Publicado en edición impresa de Seguridad y derechos humanos  

Una semana clave

  • Por Mariela Belski | 20/07/2012 | 23:18
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La sede de las Naciones Unidas es en estos días, escenario de una conferencia crucial para el futuro de la seguridad, y el respeto a los derechos humanos en el mundo. Pocos lo saben en la Argentina, pero representantes de 193 países participan en una histórica negociación final, que va a definirse esta semana en Nueva York, del texto de un tratado que regule el comercio global de armas. Hoy no existe una norma completa, aplicable internacionalmente, para un negocio que mueve miles de millones de dólares al año. El resultado es que toneladas de armas terminan en manos de gobiernos que las utilizan para violar los derechos humanos de sus propias poblaciones o en el mercado ilegal. Mientras algunos se enriquecen, la falta de regulación se paga cada día con vidas humanas (la matanza de Siria es sólo un ejemplo) y por eso Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos lucharon durante veinte años para que esta conferencia se hiciera realidad. Es absurdo –y es también causa de enorme sufrimiento humano alrededor del mundo–, pero hay más normas internacionales para comerciar frutas o agua embotellada que para vender un tanque.

Sin embargo, la conferencia puede terminar con un acuerdo vacío de contenido si países poderosos que hoy son grandes exportadores de armas, como Estados Unidos, Rusia y China, no dejan de lado sus propios intereses para privilegiar la seguridad colectiva.

La mayoría de los países, incluidos casi todos los aliados de los Estados Unidos, están de acuerdo en lo que llamamos una regla de oro, que impida la transferencia internacional de armas cuando exista un riesgo sustancial de que vayan a utilizarse para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos. Pero los diplomáticos del gobierno de Barack Obama están planteando que, por encima del criterio de los derechos humanos, se le debe reservar a cada Estado el derecho a autorizar exportaciones de armas por consideraciones que tengan que ver con la seguridad nacional y la estabilidad regional. Una cláusula de ese tipo es la que en el día de mañana podría justificar comportamientos como los que han tenido últimamente el propio Estados Unidos, principal proveedor a Egipto de las armas, municiones y agentes químicos utilizados para reprimir a los manifestantes pacíficos que reclamaron una apertura democrática. O serviría para que Rusia y China continúen armando a Sudán, cuyo presidente, Omar al-Bashir, tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad.

Estados Unidos, Rusia y China son, junto a los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones (Francia y Gran Bretaña) y a Alemania, los seis mayores proveedores de armas en el mundo. Ninguno de ellos ha tenido reparos en venderles a gobiernos represivos, al mismo tiempo que justamente el Consejo de Seguridad imponía a determinados países embargos de armas tardíos, que llegaban después de que sus propios miembros habían fomentado una catástrofe humanitaria, con sus envíos descontrolados de armas.

Un tratado de armas no va a obstaculizar el derecho legítimo de los países a equiparse por motivos de defensa nacional ni a interferir en la forma en que cada estado desee regular la tenencia de armas en sus territorios. Lo que debe hacer es imponer a sus firmantes la obligación de examinar cuidadosamente, además de hacer público, cualquier pedido de autorización para transferir a otro país armas, municiones y equipamiento militar, incluyendo vehículos blindados, aviones, misiles, granadas y armas livianas. Y un tratado de armas debe, fundamentalmente, poner los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración.


*Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

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