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A Perón le habría gustado morir llevando en sus oídos “la más maravillosa música”: la voz del pueblo. Pero la que oyó la última vez, el 12 de junio de 1974, sonó desafinada, sorprendida y desconcertada. Desde el “histórico balcón” Perón, ya enfermo y protegido por un vidrio blindado, recriminó duramente a los obreros, convocados a la Plaza para pedirle que no renunciara.
Seis semanas habían pasado desde la espectacular ruptura con Montoneros. La escena, en la misma Plaza, fue espectacular pero no inesperada, pues ya un año antes Perón había roto con la “juventud maravillosa”. El 12 de junio, en cambio, Perón se dirigió a los suyos, a la CGT, recientemente colmada de prebendas y de herramientas para barrer con los opositores internos. Como contrapartida, Perón les había pedido que respaldaran el Pacto Social, piedra angular de su proyecto de Reconstrucción. Probablemente no esperaba mucho del otro firmante, la Confederación General Económica. Pero un sindicalismo que, ignorando lo acordado, se lanzaba a reclamar aumentos salariales colmó su paciencia. El no había vuelto al país para eso, dijo. O se cumplía lo acordado, o él se iba. De hecho se fue, pues murió poco después.
Treinta años antes, en 1944, la situación era muy diferente. Por entonces un coronel juvenil y sonriente tomaba distancia de gobierno militar y se acercaba a los sindicalistas, en su mayoría socialistas y comunistas. El coronel les ofrecía beneficios consistentes, y soluciones para reclamos largamente acumulados. También movilizaba y promovía la organización sindical. “Bombero piromaníaco”, se ha dicho, echando leña a un fuego que él mismo esperaba controlar.
Esta operación culminó con la Ley de Asociaciones Profesionales. Se legalizó a los sindicatos y el Estado reconoció una única organización nacional por rama de industria. Con esa franquicia, casi un privilegio, se constituyeron organizaciones sindicales fuertes e inclusivas, pero se le dio al Estado la facultad del “reconocimiento”, que eventualmente podía ser quitado. En suma, se estableció un acuerdo estrecho, de mutua dependencia, entre el Estado y los sindicatos, todos integrados por el Movimiento.
Los términos de esta relación no fueron simples. Perón desplazó a la camada inicial de dirigentes, demasiado independientes, y seleccionó aquellos que, como José Espejo, comprendían la necesaria verticalidad. Pero a la vez, los sindicalistas se incorporaron a la dirección del Estado. Los sindicatos, que pensaban ya en sus hospitales propios, bloquearon el proyecto de Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública, quien quería establecer un seguro médico único, como en Gran Bretaña. Una gran cantidad de huelgas testimonian que la doctrina de la Justicia Social y la Comunidad Organizada no alcanzaban para absorber todos los conflictos. En 1954, la propuesta de Perón de aumentar la productividad fue silenciosa y eficazmente bloqueada por los sindicatos. En suma, durante el primer peronismo el sindicalismo fue, junto con el Ejército, una de las escasas voces autorizadas para opinar y controlar.
En 1955 el sindicalismo peronista vivió una experiencia novedosa: salir del poder, caer en la proscripción y ser atacados por el gobierno. A la larga, la experiencia no fue negativa. Como ha explicado Juan Carlos Torre, los gremialistas descubrieron las ventajas de no tener compromisos con el gobierno y poder aprovechar libremente su capacidad de presión corporativa.
El sindicalismo peronista pudo resistir el embate inicial de quienes querían barrerlos de cuajo. Con Frondizi recuperaron el antiguo estatus sindical. Jugaron con habilidad en el complejo escenario político y social, donde la puja distributiva se mezclaba con la búsqueda de una imposible legitimidad política. Casi todos los partidos trataron de negociar sus votos. Los militares descubrieron en ellos un aliado para su cruzada anticomunista. Los empresarios los llamaron para domesticar las bases obreras. El propio Perón debió manejarse con cuidado con una dirigencia sindical que, sin abandonar el acatamiento, ignoraba sus órdenes y exploraba la posibilidad de un “peronismo sin Perón”. En 1965 Perón abortó uno de esos proyectos, pero a costa de introducir una división en la “columna vertebral” del peronismo.
En 1966 la dictadura de Onganía impulsó una formidable movilización social y política, a la que se sumaron importantes sectores gremiales. Otra división. El grueso del sindicalismo organizado tomó distancia, y aprovechó la debilidad del gobierno militar para arrancarle la más preciada de sus “conquistas”: la Ley de Obras Sociales de 1970, que transformó a los sindicatos en vastos emporios económicos. Pagaron un costo: los sectores movilizados, cada vez más radicalizados y más peronizados, los incluyeron entre sus enemigos. Los acusaron de “burócratas”, mataron a algunos dirigentes y los desplazaron de la triunfal campaña electoral de 1973.
No era esa la idea de Perón, que por entonces volvió a vestir el uniforme militar y se transformó en un estadista. Desde su nueva perspectiva, asignó al sindicalismo un papel central en una política cuyo propósito no era la “patria socialista” sino la “Reconstrucción”. Perón estaba convencido de que la salida para la larga crisis pasaba por restablecer al Estado en su papel de árbitro y promotor. Quizá ya no consideraba prioritaria la unanimidad movimientista de 1946. Pero la reconstrucción de la autoridad debía fundarse en el acuerdo entre las grandes corporaciones, cuyas pujas lo habían minado. Supuso que los diversos intereses corporativos podían fusionarse en dos grandes agrupamientos –la CGE y la CGT– y que ambos podían acordar con el Estado la solución del problema más urgente: el control de la inflación.
Sospecho que el otro gran conflicto de entonces, que dividió al movimiento peronista entre la “tendencia revolucionaria” y la “ortodoxia”, le preocupó menos. Se trataba de una batalla política, discursiva y de fuerza. En todos los terrenos creía correr con ventaja, y de hecho, logró empujar a sus adversarios a la marginalidad.
Con lo que no pudo fue con una crisis social que, más allá de justificaciones ideológicas o retóricas, arraigaba en la lucha por el ingreso. El desborde de 1973 desnudó la escasa capacidad del Estado para controlar la economía. Perón debe de haberse sorprendido por lo mal que funcionaba todo allí: era difícil repetir hazañas como la lucha contra la inflación de 1953. El Pacto se rompió a poco andar. Nadie fue deliberadamente culpable, pero a la vez nadie arriesgó su supervivencia en aras de un proyecto que seguramente respetaban, pero que consideraban algo fantasioso.
Para los sindicalistas, los 18 exitosos años de “golpear y negociar”, sin comprometerse, acotaban el entusiasmo por un gobierno que les pedía solidaridad y responsabilidad. Las demandas de las bases obreras se habían disparado, por la inflación, la vuelta de Perón y los sueños revolucionarios. Para los sindicalistas, cumplir con la promesa hecha a Perón y moderar a sus bases era difícil y hasta riesgoso. Como el anciano líder les dijo con amargura, muchos se declaraban dispuestos a dar “la vida por Perón”, pero rechazaban la posibilidad de sacrificios menos heroicos pero más conducentes.
Luego de la muerte de Perón, el episodio se repitió, amplificado, a mediados de 1975, cuando los dirigentes sindicales encabezaron una huelga contra el gobierno peronista de Isabel. En los meses siguientes, los sindicalistas no hicieron nada para derribar al gobierno, pero lo dejaron librado a su suerte. Con el golpe, la mayoría quedó en manos de una dictadura terrorista y pagaron su precio. Pero a la larga sus organizaciones sobrevivieron, se fortalecieron con la democracia y prosperaron contra Alfonsín, con el viejo juego de golpear y negociar. En 1989 la vuelta del peronismo al gobierno les trajo nuevamente las ventajas y los inconvenientes de ser oficialistas. Aprendieron a sortear la dificultad dividiéndose, e instalándose en los dos campos de la escena política. Su capacidad de supervivencia sigue siendo notable.
*Historiador.
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