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En nuestro invierno de 1997, tres futbolistas extranjeros llegaron al Valencia de Francisco Roig, uno de esos personajes que por ser dueño de grandes empresas y de un par de equipos de fútbol se convierten automáticamente en hidalgo señor (Arcipreste de Hita dixit). Uno fue Saib, volante central argelino proveniente de Auxerre. Otro fue Viola, delantero brasileño que jugaba en Corinthians. El tercero fue Gustavo Campagnuolo, arquero argentino cuyo último partido oficial lo había disputado en Deportivo Español pero que, sin embargo, llegó a España luego de que Roig pagara 180 millones de pesetas –poco menos de un millón y medio de dólares de la época– al Montevideo Wanderers.
Recuerdo por aquellos días una entrevista con Campagnuolo en Radio La Red en la que, entre bromas, aceptaba conocer los colores de la camiseta del equipo que lo vendía sólo porque de allí había surgido ni más ni menos que Enzo Francescoli. Y porque Wanderers fue, entre otros, rival del River campeón de América de 1986.
Hubo una causa judicial que el Juzgado de Instrucción Número 11 de Valencia trasladó a la Asamblea Nacional. Poco más se supo de aquel trámite, entre otras cosas porque la parte gruesa del barullo se produjo fuera del territorio español. Las crónicas de esos tiempos aseguran que, libre del Deportivo Español, Campagnuolo pasó a ser jugador del Wanderers sin su conocimiento. Y que Wanderers, al decir de su por entonces presidente, Carlos Maresca, cobró los 180 millones y cedió “algunas comisiones”.
Es una historia que venía rebotándome desde hace rato en la cabeza. Por algún motivo no me generaba nada en especial esto que hoy parece partir por la mitad al fútbol argentino. Wanderers, Racing de Montevideo, Locarno de Suiza, Unión San Felipe, de Chile, un puñado de equipos de distintos parajes de la Argentina… todos apenas nombres propios reales o de fantasía para una gran estafa que viene de tan lejos que lo único que logra es que me sienta un cínico leyendo los titulares de los diarios con la resignación de quien sabe del asunto desde hace casi veinte años.
Cinismo, impostación, careteo. Pónganle el calificativo que quieran y acertarán a la hora de medir cómo reaccionamos los hombres de medios que nos tiramos de los pelos por este choreo que conocemos y aceptamos desde hace tanto. Como tantas cosas en el fútbol.
Hoy se trata de las triangulaciones. Se ha simplificado la explicación de su vigencia, básicamente porque la AFIP saltó en virtud de que, de tal modo, se estaba eludiendo el cepo al dólar. Hay mucho más que eso, según la operación que se espíe: defraudación al fisco, obviamente; estafa al club de origen, proliferación de los “grupos empresarios”, dirigentes dueños de pases a través de testaferros, millones que se pierden en el camino y entre varias manos gracias a que el club “vendedor recibe su parte y firma lo que le digan”. Cuando la AFA dice celebrar que la AFIP haya intervenido en el asunto, no se hace cargo de que, gracias a ciertas modificaciones normativas de la misma AFA, simplificaron los negociados, triangulaciones incluidas. Nunca hay que olvidarse de que hasta hace un par de décadas ningún jugador podía actuar en nuestro fútbol si no era ciento por ciento propiedad del club al que representaba. Entonces, se desdoblaron los derechos entre federativos y económicos. De tal modo, a los clubes les quedaron en mayor medida los derechos federativos, lo que les redujo su influencia a firmar una ficha a favor de tal o cual club. Los económicos se los reparten miles de personas que van desde padres de futbolistas hasta compañeros de equipo. Pasando por ex poseedores de barriles de efedrina, barras bravas, dirigentes, entrenadores, jugadores de Bolsa o ganadores de un Quini 6. No faltara algún hombre de medios; no necesariamente empresario, quiero decir.
Las triangulaciones son apenas uno de los tantos temas que la gente del fútbol maneja sottovoce desde hace muchísimo tiempo. El sottovoce hace que nadie se anime a ir a fondo contra los periodistas que cobran de los clubes o de la AFA misma, contra los técnicos que cobran peaje, contra los formadores que piden dinero para tomar una prueba, contra las muestras de orina adulteradas –¿en qué quedó el llamado Caso Torres, que le costó la carrera a un futbolista de Deportivo Español en la segunda mitad de los 90?–; contra los empresarios que abandonan circunstancialmente empresas que hacen negocios con el fútbol para presidir instituciones con las que ellos mismos negocian desde otro escritorio; contra los barras que, evidentemente, tienen detalle de cada muerto que los demás tenemos en el ropero y eso los convierte en inmunes; contra los responsables de las colectas que convierten a esos barras en viajeros con más millas que Roger Federer; contra la burda reventa que la tropa de revendedores asegura es un enorme robo para la corona; contra ciertos árbitros cuyo poder adquisitivo complica aún más la posibilidad de justificarles los errores.
Si al menos hubiera un debate para intentar jugar mejor al fútbol, tal vez valdría la pena hacerse el distraído. Pero ni siquiera ese trabajo se toman.
Ojalá que lo que pasó esta semana sólo sea el punto de partida. El primer paso, pero no sólo para adecentar el negocio del fútbol y exigir que todos seamos iguales ante la ley –al menos, la tributaria–; este Gobierno, del cual depende todo el fútbol argentino, tiene en un puño a los responsables del desastre. Quien crea que el problema empieza y termina en una gambeta a la imposibilidad de disponer de dólares padece de una miopía demasiado cercana a la ceguera. Y cuando un Estado nacional es el que, una vez más, sacude el avispero, la ilusión de quienes queremos un deporte más sano y justo se agiganta. Y la pretensión de que vayan por todo, también.
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