DOMINGO LIBRO / LA LARGA HISTORIA DE LA ADUANA PARALELA


A la sombra del Estado

Las “zonas oscuras” de la Aduana han vuelto a la agenda mediática con el escándalo que golpea a Juan José Gómez Centurión, suspendido provisoriamente de la dirección el organismo. En Fuera de control, el periodista Matías Longoni reconstruye una realidad que ya lleva décadas, que ha resistido varios intentos por combatirla, y que en la etapa kirchnerista se expandió en forma inédita al amparo del poder político.

Entrada. Algunos consideran a la Aduana como una entidad autónoma de más de 219 años, mientras que para otros es “la institución más antigua del país”. Tiene a su cargo la legislación de la importación y exportación de productos.
Entrada. Algunos consideran a la Aduana como una entidad autónoma de más de 219 años, mientras que para otros es “la institución más antigua del país”. Tiene a su cargo la legislación de la importación y exportación de productos.
Foto:Cedoc Perfil
La AFIP nació el 14 de octubre de 1996, apenas un par de meses antes que la Oncca. Fue luego de que el ex presidente Carlos Menem, por el Decreto 1156, dispusiera la fusión en un único organismo de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Nacional de Aduanas (ANA).

No tuvo que ver, en esta decisión, el matarife Samid. Sus andanzas de entonces parecían cosas de niños frente a los monumentales escándalos de corrupción que, a lo largo de la década de los 90, protagonizaron diferentes gestiones que estuvieron al frente de la Aduana.

La creación de la AFIP puso fin a la “época de los alfajores”. En la jerga de la Aduana, se denominó así a un lustro en el que se sucedieron allí desastrosas gestiones de jóvenes funcionarios cordobeses ligados al poderoso ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Aunque no todos los alfajores provienen de Córdoba, sonaba lindo.

Para los aduaneros, la creación de la AFIP tuvo un enorme peso simbólico: por primera vez en una larguísima historia, mucho más vieja que la de la República, deberían agachar la cabeza y subordinarse a los dictados de otro organismo. En su formidable reconstrucción de la historia de la Aduana, el historiador Carlos Horacio Bruzera lamenta que “219 años de historia concluían desafortunadamente”. Y explica: “La institución fiscal más antigua de Argentina desaparecía derrotada hasta cierto punto por el indomable contrabando. Aquel antiguo delito que, puesto en práctica por los fenicios y siempre perfeccionado, llegará hasta nosotros entre arbustos costeros y arribadas forzosas para culminar con la apoteosis de la aduana paralela”.

Fueron más de 219 los años de historia de la Aduana como entidad autónoma. Otros estudiosos prefieren pensar a ese organismo como “la institución más antigua del país”, ya que consideran que “su origen se remonta a los tiempos de la conquista y colonización españolas”. Desde ese punto de vista, los primeros derechos aduaneros en tierras del Plata fueron establecidos por Real Cédula del 19 de julio de 1534, firmada por Carlos V a favor del primer colonizador que tuvieron estas tierras, don Pedro de Mendoza. Aunque hubo que esperar a la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires –en junio de 1580, por don Juan de Garay– para que la primera Aduana cobrara forma. Garay nombró al criollo don Diego de Olabarrieta como receptor de rentas aduaneras.

La llegada, en junio de 1586, de mercaderías diversas a bordo de la carabela Nuestra Señora del Rosario resulta ser el primer registro oficial de una importación. El debut de la exportación, en tanto, se concretó el 2 de septiembre de 1587, cuando zarpó la carabela San Antonio transportando frazadas, sombreros y otros artículos artesanales de la región. Brasil, en ambos casos, aparecía ya como socio comercial obligado.

Del contrabando no queda registro. Pero si ya en tiempos de coloniaje resultaba ser un dolor de cabeza o una tentación para las autoridades, en la década menemista se transformó casi en una costumbre. Varios escándalos y algunas muertes dudosas colocaron a la Aduana en el centro de todas las miradas.

La muerte del interventor de la Aduana designado el 30 de enero de 1990 inauguró esa larga saga. Rodolfo Echegoyen era un brigadier retirado de la Fuerza Aérea que tuvo la mala suerte de ser una persona recta. El personal de la Aduana lo valoró de entrada y agradecía el respaldo que este militar –que de inmediato impuso un plan de jerarquización para los 3.500 empleados– le brindaba casi todos los días.

El brigadier solía caminar por las oficinas y hablar con ellos, a punto tal que en la Secretaría de Interior, los empleados bautizaron como “Paso Echegoyen” a un acceso entre dos mostradores por donde acostumbraba circular.

“Usted no está estructurado para estar en la Aduana. Váyase. Olvídese”. Esa recomendación, según revelaron sus familiares, fue la que escuchó Echegoyen de parte del brigadier general Ernesto Crespo, ex jefe de la Fuerza Aérea, en un restaurante de Pinamar en septiembre de 1990. Echegoyen había comenzado a investigar las posibles conexiones entre sus viejos camaradas de armas y algunas empresas que operaban en el aeropuerto de Ezeiza. El jefe de la Fuerza Aérea, en aquel momento, era el brigadier general José Juliá.

El 5 de noviembre de ese año, Echegoyen tomó la decisión de dejar el cargo. Fue cuando leyó en el diario Clarín unas declaraciones del subsecretario de Finanzas Públicas, Raúl Ernesto Cuello. “La Aduana es un queso gruyère por el que se pierden mil millones de dólares”, había dicho el alto funcionario de un gobierno que ya en ese entonces impulsaba sin disimulo la privatización de buena parte de los controles aduaneros. En una de esas concesiones, la de los depósitos de Edcadassa, apareció desde las sombras el empresario Alfredo Yabrán.

“No entiendo cómo me han hecho una cosa así. El único que investigó la subfacturación fui yo, y justo a mí me vienen a hacer quedar como un sospechoso”, se quejó el ex brigadier ante dirigentes sindicales aduaneros. Echegoyen había detectado cerca de 57 mil expedientes con “constancias de subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones”.

Sus cálculos eran peores que los de Cuello: hablaba de ilícitos por unos 1.800 millones de dólares. Por eso había pedido una investigación de las operaciones aduaneras concretadas entre 1988 y 1990.

El 12 de diciembre de 1990, ya fuera del cargo y luego de participar del casamiento civil de uno de sus hijos, Echegoyen recibió un llamado telefónico y avisó a los suyos que debía dirigirse a una reunión “con gente de Aduana”. Esa misma madrugada, su yerno lo encontró muerto en su escritorio de Arroyo al 800, con un balazo en la cabeza. La tesis oficial fue que se trató de un suicidio. Sus familiares sospechan que fue asesinado. Echegoyen era diestro. Pero, según las pericias, se disparó con la mano izquierda.

Quince días antes, el hermano de Echegoyen lo había escuchado decir: “Yo frente a la droga me paro. Se trata del futuro del país y de su juventud. Estoy reuniendo información y no me quedaré callado”.

Poco tiempo después de aquella muerte estalló el “Yomagate”, bautizado así porque tuvo como principal implicada a la ex secretaria y cuñada del presidente Menem, Amira Yoma.

Su esposo por entonces era el sirio Ibrahim al Ibrahim: ni siquiera hablaba castellano, pero fue designado por el gobierno como responsable de la Aduana de Ezeiza. Ambos pertenecían a un grupo que se dedicaba a blanquear en el país, a través de diversas compras, varios millones de dólares producidos por el negocio del narcotráfico en Nueva York. Amira era quien hacía pasar las valijas con el dinero por Ezeiza, donde se burlaban por completo los controles aduaneros. “La mafia del oro”, que actuó entre 1993 y 1996, volvió a mostrar que el sistema aduanero estaba diseñado para cometer todo tipo de tropelías. Al amparo de varias resoluciones del Ministerio de Economía, el grupo Casa Piana envió a los Estados Unidos metales sin valor, como medallitas de plomo, como si fueran supuestos embarques de oro. Fue una “calesita” montada para cobrar indebidamente millonarios reintegros del Estado. Enrique Piana, principal acusado de las maniobras, admitió tiempo después que periódicamente sobornaba al ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, a cambio de “cobertura política”.

En el primer período presidencial de Carlos Menem, además, se produjo la venta ilegal de armamento hacia Ecuador y Croacia: unas 6.500 toneladas de fusiles, municiones y hasta cañones del Ejército pasaron frente a los empleados aduaneros con destino a dos países que estaban en guerra y a pesar de los embargos dispuestos por las Naciones Unidas. Por este asunto, el ex presidente Menem llegó a estar detenido unos pocos meses en una cómoda casa quinta. Pero en septiembre de 2011 fue exonerado de toda culpa por la Justicia, al igual que otra quincena de sospechados.

En 1994, como si faltaran escándalos, al subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, lo asesinaron de un balazo en la nuca en un vagón de tren, cuando regresaba a su casa. Investigaba un posible contrabando de droga en un depósito aduanero de Avellaneda.

Por aquellos años hasta se llegó a acusar a un juez federal, Carlos Branca, por brindar protección a una banda de contrabandistas que operaba en Ezeiza, y que ingresaba ilegalmente palos de golf, perfumes y otras mercaderías de free shop.

Gustavo Parino, uno de los jóvenes cavallistas cordobeses que protagonizaron “la época de los alfajores”, llegó a la conducción de la Aduana en 1992 y permaneció allí hasta 1995.

Según una impecable investigación que llevó a cabo el periodista Daniel Otero, el principal rasgo de su gestión fue que se rodeó de un pequeño elenco de asesores de su confianza a los que colocó en puestos clave de la conducción del organismo.

Se destacó entre ellos Osvaldo Ferrer, otro cordobés que, según Otero, “no cumplía con un requisito administrativo menor”, que era el de haber pasado “un mínimo de dos años sin actividad como Despachante de Aduana”. Fue al amparo de este tipo de personajes, que atendían en dos mostradores simultáneamente, que se incubó lo que después se conoció como la “aduana paralela”.

Todo estalló de casualidad. En junio de 1995, la SIDE recibió un alerta de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) que advertía que desde un puerto de Irán se habían embarcado con destino incierto seis peligrosos misiles. La Argentina ya había sufrido dos atentados terroristas meses antes. Convencidos de que podían estar delante de un peligroso complot internacional, los agentes de Inteligencia investigaron presurosos si alguna de esas armas podía haber ingresado a la Argentina y fueron a dar a un depósito fiscal sospechoso. El contenedor de marras guardaba efectivamente mercadería de contrabando, pero no misiles sino 22 toneladas de corpiños.

El insólito caso motivó la primera denuncia formal en un Juzgado Penal Económico, cuyo titular era el juez Guillermo Tiscornia. Unos meses después, la denominada “aduana paralela” también provocó la creación en el Congreso Nacional de una comisión investigadora.

Como la gestión kirchnerista con la desaparecida Oncca, el menemismo optó por esconder sus propias culpas bajo una alfombra. Pero como no podía disolver la Aduana, decidió fundirla con la DGI en la flamante AFIP. Fue en octubre de 1996. El 31 de diciembre de ese año, además, el ex presidente Menem ordenó por el Decreto 1630 a la Procuración del Tesoro, que reúne a los fiscales del Estado, que instruyera sumarios disciplinarios a cerca de 500 empleados sospechados de la Aduana.

El escándalo era de tal magnitud que incluso salpicaba los puntos más alejados del país. En Río Gallegos, Santa Cruz, la Justicia Federal también investigaba una serie de exportaciones irregulares de calamar por cerca de 800 millones de dólares, realizadas por 19 empresas pesqueras que habían cobrado reembolsos de manera indebida.

Ricardo Echegaray había sido nombrado agente de esa dependencia, como guardia aduanero, a fines de 1993. El periodista santacruceño que más investigó las gestiones de Néstor Kirchner en esa provincia austral, Héctor Barabino, recuerda muy bien que lo entrevistó por un caso de contrabando de productos de electrónica desde Chile. En aquella ocasión, Echegaray le confesó su pertenencia al conjunto de funcionarios que, como Parino y su tropa, respondían ciegamente a Domingo Cavallo.

Más allá de su acomodaticio alineamiento con el poderoso ex ministro que fagocitó al extremo la retirada de la intervención estatal sobre la economía, en 1997 Echegaray era un sobreviviente de la gran purga de agentes producida en la Aduana. En el Boletín Oficial del 29 de septiembre de 1997, una disposición de la AFIP lo ratifica como jefe de Sumarios de la Aduana de Río Gallegos. Su número de legajo era el 27605-7.

Matías Longoni