DOMINGO CORRUPCIóN Y FUGA DE CAPITALES, MáS ALLá DE LA IDEOLOGíA

Nuestras zonas erróneas

Dos libros para conocer el lado oscuro de la Argentina. Hugo Alconada Mon describe cómo el sector público ha sido utilizado para emplear militantes, amigos o amantes, hasta consolidar la figura del ñoqui. Santiago O’Donnell y Tomás Lukin señalan los mecanismos de evasión de dinero de los poderosos, incluyendo a la familia Macri.

Gráfico. Los rostros de los poderosos del mundo que aparecieron en los ducmentos de Panamá.
Gráfico. Los rostros de los poderosos del mundo que aparecieron en los ducmentos de Panamá. Foto:CEDOC

Hay hijos, maridos, padres, hermanos, sobrinos, cuñados. También novias y amantes. Incluso, peluqueros, manicuras y hasta dos ex integrantes del programa Gran Hermano de televisión. Son apenas algunos de los familiares y amigos designados durante los últimos años en el Congreso de la Nación. Muchos de ellos van a trabajar. Cumplen con sus tareas y se comprometen con el servicio público. Otros, ni siquiera pisan la Ciudad de Buenos Aires. Algunos porque colaboran en sus provincias con los legisladores nacionales que los nombraron. Pero otros muchos, no… porque no.

Son ñoquis.

Ñoquis =empleados públicos que sólo aparecen una vez al mes –y ahora, con las tarjetas de débito, ni eso– para cobrar su salario. Y, obvio, dejan una tajada de sus sueldos en manos del legislador o funcionario que los designó.

En ocasiones, el 10%. En ciertos casos que conoce este autor, hasta el 60%. Algunos lo hacen para contribuir con un proyecto político; otros lo toleran por necesidad, porque necesitan el empleo. Ejemplo teórico: veinte empleados con salario neto de $ 15 mil cada uno. Sumados dan $ 300 mil por mes. Al cabo de un año, con aguinaldo incluido, acumulan $ 3.900.000. Si de allí se extrae el 25%, implica un fondo común de $ 975 mil cada 12 meses. Este ejemplo, por demás primitivo, ofrece un atisbo a la forma en que muchos políticos arman un fondo con aportes voluntarios –o no tanto– que ayuda a mantener su estructura política, financiar su próxima campaña electoral o montar una suerte de sistema de pensión, privado y temporal, para todo su equipo si les toca volver al llano. Aunque si el cacique es un truhán es para engordar su bolsillo y generar su piñata personal.

Va otro ejemplo: agrupaciones como La Cámpora –pero no sólo La Cámpora porque se repite en varios partidos políticos– hacen “vaquitas” del 1 al 10 de cada mes para juntar dinero con el cual cubren los alquileres de sus Unidades Básicas y la comida y los traslados en micros cuando viajan a militar a distintos puntos del país.

Va otro ejemplo más: sólo durante la gestión del vicepresidente Amado Boudou al frente del Senado se designaron 2 mil empleados más, pero no son todos cercanos al oficialismo. Más de la mitad de los senadores –de todos los partidos– contrató parientes. Que se suman así a los designados en gestiones anteriores, que se acumulan con el paso de los lustros y décadas por “capas geológicas”.

Muchos de esos senadores nombraron a sus familiares por una cuestión de confianza. Saben que sus hijos no los traicionarán, no abrirán la boca ante extraños y trabajarán a destajo. Es decir, no son ñoquis, pero sí beneficiarios directos del nepotismo.

A ellos se suman otros senadores, que optaron por tomar al Estado como una suerte de seguro personal de desempleo. Entre ellos, el ex presidente Carlos Saúl Menem con su hijo Carlos Nair. El riojano no asistió al recinto durante casi dos años, mientras que su hijo figuró como empleado en el Senado con un contrato de locación de servicios por $ 6 mil al mes hasta octubre de 2013 (...).

Entre 2003 y 2012, el sector público contrató un promedio de 278 personas por día, hasta superar los 3,6 millones de empleados públicos. Y desde entonces, el ritmo se aceleró: para 2015 el promedio de ingreso al empleo público trepó a 346 por día, entre 14 y 15 por hora; uno cada 4 minutos, según datos de los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera, en su libro Los platos rotos.

Valen, sin embargo, tres aclaraciones: la primera, que el 63% de los empleados públicos se distribuyen entre las provincias; otro 17% en los municipios; otro 17% en la Nación y el 3% restante corresponde a empresas estatales y bancos públicos. ¿Un ejemplo de nepotismo provincial? El del gobernador Daniel Scioli, cuya esposa Karina Rabolini preside la Fundación Banco Provincia, en la que antes figuró como deudora irrecuperable por US$ 1,4 millón, mientras que su hermano Nicolás Scioli fue primero secretario de Política Ambiental y luego vicepresidente ejecutivo del Grupo Banco Provincia, y su esposa Pilar Douradinha fue coordinadora de Desarrollo Social de la Dirección Provincial de Islas, consultora de la Organización para el Desarrollo Sustentable (rango de subsecretaria) y asesora en la Jefatura de Gabinete. No sólo eso. El ex motonauta también nombró en Islas a Roberto Casavecchia, el hombre que lo salvó en el río cuando perdió su brazo.

 La segunda aclaración, en tanto, pasa por remarcar que no se trata de una cuestión de contar con muchos o pocos empleados públicos, ni de preferir un Estado “grande” o “chico”. Se trata de contar con un Estado “bobo” o “inteligente”, con personal capacitado y con la infraestructura y los recursos necesarios o no. ¿Un ejemplo? En 2014, recuerdan Cabot y Olivera, por cada peso que el Estado nacional destinó a obras públicas se destinaron otros $ 5 a cubrir los sueldos de empleados públicos o subsidios a la energía y al transporte.

 La tercera y más relevante, que la inmensa mayoría de esos empleados trabajan a destajo, en situaciones de riesgo –como policías, gendarmes y otras fuerzas de seguridad–, o compenetrados con el servicio público que brindan –maestros, médicos, enfermeros, asistentes sociales, jueces, fiscales, entre muchos otros–, mientras son testigos de cómo otros nunca aparecen por la oficina o van, pero para saquear (...).

 Pero incluso la familia presidencial, que debería dar el ejemplo, se sumó a la fiesta del empleo público. Comenzó temprano con Néstor Kirchner, que creó un cargo especial en el Ministerio de Planificación –subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal– para su primo, Carlos Santiago Kirchner. Y continuó la Presidenta, cuya nuera Rocío García se quedó con el puesto de “Coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio-sanitarias” del Ministerio de Salud de la Nación en Santa Cruz, mientras que su hermana Virginia García se ubicó al frente de la flamante Regional Río Gallegos de la AFIP. Licenciada en periodismo y flamante abogada, Virginia García llevaba apenas cuatro meses dentro de la AFIP cuando a los 32 años tomó las riendas de la Regional en agosto de 2010. Pero nunca ocultó sus simpatías políticas. Candidata perdidosa a senadora nacional en 2011, figuró en febrero de 2015 como una de las firmantes de una solicitada en apoyo a la Presidenta tras la muerte de Nisman. Mientras en ese texto estampó su firma junto a la frase “Con Cristina en el corazón y con Néstor en el alma”, desde la Regional de la AFIP podría afrontar un conflicto de interés: debería controlar al núcleo del poder político y económico K. Desde Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Osvaldo Sanfelice a De Vido, a su propio cuñado Máximo y, por supuesto, a la Presidenta.

El sistema vela por el sistema.


Evadiendo el capital: los Panamá Papers

Los Panamá Papers salieron a la luz el domingo 3 de abril de 2016, y la Argentina quedó en el centro de la escena porque el presidente Mauricio Macri era uno de los cinco mandatarios en funciones que figuraban entre los más de 11,5 millones de documentos sustraídos de Mossack Fonseca, una firma de abogados y contadores con presencia global especializada en montar negocios offshore. Los archivos fueron filtrados por una fuente anónima con seudónimo en inglés, “John Doe”, a dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, a lo largo del año 2015 en tandas escalonadas (...).

Se detectó en uno de los últimos paquetes de datos filtrados por la fuente la presencia del presidente argentino en el directorio de una offshore bahameña llamada Fleg Trading. Entre uno y otro hallazgo, distintas celebridades, empresarios y políticos argentinos de ambos lados de la grieta se fueron sumando al elenco que desataría el escándalo global, demostrando una vez más la pasión argentina por la evasión y la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales.

Si a escala global los Panamá Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal. La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo.

 Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”.

Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 35% del PBI.

 Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500 mil millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.

 Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de Pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujos financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales. El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional.

No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panamá Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en el año 2001 (...).

Durante los meses que los autores dedicaron a revisar la base de datos de los Panamá Papers fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panamá Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar.

La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panamá Papers o identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista.

La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.


Hugo Alconada Mon / Santiago O’Donnell y Tomás Lukin


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