DOMINGO REPORTAJE A DANIEL SABSAY

“La Argentina es como un estado de ‘no derecho’”

Jurista, cree que la embestida del Gobierno, a través de la Procuradora General, contra el fiscal José María Campagnoli, es algo gravísimo que sólo tiene antecedentes en los gobiernos de facto. Y explica que entre las causas profundas de los saqueos que se viven otra vez ve el poco apego a la ley de quienes ejercen el poder.

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Foto:Sergio Piemonte

En las últimas horas se han sumado nuevos apoyos al fiscal José María Campagnoli a quien la procuradora general Alejandra Gils Carbó ha pedido suspender para someterlo a un juicio político y mientras conversamos con el jurista Sabsay (profesor de Derecho Constitucional en la UBA) a pocas cuadras una marcha reclama en apoyo a Campagnoli que, no olvidemos, es el primero que investiga a fondo el caso Lázaro Báez.
—Exactamente, asiente Sabsay. Como fiscal, Campagnoli subrogó la investigación y llegó a profundizarla de manera notable. También es cierto que, en realidad, se entendió que este caso era propio de un fiscal Federal y esta ha sido la grieta a través de la cual la fiscal General Gils Carbó ha avanzado por considerar que Campagnoli ha producido una suerte de abuso en sus funciones y por lo tanto quiere iniciarle el trámite para el juicio político. Lo cual es algo…al menos, sorprendente.
—Disculpe mi ignorancia, doctor. ¿Por qué lo sorprende tanto?
—Simplemente porque, dentro de lo que significan los controles entre los poderes, cuando un fiscal o un juez actúa fuera de su competencia esto se soluciona a través de nulidades si es que efectivamente el hecho se produjo, pero de ninguna manera puede ser su remoción el producto de esta presión. Le digo más: el fiscal cumplió con su función que es llevar a cabo las investigaciones que han sido muy conducentes. Si después resulta que el fiscal era incompetente eventualmente se anulará lo que actuó o el fiscal competente se hará cargo de esa labor pero eso de ninguna manera implica un mal desempeño. De lo contrario, todos los fiscales estarían totalmente amedrentados. Siempre, en la Argentina, cuando la gente nota determinados delitos (sobre todo los delitos contra la administración pública) advierte que se trata de delitos de corrupción. Y la pregunta que siempre formulan los abogados es ¿por qué nadie denuncia? Bueno, ese “nadie” es un fiscal que no ha denunciado.
—¿Así de claro?
—Me refiero, desde ya, a un caso X. Pero, efectivamente, ellos tienen el monopolio de la denuncia en defensa de los intereses de la sociedad y de la legalidad. Por lo tanto, un fiscal que por ahí actuó inclusive en demasía, bueno, pues bienvenido sea. No le va a causar ningún daño a nadie. Eventualmente se anulará aquello que hizo afuera de su competencia. Lo importante es que demuestra un gran desempeño. Este fiscal sintió que estaba llamado a investigar frente a hechos graves. Tan graves como el caso Báez que hemos visto en el programa Periodismo para todos y que creo que, a gran parte de los argentinos, nos produjo una sorpresa y una repugnancia enormes. Y esto ocurre aún más cuando advertimos la lentitud con que esos hechos son investigados. Allí el fiscal es la chispa porque es el que enciende los caminos para que, luego, los jueces lleven a cabo los procesos. Y cuando uso el término “cuando encienden los caminos” me refiero precisamente a que investigan y denuncian y llevan hacia los jueces la trama que, eventualmente, va a permitir desentrañar la verdad que marca el camino hacia la solución del problema.
—Lo más impresionante es que figuras del elenco gobernante aparezcan comprometidas en este caso.
—Sin duda. Los gobernantes que juran por la Constitución y por el cumplimiento de la Constitución, lo hacen en el sentido de que son los grandes defensores del orden institucional. Por lo tanto, la existencia del ministerio público es el conjunto de los fiscales. Y para que se entienda: la titularidad máxima está en manos del Defensor General de la Nación y del Procurador General de la Nación. Hoy, ambas son mujeres y en el caso que nos interesa la Procuradora es la doctora Gils Carbó. Justamente, a través del artículo 120 de la Constitución (que es producto de la reforma de 1994) esto significó un avance enorme porque creó lo que se llama un organismo “ad hoc” con independencia tanto funcional como financiera.
—Es decir que la doctora Gils Carbó es la fiscal de los fiscales.
—Y ese organismo tiene como función la defensa de la legalidad, la protección de los derechos de los habitantes frente a delitos contra el patrimonio del Estado o delitos en general contra la administración pública. Así es que el rol de ella es protegernos a nosotros y, de ahí en más, a todos los fiscales que aparecen en las distintas instancias. Lo que vemos en el desempeño de la doctora Gils Carbó es que se ha producido una inversión de su rol.
—¿Por qué?
—Porque vemos constantemente que ella protege a quienes ocupan el Poder Ejecutivo y no, en cambio, a nosotros ciudadanos frente a los eventuales abusos que puedan cometer la titular del Poder Ejecutivo y todos los funcionarios que integran el elenco gobernante. Por eso, tanto en este caso como en otro (también muy sonado) con el fiscal Marijuán (porque también allí la doctora Gils Carbó quiere denunciarlo e iniciarle un procedimiento de remoción) resulta claro que aquellos pocos fiscales más independientes y que toman su función como realmente debe ser desempeñada se ven permanentemente entorpecidos en su accionar. Y esto no es nuevo.
—¿Quiere decir que ha ocurrido siempre?
—No. Y le aclaro: esto no es nuevo en la gestión de la doctora Gils Carbó. Pensemos que ella es quien sustituye al ex Procurador General Righi y recordemos también por qué Righi deja de ser Procurador General. Esto se inscribe absolutamente en el caso Boudou.
—¿Me amplía la explicación?
—Cuando el caso Boudou llega a tal grado de avance que se allana el domicilio en el que se descubre el inicio del vínculo Vandenbroele-Nuñez Carmona-Boudou en Puerto Madero ¿qué genera? Respecto del juez Rafecas aparece un intercambio de mails con el abogado de Boudou que permite sacarle el expediente y que, al mismo tiempo, repercute sobre el fiscal Rívolo que había actuado de manera más activa y agresiva. Pero, además, provoca la renuncia del doctor Righi que se siente desautorizado por no haber parado la actividad de Rívolo y haber impedido el allanamiento del domicilio. Es decir que vivimos una suerte de panorama en el cual, para quienes enseñamos derecho constitucional, parece que la lección está invertida. Y le explico por qué: si nosotros, en un examen, le preguntamos a un alumno acerca de un caso concreto como este (¿qué debe hacer un fiscal?) y contestara con los hechos que conocemos…bueno, le ponemos un cero. ¿Por qué? Pues porque no entendió el rol del fiscal y de la Procuradora General que es la máxima instancia. Recordemos que la Procuradora General es la fiscal ante la Corte Suprema y tiene un rango similar a los miembros de la Corte. Es una funcionaria de altísimo rango en la defensa y el control de la legalidad y de los derechos,reitero, de todos nosotros y del patrimonio del Estado.
—Y usted, como jurista, cómo ubica la relación de la doctora Gils Carbó con la Corte?
—La relación de Gils Carbó con la Corte es sumamente tirante. Basta ver que, en la mayoría de los casos en los que la Corte está obligada a dar vista para que ella dictamine (el dictamen no es vinculante) en los casos más sonados la Corte no sigue la opinión del dictamen. Ni la toma en cuenta. O sea, como si fueran dos caminos que se bifurcan. Y esto, generalmente, no ocurre. Incluso, muchas veces, lo que dice el Procurador General es luego “hecho suyo” por los miembros de la Corte y lo transforman en sentencia de la Corte. Y desde que está Gils Carbó esto no ha ocurrido prácticamente en ningún caso de relevancia.
—¿Hay antecedentes de circunstancias semejantes a las que usted describe?
—Bueno, yo creo que en ese caso habría que remontarse a gobiernos de facto. Sin embargo, en los gobiernos de facto (y la Argentina es tan contradictoria) uno de los Procuradores Generales más célebre y uno de los juristas más importantes del país fue el doctor Sebastián Soler que se desempeñó como Procurador General con la Revolución Libertadora. Y que conste que no estoy hablando laudatoriamente de la Revolución Libertadora. Pero, todavía hoy, los dictámenes del doctor Soler son tomados como un paradigma, un modelo de independencia y de profundidad jurídica. Ahora bien, durante todo el último proceso militar los Procuradores generales tuvieron realmente un rol muy lamentable. Hacían la vista gorda. Eran una mera formalidad. Y recordemos que Menem remueve al ex fiscal general Andrés D´Alessio.
—¿El mismo que actuó en el Juicio a las Juntas de Comandantes?
—Efectivamente. En aquel momento se desempeñaba como Procurador General y había sido designado durante la presidencia del doctor Alfonsín. Fue un modelo de Procurador General y recordemos que Menem, poco después de asumir, lo removió. Esto fue muy criticado y llevó a que se incluyera en el articulo 120 de la Constitución reformada en el 94 para que, en el futuro, no se pudieran efectuar este tipo de remociones. Es decir, que se mantuvieran los Procuradores Generales con inamovilidad independientemente de los gobiernos que se sucedieran para que ejercieran un control efectivo. En Santa Cruz, por ejemplo, no por casualidad el procurador General que fue el doctor Eduardo Sosa (de quien me siento honrado de haber sido su abogado patrocinante) fue removido inconstitucionalmente por los Kirchner que dividieron el cargo y consideraron que entonces ya no “existía” más y, a principios de los años 90, lo dejaron en suspenso. Allí comenzó luego un extenso peregrinar que dio lugar a 5 sentencias ante la Suprema Corte donde se exigió la reposición del doctor Sosa como Procurador General. Esto nunca se cumplió.
—¿Por qué?
—Porque siempre tuvieron, como Procuradores Generales, a personas totalmente “del palo” Vemos, ahora, que esto se repite a nivel nacional. El doctor Righi cumplió una función muy digna y discreta que permitió el allanamiento del departamento de Madero Center del Vicepresidente de la República. Para el gobierno esto marcó un límite y lo removió. Por las circunstancias se vio obligado a renunciar. Se ubicó entonces allí al doctor Daniel Reposo (actual síndico general) una persona que carecía de toda idoneidad y que había mentido acerca de la mayor parte de sus antecedentes. No logró los dos tercios para ser designado y entonces, cuando se propone a la doctora Gils Carbó la orfandad de antecedentes del doctor Reposo hace que gran parte de la oposición se engañe con respecto a la independencia de criterio de ella. Inclusive escribí al respecto señalando que, dentro de la noción de idoneidad técnica debe existir una relación con la ética y, sobre todo, con la independencia de criterio. Respecto a lo segundo, ella planteaba grandes interrogantes. Por ejemplo, en ciertos casos clave, como por ejemplo con el grupo Clarín, había demostrado una terrible arbitrariedad muy sesgada con la opinión oficial. Esto se confirma hoy. Volviendo al doctor Marijuán éste la denunció por haber nombrado fiscales sin tener la facultad para hacerlo. Me refiero al fiscal antilavado Gonella. Los nombramientos de los fiscales no son actos simples en los que sólo decide la Procuradora General. Es como si los miembros de la Corte se quedaran vacantes de jueces y decidieran poner allí a amigos. Este no es el procedimiento y le vale a Marijuán una persecución.
—Y esto ha traído una reacción de la sociedad.
—Posiblemente nunca la imaginaron. Fíjese que, en pocos días, las redes sociales del sitio www.change.org habían registrado hasta el miércoles pasado cerca de 85.000 firmas. Le reitero, un número record para tan pocos días. Por otra parte la Asociación de Magistrados le ha brindado un comunicado de apoyo. También lo han hecho sus pares de las asociaciones de fiscales y Defensores. Pero sucediere lo que sucediere esto es algo disuasorio a futuro en términos como “investiguen sin seguir lo que nosotros pensamos y van a ver cómo les va a ir” Esto, me parece gravísimo.
—Como también lo es cuanto está ocurriendo en el país con gente armada en la calle y policías ausentes en determinadas provincias. Como jurista usted piensa que existe una amenaza latente para todo aquel que no sigue determinados caminos?
—Sin duda. Esto aparece en forma clarísima. Primero lo vivieron los medios y los periodistas pero ahora se ha extendido a todo lo que implica control. ¿Por qué ese celo en impedir que haya periodistas independientes? Implica información que se colectiviza y el “no saber” genera precisamente un nuevo requerimiento de la gente que pide investigación por parte de los organismos de control que, eventualmente, también aplican sanciones. Este es el modelo que se reproduce, desgraciadamente, en la mayor parte de las provincias. Por eso no sorprende que prácticamente todos los presidentes que hemos tenido desde 1983 (salvo el caso de Alfonsín) hayan sido gobernadores. Y Kirchner ha reproducido un modelo feudal en donde hay confusión de poderes y en el cual los problemas judiciales están absolutamente manejados de acuerdo a la voluntad de los gobernadores y del partido gobernante.
—Daría la sensación (por lo menos en estas horas) que hay complicidades ocultas en el más alto nivel. Y esto para la civilidad es terrible.
—Sin lugar a dudas. Es como el Estado de “no derecho”. Porque el Estado de Derecho implica en primer lugar el condicionamiento de todas las conductas de quienes ejercen el Poder y tienen autoridad, a lo que la Ley marca. Por eso hablamos de “Estado de Derecho”. El Estado, el gobierno de turno, está sometido al Derecho que se concreta a través de un conjunto de normas jurídicas que tienen además una enorme jerarquía. Si esto se quiebra, se rompe, se cae en la anarquía. Esto, por desgracia, lo estamos viendo en estos días puesto que la anarquía se manifiesta a través de situaciones de violencia, de saqueo, de actos extorsivos ante gente indefensa detrás de las rejas de sus negocios y, a veces, con armas en la mano.
—¿Cómo analiza las palabras del jefe de Gabinete Capitanich cuando en su primera aparición luego de los sucesos de Córdoba señaló que estos hechos eran inherentes a cada provincia y que, por ende, era la provincia quien debía hacerse responsable por ellos? Gente armada en la calle es un tema nacional ¿o me equivoco?
—No sólo es un tema nacional. Si bien las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires son autónomas, la Nación Argentina es un estado único y, ante las distintas jurisdicciones las relaciones deben regirse por la solidaridad, la cooperación y no por un bloqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado nacional (que es el garante de la seguridad de todos) observa un grado de anarquía, de violencia y, prácticamente, de batalla campal en una ciudad como Córdoba o Tucumán o cualquier otra, debe tener la iniciativa (aunque nadie lo llame) porque estos hechos son similares a una catástrofe de la naturaleza. Algo que irrumpe. Debe entonces consultar con las autoridades pero no lavarse las manos como si se tratara de otro país. Esto es absolutamente contrario al sistema. Como si no fuéramos todos argentinos. Esta es una situación de hipocresía muy notable y que siempre nos ubica en esta relación de amigos-enemigos.



Magdalena Ruiz Guiñazú