Publicado en edición impresa de El ECONOMISTA DE LA SEMANA  

¿Por qué está acorralada la provincia de Buenos Aires?

  • Por Jorge Sarghini | 20/07/2012 | 23:14
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Conmovidos por las consecuencias institucionales que derivan del conflicto político entre los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, no dejamos de preguntarnos: ¿por qué la provincia es nuevamente el escenario de una crisis fiscal?

Aunque resulte difícil, ante las circunstancias que observamos, para dar respuesta a esta pregunta de manera específica, es necesario separar la problemática fiscal de los hechos políticos que la envuelven.

El origen de la crisis financiera bonaerense tiene raíz estructural y es consecuencia del creciente deterioro del sistema federal argentino que viene perjudicando de manera sistemática al conjunto de las provincias y, por algunas características particulares, con más fuerza a la de Buenos Aires.

Desde el inicio de la convertibilidad hasta hoy, las provincias en su conjunto, además de tomar a su cargo los servicios transferidos por la Nación, han perdido más del 30% de coparticipación de los recursos tributarios federales.

Las medidas que produjeron esta formidable transferencia de ingresos a lo largo de las últimas dos décadas fueron aplicadas por distintos gobiernos y en contextos económicos diferentes, pero con la misma lógica centralista.

En los 90, el principal hecho con consecuencias fiscales negativas para las provincias fue la privatización parcial del sistema previsional, cuando estuvieron forzadas a ceder recursos para compensar la recaudación que perdía la jurisdicción nacional. A esto deben sumarse las consecuencias negativas de las medidas instrumentadas en los numerosos pactos fiscales que asignaron fondos provinciales para financiar gastos específicos del nivel nacional.

En la década siguiente, el proceso de pérdida relativa de las  provincias continuó con el aumento de impuestos de muy baja o nula coparticipación y con la reestatización del régimen de jubilaciones, que permitió a la Nación recuperar la recaudación que había resignado pero sin devolver nada a las provincias.

Estos acontecimientos que debilitaron el federalismo fiscal sometieron a las administraciones subnacionales a un desfinanciamiento estructural creciente y, por ende, a una mayor dependencia de las transferencias discrecionales del Gobierno central. La inmensa mayoría de las provincias, independientemente de la eficiencia con que manejen sus recursos, no están en condiciones de satisfacer de manera autónoma las demandas de la sociedad en materia de educación, seguridad, salud, justicia e infraestructura. Así, la condición necesaria para la gobernabilidad en sus respectivos territorios queda sujeta a la discrecionalidad de la “caja” del poder central y no a los recursos que por derecho propio le corresponden.

Además de las dificultades de carácter general señaladas, particularmente la provincia de Buenos Aires tiene las propias. En primer lugar, porque arranca de una situación desventajosa, a partir de que, sin que existan fundamentos objetivos, recibe por cada habitante apenas el 25% de lo que recibe –en promedio– el resto de las jurisdicciones provinciales. En segundo lugar, porque también en los últimos veinte años tuvo una pérdida adicional de más de nueve puntos de participación en la recaudación total del impuesto a las ganancias, pasando de 10% –que constituía el desaparecido Fondo de Reparación del Conurbano– a apenas 0,5 por ciento.

Ahora bien, si la causa principal es de orden estructural, ¿por qué ahora y no antes llegamos a esta crisis?

La crisis se dispara ahora porque comienzan a aparecer las consecuencias de un profundo deterioro fiscal generalizado que elevó el déficit de manera significativa y porque se agotaron los instrumentos alternativos de financiamiento.

El mal manejo de la política fiscal fue del conjunto de las jurisdicciones que integran el sector público nacional que, a pesar del contexto de alto crecimiento económico y de recaudación, hizo que se pasara de una posición fiscal robusta cuando promediaba la década pasada al actual nivel de déficit.

Es necesario entender que la provincia de Buenos Aires es sólo la punta de un iceberg, que el conjunto de provincias argentinas –salvo alguna excepción– también tiene déficit y, además, lo tiene el Gobierno nacional, que desde 2004 hasta hoy pasó de un superávit mayor a 3% del PBI a un déficit que también supera el 3 por ciento.

Las consecuencias financieras no son las mismas para las administraciones provinciales que para la de la Nación: ésta, a diferencia de aquéllas, se financia con emisión monetaria y utilizando fondos de los jubilados –cuando le faltan pesos– y con reservas del Banco Central cuando debe pagar con dólares.

Ciclos. ¿Por qué, de manera recurrente y con diferentes actores, esta historia se repite? Fundamentalmente porque la política ejercida en los distintos niveles de gobierno no ha hecho las correcciones estructurales necesarias para fortalecer el sistema federal que proclama nuestra Constitución y no ha puesto en vigencia los instrumentos que garanticen una distribución equitativa de los recursos.

Así, esta actividad política, que transita de manera infatigable el camino del deterioro y que ha quedado reducida a lo inmediato se ha vuelto muy eficaz para aprovechar los buenos humores sociales en la fase positiva del ciclo económico, pero ha demostrado ser absolutamente inepta para realizar esos cambios estructurales que tienen, precisamente, en ese tiempo de bonanza el mejor contexto para ejecutarlos. 

Esta incapacidad para incorporar el pensamiento estratégico a la acción se ha convertido en el principal obstáculo para que en tres décadas de democracia no se hayan logrado los consensos necesarios para avanzar hacia un país más federal. Así, la tendencia nos ha llevado a un peligroso centralismo que, fiel a su lógica, ha incrementado los mecanismos discrecionales de distribución y hace que, sin solución de continuidad, el peso de las crisis financieras indefectiblemente recaiga sobre las provincias en general y, particularmente, coloca a Buenos Aires como su mayor víctima.


*Ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía provincial.

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