Instituciones en el monte. El Ejército, Bussi, y la Iglesia, monseñor Adolfo Tortolo, entonces vicario castrense, juntos en Tucumán en la "guerra santa" contra la guerrilla del ERP.

El general se arremangaba el uniforme de fajina. Su faena estaba a punto de comenzar. Bussi sintió que emprendía una epopeya militar. Se imaginó prócer, se creyó Dios: “Sostiene una especie de concepción que lo lleva a confundirse con la divinidad”, dirá con el tiempo el Tribunal Oral Federal de Tucumán. En 1974, como director de la Escuela de Suboficiales para Apoyo de Combate General Lemos, dio un discurso moldeado con carga ideológica y premoniciones: “Importadores de ideas trasnochadas, serviles de intereses foráneos, mercenarios apátridas que sueñan con dominar el mundo, pretenden transformar a nuestro país en una alucinada alquimia social. Para lograr sus fines, tratan de desmoronar sus instituciones fundamentales, para llegar al caos y a la confusión. El Ejército, barrera natural a sus nefastas aspiraciones, es el objetivo inmediato elegido, para perturbarlo, sacarlo de quicio, explotar las emociones y sentimientos hasta lograr una reacción. Pero nuestra institución, que ha sido capaz de los más grandes sacrificios a través de la historia, está preparada para cualquier exigencia y habrá que sobrellevar a pie firme la agresión de que es objeto, para contribuir a que el país alcance su destino de paz”.

Un año más tarde, dejó el altavoz de las arengas y probó la calle. El ahora comandante de la Décima Brigada de Infantería, de Palermo, sintió la adrenalina de los operativos de “control y verificación de personas”, en vivo y en directo. Eran acciones “de seguridad” en toda el área metropolitana, para “grandes objetivos” de aquel 1975. Se realizaban en autos Ford Falcon, con agentes que chequeaban los documentos de identidad de los detenidos en aparatos Digicom, conectados a bases de datos de personas sospechosas. “En una oportunidad”, dijo Bussi al diario La Prensa: “Me tocó hablar con un dirigente subversivo de cierta relevancia. Le pregunté cuál era su objetivo. Tenía conciencia de que había que destruir todo para que, sobre las cenizas, se pudiera construir algo nuevo. No recuerdo el nombre, estuvo detenido dos años, fue liberado y después cayó muerto en Tucumán”. El “me tocó hablar” parecía referirse a una conversación civilizada, con garantías legales, tal vez con un café de por medio, muy lejos de un interrogatorio bajo tortura. Del manejo de los eufemismos, Bussi hará un don. El lustroso legajo de Bussi llegó a manos de “Isabelita”. El jefe del Ejército, general Jorge Rafael Videla, gobernador fugaz de Tucumán en agosto de 1970, daba buenas referencias de él. Y disposiciones secretas del final del gobierno peronista, que concedían a las Fuerzas Armadas la misión de “neutralizar y/o aniquilar” a la subversión, necesitaban de alguien que las ejecutara sin titubeos. “A mí me designó la señora Isabel Martínez de Perón, no el jefe de Estado Mayor. Me dieron la orden de hacerme cargo del puesto en Tucumán en 48 horas. Y lo hice el 18 de diciembre de 1975.” Bussi utilizará la precisión del calendario en futuras defensas judiciales, para remarcar que las órdenes iniciales fueron dadas por el gobierno constitucional. Se iniciaba la segunda parte del Operativo Independencia, que desde febrero había conducido el general Acdel Vilas contra las milicias del Ejército Revolucionario del Pueblo lideradas por Mario Roberto Santucho, que buscaban instalar un foco revolucionario en el monte tucumano. Para sacarles información a los detenidos, Vilas había montado el primer centro clandestino de detención del país, en una escuela de Famaillá: La Escuelita. Los métodos que se utilizaron en esa “guerra sucia” convirtieron la provincia en un laboratorio del terrorismo de Estado que estaba a punto de expandirse a todo el país. “Es un orgullo poderos comandar en esta última etapa de la lucha que habéis emprendido”, saludó Bussi a sus soldados, “pero no os llaméis a engaños: la eliminación física de los últimos delincuentes subversivos que aún deambulan derrotados por estos cerros y montes tucumanos no será la solución a los graves problemas del país. Aún resta detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión desatada. Sólo el saneamiento moral y físico total y hasta las últimas consecuencias de la República nos permitirá erradicar esta subversión que nos repugna y nos avergüenza”. Un cerco de acero impidió a la guerrilla escapar, al tiempo que la sociedad tucumana, por el estado de excepción, padeció el cercenamiento de las libertades públicas, políticas y gremiales. La provincia quedaba militarizada.

En 1975, Bussi obtuvo el puntaje absoluto en la calificación de sus superiores. Y por lo actuado en 1976, iba a ser declarado por la revista católica Esquiú como uno de los “argentinos del año”, junto con Videla y el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. El lauro tenía su argumento: “Para gobernar una de las provincias más conflictivas, la de Tucumán, el gobierno surgido del acto del 24 de marzo prefirió elegir a un militar en actividad. El general de brigada Antonio Domingo Bussi fue puesto así al timón de un Jardín de la República asolado por la guerrilla y sumido en una dificilísima situación social. No tardó en relacionar ambos términos de la realidad. Y así fue que desplegó su acción tanto en la lucha por la guerrilla como en la labor para mejorar las condiciones sociales de los tucumanos. Y aquí anotemos un caso que debe ser un ejemplo de proceder: en una de las inspecciones, que gusta realizar personalmente, a un establecimiento agrícola de unas 3 mil hectáreas cultivadas, pudo comprobar una situación próspera... para los patrones. Pero los peones trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. El general Bussi ordenó el arresto del responsable; cargo: promover la subversión. Plausible tesis de la lucha contra la guerrilla, no sólo encarcelando extremistas, sino también erradicando las situaciones que los fomentan”, se lee en la página 44 del Anuario Esquiú.

Era un caso único en el país: Bussi tenía la suma del poder público de la provincia. Era el jefe militar del Operativo Independencia y, desde el golpe del 24 de marzo de 1976, también el gobernador de facto. Una doble función que tornaba indiscutible un postulado: todo estaba bajo su responsabilidad. Todo. Incluso si a alguno de sus jefes policiales se le ocurría algún día la loca idea de barrer a los pobres. A la nocturnidad de los operativos, Bussi intentó acoplarle brillo con la gestión que mostraba de día. Cal a los cordones y a los árboles, banderas en los despachos, obras públicas para ocupar a los braceros entre zafra y zafra, pedido de “donaciones voluntarias” a los empresarios, con la pistola sobre el escritorio. “El Ejército y el pueblo, juntos, deben quebrar la invasión asesina. Este pueblo tucumano será el sepulcro de la subversión, no sólo del país, sino del continente y del mundo entero”, les decía el general a los funcionarios, periodistas y diplomáticos que visitaban la zona de operaciones. Bussi recorría la provincia en helicóptero. Veía el barro desde el cielo. Iba a los actos en las escuelas y les advertía a los alumnos: “Derrotados estos delincuentes, no van a dejar de apuntar hacia la juventud, para intentar aprovechar su pureza, pero no se dejen seducir por fáciles promesas”. Un día dictó una ley, como si él fuera una Legislatura entera. Establecía echar de los colegios y de la administración pública a “aquellos que se nieguen a rendir homenaje a los próceres y símbolos patrios”. Los empleados tenían que cantar Aurora a las seis de la mañana. Orden, pulcritud, patriotismo: la mentalidad de los cuarteles trasplantada a la sociedad. Sólo faltaban estatuas, muchas estatuas, vigías de yeso, celadores silenciosos de la rectitud. “Quiero llenar de estatuas el Parque 9 de Julio”, le gritó Bussi a un funcionario de Cultura. Y la convocatoria de artistas se hizo en menos de lo que dura el Himno.

Como el emperador chino Qin Shi Huang, que quiso borrar el pasado, quemó las bibliotecas, ordenó la construcción de la Gran Muralla y se rodeó de un ejército de terracota al morir, Bussi también buscó refundar la historia tucumana y erigió su propia Avenida de los Próceres, con tótems de dos metros cada uno, sobre pedestales cuadrados. Los escultores trabajaron contrarreloj. No importaba la falta de armonía estética del conjunto, había que terminar el trabajo rápido. Y fue así como el teniente coronel Lucas Córdoba quedó inmortalizado en gris, mientras a Juan Bautista Alberdi lo tiñeron como una planta y a Bernardo de Monteagudo lo dejaron bermellón. En el apuro, un funcionario revisó la lista de los convocados para el trabajo:
—Mi general, esta mujer tiene apellido judío –advirtió alarmado.
—No importa, el arte no tiene fronteras –contestó el señor.

Al cumplirse seis meses del golpe, Videla viajó a Tucumán a repartir medallas a soldados distinguidos en la lucha contra la subversión. Se anunció que los ciudadanos iban a empezar a ocupar puestos en municipalidades y comunas, aunque la actividad política iba a continuar clausurada. “Hemos logrado despertar nuevamente la confianza en la moral pública, ya que hemos erradicado todo tipo de latrocinio, corruptela, etcétera”, sostuvo el dictador antes de subir al avión. Videla destacó la participación de un civil en el manejo de la economía, algo en lo que Bussi no estaba de acuerdo. “El doctor Martínez de Hoz es, evidentemente, un economista de nota, a quien anima una muy fina sensibilidad política, condición indispensable justamente para ser el conductor de este programa en la particular circunstancia que vive el país”, dijo el presidente, en el contexto de inflación al acecho. Un comunicado de la Gobernación esperó a Videla con una insólita comparación entre la misión asignada a Bussi y la proeza lograda por el general Manuel Belgrano, en 1812, al derrotar a los españoles en la batalla de Tucumán: “Si ayer se tornaba imperativo contener la penetración de los ejércitos realistas por el norte, supliendo con coraje la falta casi absoluta de medios, hoy hay que destruir a grupos perfectamente entrenados y pertrechados que se constituyeron por efecto de una invasión ideológica”. Mientras Bussi hablaba en presente, Videla hablaba en pasado: “La guerrilla ha dejado de ser una alternativa en la Argentina, está quebrada en su capacidad operacional y aislada de la población, se han descabezado sus cúpulas y se ha destruido en gran medida su aparato logístico y de propaganda”. Era el 24 de septiembre de 1976. Si ya estaba el trabajo hecho, los militares podían irse. Pero iban a quedarse siete años más. Videla prometió volver al año siguiente si las cosas seguían bien en Tucumán. Bussi se sintió observado.

“No fue un delito”

“En la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de agosto de 2005, siendo las 9.30 horas [...] comparece el absolvente, Antonio Domingo Bussi.” El juez Alioto estaba de traje. Había llegado hasta el kilómetro 50 de la Ruta Panamericana tras una mañana de neblina. Claudia Bussi, amable, ofreció café, pero Ricardo Monner Sans y su hijo Ramiro rechazaron el convite. No estaban allí para hacer sociales. Por eso, entre murmullos, habían acordado evidenciar su desprecio. La custodia del Ejército en los alrededores era imperceptible. El general se sentó en la cabecera de la mesa, Luis José quedó a su lado y los abogados de Martínez permanecieron de pie. Le pidieron que jurara si era cierto que conocía que las personas transportadas en 1977 a Catamarca fueron llevadas en vehículos de la provincia de Tucumán: “Sí, y si mal no recuerdo de la Policía de la provincia de Tucumán”, respondió. Le preguntaron si el envío obedeció a la necesidad de limpiar la ciudad: “No, de ninguna manera”, contestó. Y lo que agregaría después iba a ser la versión más amplia y disparatada que haya dado en toda su vida sobre el invierno de la vergüenza. Dijo Bussi: “Fue una iniciativa de personal subalterno cansado de restaurar el orden en cada uno de los lugares donde estos mendigos, exponiendo sus dolencias físicas, so pretexto, acompañándolo de golpeteo de cacerolas y ollas y cánticos, recaudaban limosnas, con lo cual, en alguna medida, alteraban el orden y obligaban a la Policía a proceder, acto que se repetía periódicamente”. Cada vez que se los internaba, atendía y alimentaba, volvían a escaparse de sus asilos y hospitales para seguir medrando con sus muñones al descubierto, sus cánticos y sus ruidos, alterando no la limpieza, sino el clima de cualquier ciudad del mundo. “Estas circunstancias las conocí en la oportunidad del hecho porque, en rigor de verdad, no era competencia ni del gobernador ni del comandante de operaciones militares. Cuando investigué las causas del hecho, surgieron estas circunstancias como justificación a la iniciativa tomada por dicho personal. Toda la provincia de Tucumán era una zona de operaciones activa, en la que se desarrollaban operaciones militares ordenadas por un gobierno constitucional. Y donde la atención del gobernante y conductor era, por un lado, dar respuestas a las necesidades de la gente para negarles a los subversivos, marxistas-leninistas, las banderas con las que confundían, engañaban y comprometían a la gente y, por el otro lado, como comandante, ganar la guerra. Ignoro el camino que tomó el vehículo, pienso que tomaron un camino alternativo para eludir cualquier control, porque estoy convencido de que a nadie hubiera escapado la atrocidad del transporte. No pasó por ningún retén militar porque, si no, cualquiera lo hubiera detenido, por eso se robustece mi idea de que no han pasado por la zona de combate. La medida fue consecuencia de un hecho que escapaba a un mínimo conocimiento del gobernador y a toda la escala de la autoridad de la provincia, incluyendo al mismo jefe de Policía. El conocimiento del hecho llega a través del gobernador de Catamarca, quien, con sorpresa y desconcierto, me lo notificó inmediatamente. No fue una protesta, no sólo porque se trataba de un hecho casual y circunstancial, de iniciativa personal, sino porque, entiendo, fue una aberración, pero no un delito.”
Impresionante. Ahora, imponer un permiso de permanencia a los más pobres, evacuarlos de noche, llevarlos en camión como ganado y soltarlos en otra provincia, bajo la helada, no era para Bussi “un delito”, sino una actitud que tenía como justificación el hartazgo de los vigilantes hacia seres que consideraban irrecuperables.

Esa frase de Bussi quedó registrada en la foja 592 del expediente y contradijo de plano otra formulada por su hijo abogado al inicio de la causa, en la foja 39, que señalaba los “actos delictivos cometidos en perjuicio de los mendigos”. El balbuceo sobre el ascenso o descenso de Zimmermann ocupó otra media hora de la declaración. Bussi dijo que lo había destinado a “un mero cargo administrativo e inactivado, porque era un organismo planificador de la futura acción de gobierno que ya llegaba a feliz término. No tenía ningún sentido trabajar en ningún plan de gobierno, porque estaba previsto mi relevo”. Por lo audaz, la referencia de Bussi al uso que estaba dispuesto a darles a los dineros públicos, al asignarle un puesto a un empleado que no iba a trabajar, despertó nuevos interrogantes. ¿Por qué mantuvo a su lado al cuestionado oficial? ¿Era Zimmermann dueño de secretos sobre el destino de desaparecidos? ¿Sabía demasiado como para dejarlo expuesto a un bochorno? ¿Su silencio tenía precio? Bussi aseguró ante el juez que le había aplicado “el mayor de los castigos, un relevo en combate”, que significó para Zimmermann “su no ascenso al grado de general, que por antecedentes holgadamente se lo hubieran conferido”. La imputación que le hacía Bussi: “Responsabilidad indirecta en el suceso”. Y ahí terminaba todo. Nada dijo Bussi sobre Hidalgo y Sosa, señalados como supuestos autores materiales de la “limpieza”. Nunca mostró una copia de su propia pesquisa, ni de las sanciones impuestas. Tampoco supo cómo explicar por qué enjuició únicamente a Tomás Eloy Martínez, cuando un racimo de periodistas lo señalaban por el hecho. “Soy respetuoso de la libertad de expresión y de prensa –llegó a decir al final de la declaración– mientras no ofenda la moral y la honra de los ciudadanos en forma tan directa y personal.” El argumento de que no existía ninguna prueba escrita que lo inculpara en forma directa era cierto, como era cierta la sentencia de la Cámara Federal en el juicio a las juntas de 1985, que dejaba asentado que las órdenes de la represión siempre fueron verbales y clandestinas.