del tipo de cambio.

Respecto del tipo de instrumento sobre los que recaerá el impuesto, el ministro Nicolás Dujovne se encargó de que la medida sea bien abarcativa: impactará a plazos fijos, Lebacs y bonos, con excepción de las acciones.  Un informe de Research de Bull Market Brokers (BMB) estima que para el caso de plazos fijos, la imposición pegará a partir de un capital de $ 240.000; para el caso de las Lebac, se comenzaría a pagar desde un capital de $ 200.000. Un punto a tomar en cuenta:  si el individuo invierte en plazo fijo y en Lebac, se le suman ambas rentas, por lo cual no tendrá sentido diversificar en distintos instrumentos.

Críticas. Algunas voces que cuestionan este nuevo impuesto a la renta financiera advierten que “operará como un ‘sobre impuesto’ para contribuyentes que ya pagan por ello”. A lo que se refieren es a la situación de las personas jurídicas (no las físicas) que actualmente ya tributan ganancias por todos los instrumentos financieros que operan.  Esto quiere decir que, al final, el dueño de una empresa, por ejemplo, se encontrará enfrentando impuestos tanto desde su trinchera corporativa como desde la personal, a partir de una misma fuente generadora de ingresos.

Asimismo, los empresarios socios de una firma deberán mirar detalladamente la letra fina de Ganancias sobre dividendos. Ocurre que los dividendos (salvo los originados en revalúo o ajustes contables), pasan a estar gravados y se amplían los conceptos de presunción de dividendos.  Así las cosas quedarían afectados los retiros de dinero que hagan los socios, el uso privado por los socios de bienes inmuebles o muebles de la sociedad, gastos personales de los socios en la sociedad o retribuciones de socios sin justificación de tareas.

Bienes inmuebles y fideicomisos.  Un clásico destino inversor de los argentinos –los ladrillos– tampoco escapará de la nueva ola impositiva. 

Si bien desaparece el Impuestos a la Transferencia de Inmuebles, este gravamen quedará más que compensado con la creación de un nuevo capítulo de Ganancias que aplicará una alícuota del 15% a la apreciación del valor de un inmueble que no sea vivienda única.

Así entonces, si una persona decide vender una casa o departamento que formaba parte de su patrimonio (sin ser su vivienda de residencia) tendrá que abonar el impuesto sobre la diferencia entre el precio al que compró el inmueble y al que lo vende. Por ejemplo: si adquirió un departamento a US$100.000 y lo vende en US$130.000, pagará el 15% sobre los US$30.000.

Las inversiones inmobiliarias también se verán afectadas por la presión impositiva adicional que tendrá un instrumento financiero que hoy se utiliza en el 85% de los mega emprendimientos inmobiliarios que se construyen en todo el país: los fideicomisos.

En efecto, se gravará con el 15% del impuesto a la Renta Financiera la ganancia obtenida con la transferencia de derechos en fideicomisos. Esto impacta de lleno en los fideicomisos para la construcción. ¿Por qué? Actualmente, mucha gente con capital disponible invierte en uno o dos fondos y lo va vendiendo a medida que avanza la construcción, sin nunca llegar a la etapa de adjudicación del inmueble. De esa forma, aprovecha la rentabilidad que logra ese capital invertido en una operación libre de impuestos, porque es la empresa gerenciadora del fideicomiso la que resulta la figura contribuyente. 

Ahora, esta alternativa de inversión se volverá más costosa para el inversionista y se especula que retraerá fondos que necesitan los desarrollistas para completar sus obras.

DERRIBANDO MITOS

La lectura del impacto que tienen las reformas impositivas (nacional y provincial) de acuerdo al segmento social al que más afectan, derriba algunos mitos. 
- El primero: aquel que supone que un gobierno que tiene su base electoral construida en las clases más acomodas, gobernará para beneficiar a esos exclusivos intereses.

- El segundo: el que nace del pensamiento imaginario según el cual los recursos del Estado son “infinitos” y a la hora de pagar las facturas hay sólo dos salidas, la emisión monetaria (populismo) o el ajuste con costo social (neoliberalismo).

- El tercero: el que se obstina en creer que el poder político se puede construir por fuera de los equilibrios sociales y simulando discursos en defensa de los mismos. Al final, definir quiénes “ponen la diferencia” para reconducir el desarrollo es lo único que construye algunas certezas.
Como dice el economista Guillermo Nielsen, las reformas que se pondrán en marcha significan un “impuestazo a las clases alta y media-alta”. Y eso no otorga ninguna consideración (positiva o negativa) especial hacia el Gobierno. 

Es probable que las decisiones tomadas sean las únicas posibles en un país que ya tiene una deuda pública que llega a US$302.700 millones (58% del PBI para fin de año); 30% de pobreza; un crecimiento que no logra encarrerarse a un ritmo superior al 3% anual y arrastra el lastre provocado por una década de corrupción en la que se perdió, cuanto menos, un 2% del PIB (US$11.000 millones), según datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).