Publicado en edición impresa de un delito invisible  

La trata de personas lleva a pocos a la cárcel

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Trata de Personas, en abril de 2008, se rescatan dos víctimas por día. Aun así, es un delito que no lleva casi a nadie a la cárcel. Para peor, suele ser invisibilizado por las autoridades. ONGs reclaman penas más severas y advierten: “Se castiga más duramente a quien roba una vaca que a quien trafica con personas”.

  • Por Leonardo Gentile | 22/05/2011 | 02:53
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Infierno. A las víctimas que se rescata de la explotación sexual se les ofrece poca contención.

Infierno. A las víctimas que se rescata de la explotación sexual se les ofrece poca contención.

Desde que se aprobó la Ley de Trata de Personas, en abril de 2008, se rescata a casi dos víctimas por día, lo que demuestra que la explotación sexual y laboral es una actividad ilícita muy difundida en el país. Pero sobre cada ochenta víctimas encontradas, sólo se condena a una persona.
Las cifras surgen de comparar los datos presentados por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, esta semana, con el informe de gestión de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), publicado en diciembre, y las sentencias dictadas en 2011. Sobre 2.160 personas rescatadas en situación de trata entre abril de 2008 y mayo 2011, sólo se halló a 27 culpables. Además, en algunas provincias hay contrastes alarmantes: son el destino favorito de los traficantes de personas, pero no registran ningún condenado. Santa Cruz es el caso paradigmático (ver recuadro).

Delito invisible. El fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Ufase, cree que una de las principales dificultades para investigar estos delitos está en el propio Poder Judicial y en las fuerzas policiales. “Hay prejuicios a partir de los cuales se concibe el fenómeno de trata y, principalmente, a su víctima. Así, cuando se denuncia una desaparición, el sistema judicial no la relaciona con este delito y espera 48 horas para averiguar el paradero. Se empieza a investigar tarde”, asegura a PERFIL.
Otro obstáculo es, siempre según Colombo, la disputa por competencia. “Los jueces locales piden investigar una causa de trata, delito federal, usando figuras penales vinculadas que pertenecen a la órbita local como prostitución. Esto genera idas y vueltas judiciales que dificultan las investigaciones”, afirma el fiscal.
La Ley 26.364 define el delito de trata de personas como “la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la recepción de personas mayores de 18 años, con fines de explotación, cuando haya engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”. En los menores, hay trata aun cuando haya asentimiento de las víctimas. La explotación, de la que habla la ley, suele ser sexual o laboral.
Un caso emblemático es el de Oriana Caballero, una chica correntina de 14 años que desapareció con un hombre de 56 que tenía antecedentes de delitos sexuales. Las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales consideraron una fuga, en lugar de un delito de trata (ver recuadro).
Según la Ufase, Corrientes es la tercera provincia en cantidad de víctimas explotadas, pero no hay en esa jurisdicción ninguna causa en trámite por ese delito. La hermana Martha Pelloni, que coordina la ONG Infancia Robada en la provincia, es lapidaria con las fuerzas de seguridad: “Antes teníamos una policía especializada en estos delitos, ahora tenemos una policía encubridora”.
Hermindo González, abogado especialista en este delito de Infancia Robada, explica que todas las causas que deberían ser de trata de personas se terminan reconvirtiendo a delitos conexos. “Corrientes es una provincia pobre y la existencia de redes de trata le viene bien, porque hace posible la circulación de dinero en estructuras oficiales”, acusa.

Una y otra vez. Otro de los fenómenos en torno de la trata, apuntan desde las ONG, es que la contención a las víctimas rescatadas es siempre insuficiente y que las personas que pasan por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el organismo destinado a ayudarlas a salir de la situación de explotación y reinsertarse socialmente, casi siempre vuelven a caer en las garras de explotadores.
Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, asegura que “la oficina pregunta a las víctimas que rescata si prestaron consentimiento para estar junto a los explotadores. Y la mayoría, por temor, contesta que sí. A las pocas que contestan que no, les dan plata para que se tomen el micro de regreso a sus provincias. En realidad esa oficina debería dar contención psicológica, jurídica y hasta de capacitación laboral a las víctimas, el tiempo necesario para que se reinserten en la sociedad”, dice a PERFIL.
Con él coincide Mercedes Assoratti, de la Fundación El Otro, quien pide un cambio en la ley de trata para quitar la figura del consentimiento. “Muchas víctimas tienen naturalizada la explotación”, afirma, además, el delito tiene penas mínimas de tres años, excarcelables y menores a las de abigeato, por ejemplo. Así, se castiga más duramente a quien roba una vaca que a quien trafica con personas”, dispara.El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, cree lo mismo: “El próximo paso será actualizar la legislación”, dice.

Estado y sociedad. Sin embargo, Adriana Domínguez, delegada del Inadi en Córdoba, sostiene que aun con esta ley se puede trabajar en equipo entre la Justicia, las ONG, las fuerzas de seguridad y la AFIP. “Digo la AFIP porque si notás que el dueño de un local bailable dice que gana poca plata y luego se verifica que tiene una situación económica muy diferente a esos ingresos, hay algo que no cierra, es para investigar”, sostiene.
Para ella, la trata de personas, con fines sexuales, seguirá existiendo mientras esté aceptada socialmente: “Si se acepta que las prostitutas son necesarias para que debuten los adolescentes, es muy difícil que desaparezca la explotación de mujeres –advierte. Por lo tanto, no es un problema que sólo deba resolver el Estado, también la sociedad tiene su parte”.

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