Publicado en edición impresa de Acerca del uso del presupuesto  

El gasto olímpico y el resto del gasto

Por ahora es ocioso pedir resultados de medallas al impuesto al deporte que se paga con los celulares, aunque habría que fijar metas intermedias. Del mismo modo, la administración pública debería rendir cuentas.

  • Por Enrique Szewach | 17/08/2012 | 02:33
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El incremento del presupuesto destinado a deportistas de alta competencia financiado con el 1% de lo que pagamos los que hablamos por celular ha generado un tibio debate en torno a la eficiencia en el uso de estos fondos.

Curioso: los argentinos pagamos alrededor de $ 700 mil millones en impuestos nacionales y provinciales, y sólo estamos cuestionando los $ 227 millones que se gastaron en subsidiar a atletas de alto rendimiento.

Permítanme, entonces, plantear el tema desde este caso particular para luego ampliarlo y generalizarlo.

En primer lugar, una cuestión básica: ¿por qué hay que destinar fondos públicos en ayudar a atletas de alto rendimiento? No hay ninguna teoría ni medición objetiva que vincule “el bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación” con el número de medallas conseguidas en un juego olímpico. Con todo respeto, ni Etiopía, ni Corea del Norte, ni Cuba ni Jamaica (bien por arriba de la Argentina en medallas) pueden considerarse países superiores en calidad de vida que Bélgica, Finlandia o Taiwán, que obtuvieron magros resultados e inferiores a los nuestros. Es cierto que una sociedad que “hace deportes” seguramente es mejor que una cuyos ciudadanos no lo practican. Pero una cosa es “hacer deportes” y otra es “ganar medallas”.

Aun cuando resultara razonable destinar fondos públicos al desarrollo de atletas olímpicos, ¿dónde es más eficiente el dinero? ¿En ayudar a los talentosos a perfeccionar sus destrezas? ¿O es mejor poner el dinero en las escuelas y otros centros sociales para que los talentos aparezcan y luego seleccionar a los mejores para perfeccionarlos? Dicho de otra manera, ¿ponemos la plata al final de la cadena, o al principio? ¿No es mejor fomentar el deporte entre quienes no tienen la oportunidad de practicarlo, aumentando la base de deportistas potenciales, que asignar recursos exclusivamente a quienes ya lo hacen?
Por último, se ha señalado –y con razón– que resulta prematuro juzgar el resultado de este impuesto, dado el escaso tiempo transcurrido desde su aplicación, porque se trata de una inversión a largo plazo. Pero si es así, ¿no corresponde, de todas maneras, tener algún “criterio de éxito”? ¿No debería la entidad que administra estos fondos fijar metas intermedias, o algunos indicadores que nos permitan, a quienes pagamos, saber si vamos o no por el buen camino?

Entiéndase bien, no digo que está mal lo que se hace, sólo estoy proponiendo una “hoja de ruta” para tener una respuesta, más allá de la típica “mesa de café”.

Podemos ahora llevar esta discusión a los $ 699.774 millones restantes.

Primero, los recursos tienen destinos alternativos y no son ilimitados; por lo tanto, hay que discutir objetivos y fijar prioridades, y dichos objetivos y prioridades no son estáticos en una sociedad. Los presupuestos, en general, se construyen basados en lo pasado, sin revisar su sentido presente o futuro.

Una vez aceptado el objetivo, hay diferentes instrumentos para lograrlo, y algunos son más eficientes que otros (Cristina Kirchner y Dilma Rousseff tienen el objetivo de ampliar autopistas. La primera decidió que la ampliación la paguen por adelantado los consumidores. La segunda, como tiene mercado de capitales y reputación contractual, decidió que la plata y la obra las provean los privados y se les pague después. El objetivo es el mismo, los instrumentos son diferentes, y un sistema es más eficiente que el otro).

Tercero, tanto la teoría como la práctica presentan criterios claros para cuándo usar el sistema impositivo para financiar bienes o servicios, cuándo usar endeudamiento y cuando recaudar por el sistema de precios. Desconocer estas cuestiones lleva a fracasos estrepitosos, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la justicia distributiva (el caso del transporte público –con muertos incluidos–, ya discutido en esta columna, o el de la energía resultan paradigmáticos).

Por último, es imprescindible tener elementos para “medir” el éxito o el fracaso de una gestión. Así como le pedimos al Comité Olímpico “medallas”, ¿no deberíamos pedirle lo mismo al ministro de Salud, al de Educación o al de Seguridad? ¿Qué metas anuales o plurianuales se fijan para saber si han sido un éxito o un fracaso?

La idea de tirar primero y fijar el blanco después logra aciertos del 100%, pero no es de “buen deportista”.

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