Toda sociedad, toda comunidad (esa especie de “unidad común” que nos incluye en un mismo territorio) evidentemente necesita tener reglas de convivencia. Desde las cavernas hasta la modernidad, los seres humanos hemos ido evolucionando en el modo de darnos a nosotros mismos nuestras reglas y en el tipo de normas adecuadas a las circunstancias históricas, conforme a la misma evolución. Obviamente se destacan las influencias culturales, religiosas, filosóficas y políticas que cada sociedad va adoptando y cultivando en su seno, para que las reglas que a sí misma se dicta sean las adecuadas a su idiosincrasia.
En nuestro caso, hemos adoptado desde nuestros inicios en la organización jurídica y política el sistema jurídico descendiente del Derecho Romano, en contraposición con el sistema anglosajón, en parte como herencia de nuestros colonizadores y de la influencia filosófica europea que fue parte de la formación de nuestros próceres, entre otras cosas. Esto que parece sólo un dato anecdótico nos identifica en cuanto a lo que hemos decidido adoptar para nuestra organización como sociedad. Así transitamos décadas con una ley suprema que establece las bases de nuestra organización política y jurídica, llamada Constitución Nacional, y demás leyes que regulan nuestra vida en comunidad, tal lo que corresponde a las normas como herramientas emanadas de esa maravillosa ciencia llamada Derecho,  sobre la cual podemos dar distintas definiciones, conforme aquellas influencias mencionadas antes. Por ejemplo, decir que el Derecho representa “la organización social y coercible de las acciones humanas y con un criterio de justicia”. (Giuseppe Graneris).

Aunque resulta una definición imbuida de la filosofía tomista pero basada en los valores que nuestro país sustentaba, por lo menos hasta la mayor decadencia institucional que comenzó en la década del 30, fecha a partir de la cual se tiró por la ventana un proceso republicano que aún con imperfecciones había puesto al país en los principales puestos del mundo. Pero, más allá de lo institucional, había valores, conductas de personajes que podían destacarse, con lo cual nos brindaban un horizonte. Se tenía cierto temor reverencial hacia las autoridades, tanto en la familia como en la escuela o la justicia, que se fueron desvirtuando. Y de golpe llegamos al siglo XXI, atropellados por lo vertiginoso, por las tendencias revisionistas que se convirtieron en una nueva historia oficial, por la masificación adornada de pseudodemocracia, transformando valores morales que nacen del fuero íntimo y forman valores sociales, prestigios, paradigmas de conducta, ideales a alcanzar, igualando todo sin que nada se destaque, porque destacar algo parecería algo antidemocrático. Algo así como el famoso “todo es igual, nada es mejor”, como reza el tango Cambalache.

Si todo lo igualamos forzosamente, nada se destaca; penosamente. Cuando todo lo ponemos en un mismo plano de igualdad (léase igualitarismo), perdemos también el orden como motor de un camino que nos conduce, el orden entendido como situación y estado de legalidad normal, no como imposición autoritaria, que es lo que en los hechos practican los populismos.

¿Cómo aplicamos las normas si todas las conductas dan lo mismo? Perdemos también entonces el sentido de la ley, aquel precepto dispuesto por la autoridad competente precisamente para clarificar los premios y castigos por el mantenimiento del orden, para llegar a la justicia, aquella virtud cardinal cuyo objeto es dar a cada cual lo que le corresponde. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con los conceptos de igualdad democrática y republicana que enaltecen la condición humana, sino lo que hacemos con ello, es decir, nuestra conducta. Pues como reza un proverbio, son las conductas las que nos definen y las que enseñan a través del ejemplo. Sin embargo, desde hace casi 28 años, con el retorno del sistema constitucional, no supimos reinstalar los valores perdidos; no entendimos de qué se trataba y parece que seguimos sin entender de qué se trata. Creímos que el sistema se agotaba en la democracia, cuando la democracia es el método para alcanzar el sistema que es la república.

La mayoría de la dirigencia política, desde 1983 hasta la fecha, sólo habló de democracia, nunca mencionaron el significado del sistema republicano; por eso después de 28 años seguimos reclamando calidad institucional. Pero los mismos que la reclaman son los que nunca la profundizaron. Nuestra democracia sólo ha tenido efecto en la función del modo de elección, pero no en la profundidad de su destino.

Al respecto, nuestros dirigentes deben comprender que “la democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional” (John F. Kennedy). “La democracia necesita de la virtud, si no se quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular” (Juan Pablo II). Lamentablemente, no ha sido ése el camino por el cual nos llevaron, sino el del facilismo demagógico y el desapego a las normas legales y al orden social, porque eso parecía algo perimido y represivo, conforme al discurso que la mayoría tuvo. Tampoco hemos resuelto qué Estado queremos, si el “Estado Fin”, que se agota en su propia existencia y se sirve a sí mismo, o el “Estado Medio”, aquél que utiliza sus facultades para servir a los ciudadanos; son dos conceptos muy diferentes en el ámbito del Derecho Político. También aparecieron los iluminados intelectuales del Derecho, que se arrogaron su interpretación en forma contraria a lo que la sociedad misma reclama, inculcándonos el criterio minimalista en la aplicación de las normas penales, porque su aplicación por sí sola no contribuye a combatir el delito. En buen romance, se anula la ejemplaridad de la sanción; entonces no se distingue una conducta de la otra, da lo mismo una u otra porque no hay premios ni castigos.

Recién cuando la sociedad clama por justicia algunos políticos buscan no quedar desubicados tratando de disimular sus dobles discursos, mientras los minimalistas de la acción penal dirán que la cárcel no soluciona los errores de la sociedad; es decir, inculpan a la sociedad por lo que ella sufre ante un hecho criminal.

Es obvio que la cárcel no da solución, es sólo una herramienta que la misma civilización ha dado para evitar matarnos unos a otros; ¿o acaso es mejor esto último? En todo caso, lo que debe hacerse es mejorar el sistema penitenciario, pero no anularlo. La minimización de la sanción carcelaria tiene una elaboración razonada. Ahora, “la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevará inevitablemente a ilusiones teóricas” (Emanuel Kant). Sería prudente entonces comprender primero la realidad social antes de pretender imponer ideas que nunca podrán aplicarse en tanto esa realidad sea un obstáculo para ello. Sobre todo cuando domina la anomia, que asociada a la impunidad crea un ambiente sociópata con consecuencias catastróficas para cualquier sociedad. Con sentencias como la que declara la inconstitucionalidad de la reincidencia, estamos lejos de afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

En síntesis, han pasado 28 años de nuestro retorno a la democracia, pero aún no hemos retornado a la Constitución Nacional, a los valores republicanos, a entender que una sociedad debe tener ley para que exista orden, y orden para poder aplicar la ley. Entendiendo, además, que la ley no es el capricho de un todopoderoso totalitario sino el resultado ordenado de los valores morales de una sociedad. Por eso muchas naciones nos llevan ventaja. Nosotros seguimos sin encontrar el verdadero rumbo perdido, aquel que trae progreso y justicia; el rumbo de la ley y el orden.

*Abogado y docente de nivel terciario.