Vanguardia. Las leyes de gran impacto social, como las aprobadas el miércoles pasado, son casos pioneros en el contexto regional. La Ley de Matrimonio Igualitario es única en América latina. La despenalización de la marihuana pareciera tener más consenso que el aborto.

El Congreso argentino acaba de aprobar dos leyes fuertes, con gran significado social, que exceden la política: la muerte digna y la identidad de género. Pero parece que el año legislativo promete mucha más polémica. Dos temas –dos despenalizaciones, en realidad– que dividen aguas y tienen impulsores y detractores apasionados: el aborto y el consumo de marihuana. ¿Cómo avanzan esos debates en el Parlamento?

Promotores de estos proyectos y especialistas hablaron con PERFIL y contaron en qué situación se encuentran en el Congreso Nacional. Además, respondieron otro interrogante: ¿la sociedad está lista para afrontar estos debates y resoluciones?

Derechos individuales. El año legislativo recién comienza y la diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda tiene una mirada optimista en relación con el futuro del proyecto de la despenalización del consumo: “Yo creo que se va a tratar porque estamos avanzando en leyes que respetan los derechos individuales”. En estos momentos, el Congreso posee varias iniciativas sobre el tema, aunque tres son los que más se destacan. El de Donda, el del senador del Frente para la Victoria (FpV) Aníbal Fernández y el del diputado radical Ricardo Gil Lavedra. Estos tres funcionarios tendrán el próximo lunes una reunión cerrada para tratar de armonizar algunas de las varias diferencias que posee cada plan, para poder convertir sus proyectos en uno solo.

Los grupos procanábicos critican de la posible ley de Fernández que algunos artículos puedan estar atados a la libre subjetividad de cada juez, quien podría decidir si la tenencia con la que encontraron a un sujeto es para consumo personal o no. En cambio, la iniciativa de Gil Lavedra, si bien penaliza la figura de la tenencia, hace recaer ese poder sobre la figura del fiscal. Para Donda, “en ese sentido es superador que el de Aníbal porque es más respetuoso en relación con el sistema de derechos individuales”.

El proyecto de Libres del Sur es más radical en este sentido, ya que quita la figura de tenencia simple para hacer hincapié en la  persecución efectiva del narcotráfico (radarización del país y determinación de pistas clandestinas), además del control de fuerzas policiales y fortalecimiento de los tratamientos de la salud.

La ley actual (23.737), conocida como la Ley de Estupefacientes y sancionada en 1989, penaliza con hasta seis años de prisión la tenencia personal, de plantas y el consumo. Se castiga con penas de prisión de uno a seis años la posesión de drogas o de plantas, sin necesidad de que se averigüe la finalidad de la tenencia, es decir, si es para uso personal o para venta.

Quien no comparte el avance de esta clase de proyectos es el polémico Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas, quien cree que “se está envenenando a los jóvenes con esta planta tóxica y no se está cuidando la salud de sus habitantes. Además los proyectos están hechos para los nenes ricos, cuyos padres pueden pagar tratamientos”.

Otro tema. Cuando se habla del posible tratamiento, durante este año, del proyecto de ley que permite interrumpir de manera voluntaria el embarazo no deseado, las visiones no son tan positivas. “Me parece muy bueno que se hayan aprobado estas leyes, pero no me quedo tranquila con que eso garantice la discusión del tema del aborto. Necesitamos ser conscientes de que no hay gran relación”, puntualiza la especialista en salud sexual y reproductiva Mabel Bianco.

Con la misma impronta responde Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero: “Nuestra expectativa es que a nivel parlamentario no va a haber ningún tipo de tratamiento, se seguirá llamando a audiencias públicas para que se discutan las posturas, como sucedió el año pasado, pero no más”. Ambas creen que es difícil que se trate, pero saben que van a seguir insistiendo porque “estamos ante la muerte y la enfermedad de muchas mujeres jóvenes y adolescentes”, puntualiza Bianco.

La situación legislativa del tema hasta el momento es la siguiente: el año pasado la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados le dio dictamen favorable a una iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que  lleva la firma de cincuenta legisladores de todos los bloques con representación parlamentaria e impulsa la interrupción voluntaria del embarazo dentro las primeras 12 semanas de gestación, proyecto que debía ser discutido por las  comisiones de Familia y Salud.

Cristina está en contra. Además de que, esta semana, la presidenta pidió personalmente que la futura reforma del Código Civil “no toque el aborto”, el proyecto de ley está bastante parado para su tratamiento en las dos cámaras. Durante 2011 hubo idas y vueltas, pero al final ninguna de las comisiones se mostró dispuesta a reunirse en un plenario. Llegado 2012, la misma Campaña Nacional, en marzo pasado, presentó en Diputados, por cuarta vez en cinco años, el proyecto de ley para despenalizar la práctica. Este fue un paso más en el debate, tras el fallo histórico que semanas antes la Corte Suprema había dado, ratificando que no son punibles en casos de violación. El año pasado, además, fue presentado un segundo proyecto de ley sobre legalización del aborto, por parte del bloque de Nuevo Encuentro, y otros cinco sobre reglamentación de abortos no punibles. “Querían que nos conformáramos con ese fallo, pero no lo vamos a hacer. Se calcula que al menos una mujer por día muere por aborto clandestino”, refuerza Biasi, que agrega: “Creemos que esto sucede porque el Congreso funciona como una escribanía del Poder Ejecutivo y la Presidenta dejó bien en claro su postura negativa en relación con el aborto”.

Roberto Castellanos, titular de la ONG Provida, contraria al aborto, cree que si bien Cristina está en contra, sus “súbditos en el Congreso, no” y critica los avances en materia legislativa: “Se brindan derechos a las madres para matar a sus hijos y eso se da porque el nuevo orden internacional marcha hacia eso”.

A raíz de estos episodios, surge la pregunta acerca de qué rol juega la sociedad en estos temas, ¿está preparada para esta clase de proyectos? La diputada Donda opina que la gente está más avanzada que lo que se está tratando ya que ambos proyectos “se dan en la calle con la movilización social. Eso queda demostrado con la marcha con más de cuarenta mil personas pidiendo que no haya más detenidos por consumir. Son leyes que se ganan en la calle”.

Bianco plantea que en todas las encuestas se aprueba la interrupción del embarazo en caso de violaciones, malformaciones congénitas incompatibles con la vida y salud mental. Pero en temas sociales, como por pobreza, la cosa cambia: “Parece que los políticos no leen esos resultados, porque privilegian la opinión de sectores superestructurales”.

El derecho a la vida

Entre los derechos personalísimos del hombre, el derecho a la vida es el derecho primario; es el derecho fuente de los demás derechos subjetivos del hombre. Está protegido tanto por el derecho penal como por el  civil y por la Convención de San José de Costa Rica –dotada de jerarquía constitucional a partir de la Reforma de 1994– que afirma en sus artsículos 1º y 4º que la vida humana comienza desde su concepción.

Y es tan claro que la vida humana comienza desde su concepción que, desde ese preciso momento, el “nasciturus” es receptor de varios derechos (a percibir alimentos, a ser beneficiario de mandas testamentarias, a recibir herencias, a ser indemnizado por los daños sufridos mientras estaba en el seno materno, etc.), y también de obligaciones, que lo ponen en numerosas ocasiones en un pie de igualdad con el que ha nacido.

No obstante ser tan clara la existencia de vida, los defensores del aborto argumentan que lo que se hace es solamente interrumpir el embarazo, lo que es un eufemismo para disimular una muerte. Aducen para tronchar una vida humana que a la madre le asiste el derecho a disponer de su propio cuerpo; pero de lo que aquí se trata no es de disponer de su propio cuerpo, sino de disponer de la vida de un tercero, lo que es muy distinto.

El aborto es la prueba más acabada de la violación del derecho a la vida y al futuro, y cuando la ampara una legislación el daño en la sociedad es aún mayor, porque al ser “legal” se abren las puertas a cualquier cosa.

Quienes discuten acerca de si es viable o no el aborto lo hacen porque sus padres les dieron la vida y desde este lugar es muy fácil resolver la suerte del otro. Un eximio jurista español decía años atrás: “Amigo lector: cuando tenga que opinar sobre el aborto, ¿no podría ponerse en el lugar del embrión? A fin de cuentas, por ahí empezó usted”.

* Guillermo J. Borda. Estudio Cremades & Calvo Sotelo/Borda.

Admitir un fracaso, el comienzo de una nueva posibilidad

Durante décadas, uno de los pilares de la política de drogas en el país fue la penalización al adicto o al consumidor. Se pensó que actuando punitivamente sobre quien adquiere una sustancia ilegal se lo persuadiría de no comprarla, disminuyendo así la demanda.

Hoy tenemos la certeza de que ese presupuesto no se concretó: existe más consumo, y, además, otras consecuencias de igual nocividad para la sociedad, como la débil e ineficaz política contra el crimen organizado (ir contra la oferta de sustancias ilegales) que permitió que el nivel de desarrollo del narcotráfico sea mucho más importante que años atrás.

Ir contra el consumidor no redujo la demanda, pero además saturó los tribunales federales de causas menores que rara vez llegaron a sentencia y que tampoco sirvieron más que para llegar al vendedor minorista de drogas o a quien la transportaba, pero casi nuca (y el casi es simbólico) se pudo a saber por dónde ingresó la droga, de dónde salieron los precursores químicos y quién lavó el dinero obtenido del ilícito.

Todas éstas son muestras del fracaso de la política aplicada. Por eso es que hoy tenemos la posibilidad de diseñar una nueva política a través de la cual no se penalice al consumidor, pero además desde la que se generen medidas preventivas reales y serias, donde los niveles de asistencia al adicto estén presentes y esa presencia sea, básicamente, a través del sistema público de salud.

Sin acciones preventivas y sin una presencia del sistema estatal de salud despenalizar la tenencia para consumo personal será sólo una medida, una nueva mirada, pero no una política integral que aborde la problemática de las adicciones.

Otro componente importantísimo de esa política integral debe ser un verdadero combate al narcotráfico. Hoy, en general, nos enteramos de qué bandas operan acá cuando las descubren en Europa. Nuestro país carece de tareas de inteligencia y de coordinación mínimas entre las distintas fuerzas de seguridad; pero lo más importante es que el poder político dé señales claras e inequívocas que demuestren que quiere combatir el narcocrimen. Es preciso: no más narcojet, no más utilitarios de la Sedronar con cocaína, no más impunidad y no más agentes del Estado involucrados.

Vale destacar que sin la activa participación de los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y municipio) y de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no tendremos los resultados que esperamos.

Discutir las adicciones en una sociedad (sean de sustancias legales, ilegales o adicciones sin sustancias como la ludopatía) no es tarea sencilla. pero en la medida que afrontemos el debate sin hipocresías, admitiendo errores (sobre todo de la dirigencia política), reconociendo que es un problema de toda la sociedad y no sólo de los jóvenes, seguramente vamos a poder ir mejorando una situación que hoy nos cuesta mucho en términos sanitarios, sociales e institucionales.

* Fabián Peralta. Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y diputado del GEN.