Silencio e impunidad

Por Mabel Bianco

Nuevamente nos estremecimos ante la noticia del embarazo de una niña de once años, producto de un abuso sexual. Pero del estremecimiento pasamos a la indignación ante las acciones de los médicos y funcionarios de salud y justicia que intervinieron ante el pedido desesperado de la niña y de su madre de interrumpirlo. Lo más grave fueron las declaraciones del ministro de Salud de Entre Ríos y el silencio del ministro de Salud de la Nación.

El ministro provincial dijo “este embarazo como los de tantas adolescentes de todo el mundo, no tiene riesgos” y agregó: “hacer el aborto sería un delito”. De esta forma no solo le negó el derecho a la niña, también amenazó a los médicos. La niña, por encargo de las autoridades, fue revisada por un equipo interdisciplinario que dijo que “estaba bien, que no se justificaba un aborto”. Este informe no coincide con la opinión de los médicos que primero atendieron a la niña, ni con lo que el propio ministro reconoció “la niña esta muy angustiada…” La angustia fue ignorada por este equipo, que desconoce la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, aceptada universalmente  desde los 40. Negar los riesgos del embarazo producto de un abuso sexual en una niña de 11 años es desconocer el trauma psicológico y también el impacto en la salud de la niña que no completó su desarrollo óseo, ni corporal. No solo no está preparada para la maternidad sicológicamente, tampoco físicamente. Por eso ningún medico puede decir que este no es un embarazo de alto riesgo, como lo hizo este ministro!!

Pero lo peor es la presión ejercida sobre la familia, sobre la madre de la niña y también el padrastro, para atemorizarlos con información errónea sobre riesgos para la salud de interrumpir el embarazo y la “extorsión” con promesas económicas, por eso se involucró al padrastro y otros familiares. Retirar el pedido del aborto es el triste resultado de esto.

No solo incumplen el Código Penal, sino también la ley de protección integral de la niñez que garantiza los derechos del niño según la Convención Internacional que tiene carácter constitucional desde 1994. Lamentablemente, ningún funcionario priorizó el interés superior de la niña, que es rehén de sus decisiones y omisiones. Todos dejaron a la niña indefensa y la obligan a sobrellevar este traumático embarazo. Si la niña fuera hija de alguno de ellos, seguramente no estaría sufriendo esto, el problema se habría resuelto en un servicio de salud privado, sin que ninguno de nosotros nos enteráramos. Esa es la gran hipocresía de quienes hoy niegan a esta niña el derecho a la vida y a la salud.

El ministro de Salud de la nación, Dr. Manzur, también es responsable. No opinó él ni ningún funcionario nacional, como si esto ocurriera en otro país y él no fuera responsable. Pero lo es, especialmente porque desde julio del 2010 se niega a aprobar por Resolución el protocolo de atención del Aborto No Punible, sin dar excusa ni explicación alguna. Es por ello que los ministros provinciales no se ven obligados a respetar la aplicación de este protocolo en sus hospitales y los médicos menos aun porque temen ser penalizados, ya que carecen de la resolución que los respalde. Mientras tanto todos incumplen la ley impunemente. ¿O acaso cuando alguien incumple una ley no es denunciado y penalizado? ¿Por qué en este caso no es igual? Porque las víctimas son niñas y familias indefensas por su pobreza y desvalimiento, algo que nos debe indignar y que nos obliga a romper el silencio. Esta niña no tiene fuerza para hacerse oír, por eso es más proclive a este abuso de poder ejercido por quienes supuestamente deben defenderla, como profesionales y autoridades. Sólo nos cabe exigir se acabe esta impunidad. ¡Basta de extorsionar a las familias pobres con apoyos económicos y se resignen al sacrificio de sus hijas!       

 

*Médica y presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)