ECONOMIA LO DEFINEN COMERCIO Y EL BCRA


Para frenar los precios, apuntan a planes de cuotas cortos y con interés

En forma gradual para no golpear más el consumo, el Gobierno busca desarmar los 12 pagos sin interés porque, dice, el costo financiero está implícito y encarece los productos.

En forma gradual para no golpear más el consumo, el Gobierno busca desarmar los 12 pagos sin interés porque, dice, el costo financiero está implícito y encarece los productos.
En forma gradual para no golpear más el consumo, el Gobierno busca desarmar los 12 pagos sin interés porque, dice, el costo financiero está implícito y encarece los productos. Foto:S.U
El proyecto que prepara el Gobierno para poner fin a la pelea entre los comercios y las tarjetas por los aranceles que las últimas cobran a los primeros tiene como horizonte el fin de las cuotas sin interés, y con él, un cambio de era para el consumo familiar y para el sistema financiero local.
Con una mirada más amplia que sólo la disputa por el porcentaje que las emisoras de los plásticos cobran a los locales, el texto que preparan en conjunto la Secretaría de Comercio y el Banco Central apunta a que “en el mediano plazo nos parezcamos al resto de los países, donde los planes de financiamiento tienen algún costo y son más cortos”. Piensan en tres o seis cuotas con 1% o 2% de interés.

Se tratará, explican, de un cambio gradual, porque el contexto de caída del poder adquisitivo y la baja del consumo podrían agravarse si se realizan bruscamente. Pero ayudaría “a normalizar el nivel de precios, ya que el costo de ese financiamiento se recarga en el precio de lista que recae sobre el consumidor”.
“En un camino hacia la normalización de la economía con una inflación en baja, deberíamos converger hacia esquemas de financiamiento de menor plazo; antes estos planes tenían sentido para los consumidores porque los precios iban en alza”, resumió un funcionario. Y agregó que “la coyuntura de una tasa de interés todavía elevada también dificulta el sostenimiento de las 12 cuotas, por más que se repartan los costos entre las tarjetas y los comercios”.

Se estima en el mercado que el sobrecosto en los precios a los consumidores por el financiamiento es de entre 10% y 15% sobre el precio del producto.
La intención del Gobierno es que el proyecto que se está redactando “abra lugar a nuevas tecnologías, más jugadores en el mercado y que sea la libre competencia la que reduzca las comisiones y ayude a incluir nuevos clientes”, dicen funcionarios de Gobierno que intervienen en las reuniones.

Cifras. El plan de fondo, aseguran, es sentar las bases para que el sistema crezca. Hoy, del total del crédito que se presta en la Argentina, el sector privado representa el 12% del PBI; de ese total, el 47% está dirigido a empresas, el 39% a préstamos personales junto a financiaciones con tarjetas de crédito, y el 14% corresponde a hipotecarios y prendarios.
En la actualidad, hay en Argentina más de 50 millones de tarjetas de crédito habilitadas, pero sólo 26 millones de ellas están activas y moverán más de $ 1 billón en todo 2016, de acuerdo con las estimaciones del sector. Así, la disputa por la diferencia de aranceles de $ 20 mil millones al año es sólo una parte del problema.
Tanto los bancos como las tarjetas mantienen una agenda de reuniones con la Secretaría de Comercio y el Banco Central, que los convocaron para recibir ideas y propuestas.

En el corto plazo, mientras las principales emisoras de plásticos aspiran a que los cambios sean graduales –porque ya anticiparon que significarán el retiro de promociones–, las tarjetas no bancarias buscan que, tal como lo hicieron los senadores, se contemple que tienen un mayor costo de fondeo. Hoy, de las 150 tarjetas registradas, sólo 50 son bancarias, 100 son no bancarias, y de este último grupo 26 son regionales. Las últimas participan en las reuniones destacando que “llegan a poblaciones de dos mil habitantes, donde el negocio no es rentable para los grandes jugadores, dan crédito a segmentos de menores ingresos (conocidos como C3) y asumen mayores riesgos porque los consumidores cumplen con los pagos pero no tienen recibo de sueldo, por lo que sus líneas son unos diez puntos más caras que el promedio del mercado.

Proyectos. En el Gobierno consideran que el proyecto que se debate en el Congreso y prevé la baja de aranceles de 3% a 1,5% para operaciones de crédito y de 1,5% a 0% para las de débito y cuenta con media sanción el Senado “puede ser mejorado”. En el Banco Central señalaron principalmente que “no estamos de acuerdo con los legisladores en llevar a 0% las operaciones con débito, porque así no habría incentivos para que desde el sector financiero se ofrezca el servicio a los comercios chicos y fomentaría el uso del efectivo”. Por eso trabajan en un texto donde el 1,5% en operaciones de débito sea un máximo, pero se fijen diferentes aranceles.


Avanzan los cambios para moderar a Visa

En la Secretaría de Comercio, liderada por Miguel Braun, durante las últimas semanas se alternaron las presentaciones en foros con inversores y los encuentros con los representantes de entidades financieras. También con las tarjetas de crédito del interior, que tienen a sus ejecutivos instalados en Buenos Aires desde hace semanas. En las reuniones, el secretario escucha mucho más de lo que opina, aunque su posición a favor de la libre competencia es ampliamente conocida por sus interlocutores, y tendrá, junto con el Central, que considerar también las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre la posición dominante de Prisma. El abuso de esa posición “que evidencia un monopolio de adquirencia y procesamiento de la tarjeta Visa” es el punto central.

Al respecto, en el Banco Central señalaron que “no sorprende que los principales accionistas evalúen salirse del negocio del procesamiento de operaciones; así funciona en otros países, y más que un gesto hacia la gestión, parece responder más a una evaluación sobre cuán rentable será el negocio en el futuro, cuando los nuevos medios de pago se extiendan”.
De cara a los próximos días, se espera también la renovación del programa Ahora 12, que podría contar con menos entidades participantes si avanza la reducción de aranceles.