DOMINGO

Militares al banquillo

En Los hombres del juicio Pepe Eliaschev entrevistó a los jueces que cumplieron un papel histórico al condenar a los militares de la última dictadura militar argentina. Cómo se conformó el tribunal y cuáles fueron los desafíos que enfrentó. Los riesgos a los que se expusieron y el temor a que se produjera un nuevo golpe. Cómo lograr objetividad para poder impartir justicia y lograr así sentar un precedente para la Argentina y para el mundo.

Foto:Cedoc Perfil

Rescatar la historia humana de quienes no cazaron en el Zoológico, contar quiénes eran, de dónde venían y cómo condenaron a los mayores criminales de la historia argentina era una maravillosa oportunidad de ajustar cuentas.
En mi mirada, sin embargo, me importaba escribir para quienes no pueden saber bien qué sucedió porque eran muy jóvenes o ni siquiera habían nacido. La propuesta se hizo proyecto y el proyecto inició su rodaje, al cabo del cual el lector tiene el resultado en sus manos. (…)
En los intersticios de lo posible, la Argentina caminó entre mediados de 1983 y fines de 1985 por un doloroso y estrecho sendero, angostado por amenazas, riesgos y debilidades. Esta es mi convicción desde siempre: en eso, el país salió airoso. En algún mapa histórico mundial, pero sobre todo cuando las polvaredas asfixiantes de esos años amainen, se podrá decir que en una frustrante y cacofónica nación llamada Argentina se administró justicia. (…)

León Carlos Arslanian. Enrolado en la carrera judicial, ascendente y muy enfocada, León Carlos Arslanian construyó en lo personal un itinerario profesional como jurista en medio de un país despeñado en una violencia demencial, donde lo que menos importaban eran las leyes y los jueces. Hasta que un mediodía de febrero de 1984, con Alfonsín ya en la presidencia, almorzando en la Asociación de Magistrados con el juez federal de la Cámara de San Martín, Hugo Fosatti, vio llegar a Andrés D’Alessio y a Ricardo Gil Lavedra.
“Estaban muy apurados y necesitaban hablar conmigo urgentemente. Venían a transmitirme un comunicado del Poder Ejecutivo Nacional. Realmente me sorprendieron. Yo estaba planeando salir de la Justicia, a la que pertenecía desde 1963. Algo imaginaba sobre el ofrecimiento (...) Hablamos del rol que iba a tener la Cámara Federal. La idea era que sirviese como tribunal de apelación a las sentencias del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Me entusiasmó la idea, pero me preocupó mucho la conformación de ese tribunal. A mí me interesaba saber quiénes formarían parte de esa cámara. D’Alessio y Gil Lavedra no sabían bien qué rol iban a ocupar pero, como militantes radicales, se veían adoptando un papel político junto al doctor Alfonsín. Como todo gobierno que se está armando, ellos no sabían si iban a terminar como ministros de algo, o quién sabe dónde. (...) Al día siguiente, cuando ya estaba decidido a dar el “sí”, me llamó el flamante ministro de Justicia, el doctor Carlos Alconada Aramburú, para formalizar el ofrecimiento. Muy halagado por el llamado, le expliqué que, honestamente, no compartía sus mismos ideales políticos. Si bien nunca tuve una marcada tendencia, me simpatizaba el peronismo. Me respondió con lo que fue una gran actitud de Alfonsín: a él no le importaban las diferencias. Acepté integrar la Cámara Federal. (…)

Jorge Valerga Aráoz. Los militares nos pidieron que nos quedáramos tranquilos. Dictaron una ley que creaba un régimen especial de jubilaciones sin límite de edad mínima, y establecía que aquellos jueces que no obtuvieran el acuerdo del próximo Senado, en lugar del 85% móvil que establecía la ley de jubilaciones del Poder Judicial podían obtener una jubilación del 70% móvil hasta alcanzar la edad de sesenta años, cuando se obtiene la jubilación plena del Poder Judicial.
Para poder obtener ese beneficio, los jueces tenían que hacer una opción especial, una declaración jurada acogiéndose a las prerrogativas de esa ley. No se entendía muy bien para qué, pero la ley así lo establecía. Todos los jueces que veía a mi alrededor se apuraron a mandar esa nota al Ministerio de Justicia, acogiéndose y optando por los beneficios de esa ley. La ley decía que quien no lo hiciera, y no contara con acuerdo del Senado, se quedaría en la calle sin ningún benefi- cio social. Era una “apretada” muy fuerte del gobierno militar para ganarse el posible favor por lo que pudiera suceder con posterioridad, previendo causas y ganando simpatías. (...)
Al poco tiempo, los militares dictaron su autoamnistía y al día siguiente yo la declaré nula por anticonstitucional, convencido de que, para empezar, ordenaba a todos los fiscales pedir su aplicación en todos los expedientes en que se estuvieran investigando privaciones ilegales de la libertad, con estas características. Por disposición del Ministerio de Justicia, los fiscales ya comenzaban a pedir a todos los jueces que preparáramos un listado de las causas por privaciones ilegales de libertad. Era evidente a qué estaba dirigida la autoamnistía, pero ¿me correspondía como juez dictar la inconstitucionalidad de esa ley? Fue un verdadero dilema. (...)

Jorge Torlasco. En esa comida en la casa de Carlos Nino, Alfonsín no admitió sufrir presiones militares, pero confesó su temor a que le hicieran un golpe de Estado. Era evidente, por lo que los diarios escribían todos los días, que los militares corcoveaban.
Antes, durante el juicio, presidí varias audiencias, porque nos alternábamos en esa función. Durante esos meses me planteé muchísimas veces si estábamos en presencia de unos terribles, aunque inteligentes y eficaces hijos de puta, o se trataba de una banda de salvajes incompetentes. En función represiva, no fueron ni inteligentes ni incompetentes, porque lo cierto es que los militares se encontraron a mediados de los años setenta con un país donde había bandas y células que cometían homicidios y atacaban cuarteles.
La mayor parte de las víctimas de esos ataques eran militares o policías, asesinados por revolucionarios, guerrilleros o terroristas, organizados en células totalmente
compartimentadas.

Ricardo Gil Lavedra. Alfonsín nos hizo el ofrecimiento a través del ministro Carlos Alconada Aramburú, un buen comercialista y jurista correcto, pero alejado de temas penales. La responsabilidad sería nuestra y la política judicial la haríamos nosotros. Ejerceríamos el cargo con total independencia.
Los jueces militares del Consejo Supremo no querían y no sabían abocarse a la causa. Una de las mayores dificultades que tuvo el Juicio a las Juntas era cómo juzgar a estos individuos. El decreto de Alfonsín como comandante en jefe se circunscribía a esta gente, a la que se acusaba de miles de hechos. ¿Cómo se juzgaban miles de hechos? Porque si había una megacausa era ésta. Esto requería cierta competencia profesional que el Consejo
Supremo no tenía, de la que carecía absolutamente.
Se trataba de generales, almirantes y brigadieres, con un auditor acostumbrado a juzgar defraudaciones o robos en los cuarteles, pavadas de ese tipo. No tenían ninguna vocación política. Un universo insoportable se les venía encima. (..)
 Cuando Alfonsín firmó el enjuiciamiento de las Juntas, el Consejo Supremo abrió el expediente a partir de ese decreto 158 de Alfonsín. Empezaron a lloverles de todo el país miles de expedientes o denuncias por privaciones ilegales de libertad, que aterrizaron en las oficinas del Consejo Supremo.

Andrés D’Alessio. Para D’Alessio la injusticia siempre era algo inaguantable. Enemigo de las venganzas, su idea de la Justicia era que por lo menos y sobre todo se sepa quiénes han delinquido. Si se los puede condenar, mejor.
Dos años después, el 4 de abril de 2009, perdió finalmente su larga batalla contra una enfermedad que de una forma u otra fue su compañera desde casi siempre. Nació en Buenos Aires el 17 de abril de 1940 y murió el 4 de abril de 2009. La peripecia existencial de D’Alessio fue serena y potente. Tenía 43 años cuando el flamante gobierno democrático lo seleccionó para la Cámara Federal que terminaría juzgando y sentenciando a los integrantes de las juntas militares que gobernaron la Argentina de 1976 a 1983. (...)
Andrés le abrió la puerta de la Corte a la Asociación Madres de Plaza de Mayo ya a fines de 1981. Al día siguiente del encuentro, la prensa recogió sus palabras, inconfundibles: la Justicia no debe resignar su lugar en la búsqueda de la verdad; puede ser lenta, pero siempre llega. (...)
En enero de 1984 esperaba indudablemente un llamado. Y lo llamaron. Un día el que lo citó fue el nuevo ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú. El gobierno lo quería como juez de la Cámara Federal porteña. (...)

Guillermo Ledesma. Se produce finalmente el derrumbe de las Fuerzas Armadas. La promesa que hacía en campaña Alfonsín de que iba a haber juicios no me suena mal. Creo que cuando a un juez le fijan un objetivo, se transforma de hecho en un inconsciente. Si me dicen “flaco, tenés que juzgar esto”, yo, como soy un inconsciente, voy y lo juzgo.
Para mí, no era tan claro en ese momento que se habían cometido crímenes inaceptables en nombre de una causa durante el gobierno militar. El velo todavía me tapaba un poco los ojos… Le tomo declaración en un hábeas corpus a una señora, madre de un desaparecido al que llevan a verla de visita dos tipos de vez en cuando. La señora me jura que son oficiales de la ESMA, por su aspecto y por el trato que le dan. Le digo, “bueno, señora, vamos ya mismo al comando de la Marina y pidamos ver las fotos de todos los oficiales”. La señora me dice “no me animo, doctor”. Se opone a firmar. Yo tampoco me animo, pero ella tenía un hijo desaparecido. Después lo pienso, pero en ese momento me parece raro.  Con el tiempo comprendería que la mujer protegía a toda su familia. Desaparecido el hijo, capaz que venían y se la llevaban a ella, a la hermana, a la tía…



Pepe Eliaschev