DOMINGO RADIOGRAFÍA DEL DELITO: VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS.

Red de complicidad

En ¿Por qué preferimos no ver la inseguridad? Marcelo Sain sostiene que esta cuestión está mal planteada por los gobernantes, los periodistas especializados y la academia, y que esto alimenta lugares comunes y mitos inútiles. Aunque hay consenso sobre la complicidad de la policía, se continúa con el pedido por más uniformados y patrulleros y no por una reforma de las normas penales.

Aquella noche. Cada día, los operativos policiales y muertes por hechos de inseguridad son noticias en los medios gráficos y televisivos. Sin embargo, no se resuelve el problema.
Aquella noche. Cada día, los operativos policiales y muertes por hechos de inseguridad son noticias en los medios gráficos y televisivos. Sin embargo, no se resuelve el problema. Foto:telam

Un contubernio es un acuerdo o cohabitación ilícita entre personas o grupos con algún fin político o económico. En la provincia de Buenos Aires, desde la década de 1990 se ha conformado un contubernio entre ciertos sectores de la policía provincial y grupos narcotraficantes, en función del desarrollo de emprendimientos abocados a la adquisición, producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales, con la cobertura, legitimación o participación –indirecta– de los gobernantes. Esto indica, entonces, que hay un tercer actor en el contubernio: los gobiernos conformados por políticos que han consentido tal asociación y la han proyectado como un instrumento para construir gobernabilidad en materia de “inseguridad”. Este es, enunciado brevemente, el núcleo de lo que me propongo sostener y fundamentar en este libro, y también el punto de partida para problematizar una cuestión que, si bien puede formularse en términos simples, requiere un abordaje complejo.

Desde hace más de dos décadas, la delegación del manejo de la seguridad en la policía por parte de los gobernantes bonaerenses constituye una forma recurrente de gestión de esta área, y eso llevó a la policía a constituirse en el actor central de esa gestión. En los últimos años, numerosos hechos pusieron en evidencia que la policía –o, si se quiere, la “alta policía”, su cúpula, sus mandos superiores– realizó esa tarea estrechando vínculos con criminales, además de otras peculiaridades. Esto no era una novedad. Ya en las décadas de 1920 y 1930, los dirigentes políticos conservadores pusieron a la Policía Bonaerense –por entonces, con bajo grado de institucionalidad– al servicio de sus acciones políticas y convalidaron que parte de su financiamiento proviniera de la protección del juego clandestino y la prostitución, entre otras ilicitudes.

Desde los años noventa, lo novedoso consistió en que los negocios criminales regulados por ese cuerpo de seguridad, en particular los originados en el narcotráfico, dieron ganancias extraordinarias y que, a diferencia de los años anteriores, la relación entre policías y criminales se inscribió en una forma de gobernabilidad tranquila de la seguridad. Eso equivale a decir que se consolidó una estrategia gubernamental tendiente a evitar que las transformaciones en las modalidades del crimen, los desajustes y anacronismos en las policías y la creciente sensibilidad social respecto de la “inseguridad” se convirtieran en un problema político inasible y desestabilizante. Ahora bien, actualmente, en la provincia de Buenos Aires la inseguridad está asociada al profundo deterioro de las condiciones sociales y económicas de los sectores populares y, en particular, de los más marginalizados. Sin embargo, la transformación del narcotráfico iniciada a fines de los años noventa y consumada durante la primera década de este siglo no está inscrita ni es consecuencia directa de la pauperización social, sino que responde a factores de otra índole, aunque el quebranto social la haya condicionado. Entre esos factores se destacan, por un lado, el crecimiento del consumo de drogas prohibidas entre sectores sociales altos y medios con elevado poder adquisitivo, determinado por el cambio de las pautas de consumo –sobre todo de tipo recreativo– y, por otro lado, la regulación ilegal del propio Estado como una forma de gestión de la criminalidad y de gobernabilidad política de la seguridad pública.

El narcotráfico no sólo se ha expandido en las grandes urbes, sino que se ha reconfigurado como consecuencia de la diversificación del emprendimiento criminal en cuanto a su estructuración espacial y organizacional, y a la ampliación de la disponibilidad y oferta de drogas prohibidas en el creciente mercado interno, procesos que eran evidentes ya a comienzos de este siglo. El rasgo saliente estuvo dado por la formación paulatina, en los grandes conglomerados urbanos –y, en particular, en el conurbano bonaerense–, de mercados minoristas de drogas ilegales –en especial, de cocaína–, cada vez más diferenciados y rentables. Recientemente, la cocaína comenzó a producirse en “cocinas” locales. Estas proliferaron mientras los grupos locales dedicados al microtráfico ganaban destrezas para obtener en países limítrofes la pasta base, trasladarla a las zonas bajo su control, acceder a los precursores químicos y “fabricar” el clorhidrato de cocaína. Esto redundó en la mayor disponibilidad de sustancia y la ampliación del negocio (...)


La entente político-policial-criminal

El 10 de diciembre de 2015, ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, postuló como una de sus “ideas centrales” la de “derrotar el narcotráfico”. “Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. […] Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante, estamos a tiempo de impedir que se consolide, el tema es difícil y complejo, pero vamos a crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos”.

Lo que el mandatario parece ignorar (por desconocimiento o por fidelidad a alguna estrategia que le aconseja valerse de la simulación) es precisamente lo que hemos sostenido aquí: que en la Argentina el narcotráfico está estatizado o, dicho de otra manera, es regulado estatalmente. Así, en nuestro país no hay emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no tenga al menos algún grado de protección o cobertura policial, o en el que la policía no participe como un actor central.

Además, esa mecánica cuenta con el consentimiento –directo o indirecto, activo o latente– de los diferentes gobiernos políticos, de derecha o de izquierda, en la medida en que eso les asegure una gobernabilidad serena, calma y sin sobresaltos, que no cuestione de manera radical los intrincados sistemas de la seguridad.

Ahora bien, ¿cómo es posible que una situación tan grave institucionalmente, tan compleja y con consecuencias tan problemáticas se sostenga en el tiempo encubierta por un manto de ignorancia dolosa (como quien “hace la vista gorda”), que atraviesa a la clase política, gran parte de la prensa y la sociedad? ¿Cómo es que los evidentes hechos que día a día plasman el contubernio entre gobierno, policías y narcotraficantes, entre autoridades y criminales, no conduzcan a una reflexión sin concesiones o bien, en vista de las pruebas, no escalen hasta poner en crisis la tolerancia social? En este sentido, vale la pena mostrar lo que, por algún motivo, no llega a verse o explicitarse en toda su dimensión o (cuando sí se ve) termina diluyéndose, más tarde o más temprano, en la indiferencia y el olvido. Así, a fin de obstaculizar la rutinaria naturalización que se produjo cada vez que este fenómeno tomó estado público, nos parece fundamental tematizar por qué esto no es un escándalo. (...)

Siempre que se habla de inseguridad en el ámbito político, mediático y social, se interpreta el fenómeno como una suerte de dicotomía entre delincuentes y sociedad, de contrapunto entre criminales y Estado, y se adjudica la debilidad de la sociedad y el aparato estatal a la falta de policías, recursos operativos y leyes más “duras”. Dicho de otro modo: la sociedad es atacada o invadida por criminales, y el Estado –representado casi exclusivamente por la policía– debe responder a esa agresión con un incremento –siempre insuficiente– de uniformados, patrulleros, motos, helicópteros, videocámaras y armamento letal. Algunos añaden alguna propuesta de reforma de las normas penales y procesales penales en un sentido punitivista. Eso es todo.

Este relato –que pasó a ser de sentido común–, sistemáticamente recreado y traducido en acciones institucionales por todos los gobernantes –más allá de su bandera partidaria–, y enunciado sin miramientos por el grueso de los periodistas especializados o, más bien, de los cronistas policiales, es un mito. Como tal, resulta eficaz para ocultar una cuestión intolerable a los ojos, oídos y conciencias del grueso de la sociedad y la política criolla: el Estado y sus administradores (gobernantes, policías, jueces y fiscales) regulan parte del crimen en la Argentina.

Repitámoslo: el Estado no es ajeno a la delincuencia sino que, por el contrario, avala, cuida o forma parte de ciertos emprendimientos criminales, en función de sostener una forma de gobernabilidad de la “inseguridad” que fluya sin vulnerar carreras políticas, privilegios institucionales, dádivas y negocios económicos de cierta “nobleza de Estado”. En suma, el Estado crea inseguridad. (...)

El vacío temático, conceptual y teórico se da por una doble vía. Por un lado, con relación al Estado, resulta asombroso que en los estudios acerca de la gobernabilidad y las políticas públicas no se contemplen las modalidades de abordaje político y estatal de los delitos, cuando desde hace un par de décadas los problemas vinculados con la inseguridad se han convertido en un asunto de relevancia social y de interés político de primer orden. Por otro lado, respecto del crimen, sorprende que se desconozca la incidencia de la transformación del fenómeno delictivo y, en especial, de la conformación de complejas redes criminales –mayormente estructuradas en torno a amplios mercados ilegales de mercancías, sustancias, personas– sobre la institucionalidad democrática y los actores políticos y estatales.

¿Se puede pensar, entonces, que realmente las relaciones entre gobernantes, policías y criminales son episódicas, aisladas? ¿Por qué vías (institucionales y clandestinas) circulan? ¿Por qué la gobernabilidad se asienta en una asociación ilícita de estas relaciones? ¿Cuál es el objetivo/beneficio de cada una de las partes para concretar estos pactos?

Llegados a este punto, cabe una advertencia, general pero necesaria: no todos los gobernantes intervienen en esta entente. Muchos lo hacen de manera distraída o por imitación, sin conocer los detalles ni saber de sus consecuencias institucionales; unos pocos, los “entendidos”, entran activamente en el juego. Tampoco todos los policías participan en la regulación ilegal del crimen; sólo lo hace un núcleo activo y reducido de la institución, pero casi todos saben o conocen de qué se trata la movida, y algunos –los más o los menos, según el contexto– expresan un silencioso repudio a estas conductas. Pero en lo que respecta a los grupos criminales, todos procuran entablar acuerdos con las autoridades estatales –en particular, con policías– para conseguir su beneplácito y su protección regulativa, ya que el auxilio protector o el patrocinio estatal constituyen el bien más preciado para un “buen” criminal. En efecto, como señala el politólogo colombiano Gustavo Duncan, el problema de las empresas de narcotráfico no es la relación entre capital y trabajo, ya que la actividad genera extraordinarias ganancias y los precios superan con holgura los costos. En cambio, el mayor gasto se aplica a los costos de protección: “El narcotráfico es en esencia una empresa de reducción de riesgos” y, en ese sentido, “un narcotraficante exitoso es aquel que logra la protección suficiente para colocar mercancía en el mercado sin ser capturado, asesinado o expropiado” (Duncan, 2016: 33).

Así, todo indica que, en la Argentina, los emprendimientos criminales están regulados por el Estado a través de la protección o la asociación policial. Dicho de otro modo, no hay redes criminales organizadas ni empresas delictivas complejas “privadas” ni en vías de privatización.

A partir de lo expuesto, sostengo como rasgo significativo que el contubernio político-policial-criminal, que se replica en todos los casos analizados, supone la conformación de ciertos circuitos de estatalidad ilegal derivada de la regulación policial del crimen, ya sea por medio de pactos con delincuentes o de la participación en el negocio delictivo complejo, así como el consentimiento político a ese vínculo regulatorio establecido entre policías y criminales. Dado que la consecuencia de ello sobre las instituciones y la vida política democrática es relevante, no hay razón para seguir evitando el tema.

Carlos Flores Pérez, destacado politólogo mexicano y especialista en la relación entre Estado y crimen organizado, llama la atención acerca del escaso interés de la ciencia política en estos temas. Señala que la “cuestión del crimen organizado” ha sido considerada como “ajena a las indagaciones propias

de la ciencia política”.

No obstante la falta de datos estadísticos, la carencia de fuentes objetivas y los desencuentros académicoconceptuales, el fenómeno [crimen organizado] existe, ha proliferado ampliamente y ejerce una influencia importante en la vida de muchos países. El impacto que este vínculo [entre el crimen organizado y el mundo político] ejerce en la vida pública de varios países del mundo y la diferencia que se aprecia en su articulación en contextos político-institucionales distintos demandan un análisis politológico de la relación entre criminales y funcionarios públicos (Flores Pérez, 2009: 70).



Marcelo Sain