Publicado en edición impresa de el "ahora no" de la politica  

Hecha la trampa, hecha la ley

La avanzada de reformas legislativas está “blanqueando” decisiones de facto tomadas tiempo atrás. La del sector eléctrico conlleva riesgos de retroceso y abandono de la alta eficiencia.

  • Por Enrique Szewach | 02/09/2012 | 00:06
0
0
0
Comentarios | Este artículo fue leído
0
veces

 

A partir de la reelección de la Presidenta en octubre pasado, y con más intensidad en los últimos meses, se pasó de la “sintonía fina” a la “profundización del modelo” casi sin escalas.

La característica más llamativa de este proceso es que, en general, se trata de consolidar en las leyes y en los marcos normativos lo que, en la práctica, se realiza desde hace años.
En ese sentido, más que una “profundización” parece ser una “legalización” del modelo. Una forma sofisticada de la “avivada” argentina, donde primero se trampean las normas y luego se trata de darles un barniz legal y oficial a las trampas.

Los ejemplos abundan. Permítanseme sólo algunos.
La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central no hizo otra cosa que ratificar y ampliar lo que venía sucediendo, el uso de la política monetaria como fuente de financiamiento del gasto público. Los cambios en el estatuto del Banco, por lo tanto, dieron forma legal a lo que, hasta ese momento, se hacía “a pesar de la ley”. Es cierto que la reforma desdibujó aun más los límites de este esquema, y se transformó en un aumento fenomenal de la dosis de un remedio que ya estaba en aplicación.

Otro ejemplo similar surge de los anuncios en torno al mercado eléctrico. Desde hace años, las empresas privadas a cargo de las concesiones del servicio de distribución de energía, como las que son dueñas de “fábricas generadoras”, están trabajando como simples administradores de sus empresas “por cuenta y orden del Gobierno”. Bajo la cáscara del marco regulatorio y legal que regía desde los 90, y que –dicho sea de paso– permitió acumular US$ 100 mil millones de inversión privada, incrementar fuertemente la oferta energética y abaratar su precio hacia finales de los 90, el Gobierno congeló o redujo sustancialmente los aumentos de tarifas en términos reales, y reemplazó ese financiamiento con subsidios directos y con inversiones manejadas y dirigidas por el Estado.

En lugar de reformular los contratos y adaptar el marco regulatorio a las nuevas condiciones macro y sectoriales, se procedió a la “expropiación indirecta” hasta llevar a las empresas al borde de la quiebra, para ofrecer, ahora, una “solución”, que consistirá casi con seguridad en “legalizar” lo ya actuado, confirmando un esquema en el que los fondos los pondrán los pagadores de impuestos y los consumidores, y en el que, sin estímulo alguno a la eficiencia, proveedores, sindicalistas, contratistas, y administradores privados o públicos manejarán esos fondos “vigilados” por una comisión, que reconocerá costos y una ganancia “razonable”. (La ganancia verdadera, obviamente, surgirá de inflar costos, como siempre en estos sistemas, y “compartirlos” con los funcionarios de turno). Este es el esquema que regía hasta principios de los 90 y que llevó a la debacle al sector eléctrico argentino. Pero esta vez no va a pasar, porque los funcionarios son mejores, más inteligentes y más honestos que aquéllos de antaño...

Finalmente, el proyecto de reforma constitucional se inscribe en el mismo sentido. La muerte de Néstor Kirchner anuló el mecanismo tramposo diseñado para la reelección disfrazada, que alternaba pingüino y pingüina eternamente. Ahora hace falta una norma explícita que habilite la reelección indefinida. Pero ésa es, en verdad, sólo una condición necesaria para profundizar el modelo. Hace falta, además, adaptar el resto de la Constitución Nacional para que coincida “con los procesos de transformación en varios países de la región”, como lo sostiene el último documento de Carta Abierta.

Lo que no se aclara, en este caso, es a qué países de la región se refieren, o al menos no encontré el detalle de éstos. Porque si se refieren a Brasil, Chile, Perú, Uruguay o Colombia, en ninguno de ellos rige el “modelo” sino todo lo contrario. En esos países funcionan bancos centrales profesionales con límites estrictos de financiamiento a los gobiernos, y sistemas de asociación pública-privada de concesiones para sus servicios públicos y su infraestructura, por citar sólo los casos aquí descriptos.

Termino aventurando una propuesta revolucionaria: ¿y si en lugar de legalizar lo que anda mal e idealizar los fracasos, suponiendo que, ahora sí, lo haremos bien, nos proponemos copiar y adaptar lo que funciona en el mundo que funciona?

Comentarios

Comentá en Perfil.com

Para comentar debes estar logueado,
ingresá a través de:

Google

 

Últimas noticias

Últimas fotogalerías

Últimas fotogalerías