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Buenas y malas noticias

En las últimas semanas asistimos a un amplio debate público sobre la idoneidad del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para la Procuración General de la Nación. Luego de un extenso escrutinio por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y legisladores, Daniel Reposo declinó su postulación ya que los pronósticos indicaban que no lograría el acuerdo del Senado debido a su falta de antecedentes para el cargo y dudas sobre su independencia política. Inmediatamente, la Presidenta de la Nación anunció su nueva candidata: Alejandra Gils Carbó. Se abrió así, una vez más, una instancia de discusión sobre la idoneidad de la postulante.

En medio de las apasionadas discusiones no muchos recuerdan que la posibilidad de debatir sobre las cualidades profesionales de los aspirantes a los máximos cargos judiciales es algo relativamente nuevo. Corría el año 2003 y Néstor Kirchner había asumido la presidencia con poco más del 22% de los votos. Su escaso capital político era inversamente proporcional a la crisis política e institucional que afectaba nuestro país. En medio del desconcierto reinante y con un líder del cual poco se sabía, Kirchner impulsó el juicio político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designados por Carlos Menem. Cabe recordar que el máximo tribunal gozaba entonces de bajísimos niveles de credibilidad producto de, entre otros, el rol de la “mayoría automática” durante la década anterior y de su intervención en las discusiones judiciales por el corralito.

Dicha iniciativa fue acompañada por la implementación de un proceso sumamente novedoso de consulta y participación ciudadana en la designación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Tomando las propuestas de un grupo de organizaciones de la sociedad civil conocido como “Una Corte para la Democracia”, integrado entre otras por la Asociación por los Derechos Civiles, Kirchner estableció un mecanismo transparente y participativo para que ciudadanos, ONGs, asociaciones profesionales, periodistas y académicos, entre otros, pudieran presentar sus opiniones, apoyos, impugnaciones con relación a cada uno de los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para los más altos cargos del Poder Judicial (Corte Suprema, Procuración General y Defensoría General).

El mismo mecanismo puesto en vigencia por Kirchner hace casi una década nos permite hoy discutir sobre la idoneidad de los aspirantes a procurador general de la Nación. Comparada con la mítica sesión del Senado en 1991 donde se prestó acuerdo a los nuevos integrantes de la Corte Suprema ampliada por Carlos Menem, que dicen que duró unos pocos minutos, la calidad del debate político público ha mejorado notoriamente. 

Hoy tenemos la posibilidad de analizar y opinar sobre los antecedentes (o la falta de ellos) de los postulantes. Reposo  no satisfizo a nadie, ni propios ni ajenos. Diez años atrás hubiera sido confirmado sin problemas.

Hay buenas y malas noticias. La buena es que hoy tenemos la posibilidad de debatir, algo que hasta hace poco no era una opción. La mala es que la calidad de la deliberación democrática está signada por el nivel de los aspirantes. En otras palabras, el piso de la discusión lo fija la idoneidad de los candidatos. En tal sentido, el proceso de confirmación a Reposo dejó un sabor amargo: en lugar de analizar sus convicciones y visiones legales y constitucionales terminamos hablando de los errores en su CV o sobre su adhesión al proyecto político de turno. La audiencia pública en el Senado fue por momentos tortuosa. Gils Carbó a simple vista posee mayores antecedentes que su predecesor, eso es por sí solo un gran avance.

El affaire Reposo nos dejó una valiosa lección: una deliberación amplia y transparente fortalece las instituciones y legitima a las personas que son llamadas a ejercer los cargos públicos más destacados de nuestro sistema político, especialmente a aquellas que no son elegidas por voluntad popular. Sin embargo, sin un umbral de idoneidad aceptable, el valor de los mecanismos de participación se diluye.


*Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), PhD en Ciencia Política (Oxford).

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