Poder. "¿Qué pasó con esa suerte de construcción para contener al presidente? No sólo no se ha utilizado o se ha utilizado mal sino que, al contrario, hoy el hiperpresidencialismo (término de Carlos Nino) goza de mejor salud que antes."

El doctor Daniel Sabsay ejerce la abogacía desde 1974 y, actualmente, es titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Por su amplia experiencia, entonces, nos interesa sobre todo hablar de la habilitación de los jóvenes para votar desde los 16 años.

—En primer término –explica el doctor Sabsay– yo veo esto como una situación absolutamente asimétrica. La capacidad debe tener reglas que no sean arbitrarias. Y si se llega a sancionar esta ley vamos a estar en una situación por demás irregular. ¿Por qué digo esto? Mire, para todos los actos de la vida civil, como conducir un auto, contraer matrimonio, celebrar un contrato o ausentarse del país –sólo para citarle algunos ejemplos–, se necesita tener 18 años. Y esto jamás se puso siquiera en tela de juicio. Como sabemos, los menores de 18 años necesitan la correspondiente autorización. En cambio, frente a un acto con tanta importancia y trascendencia pública, nada menos que el derecho de sufragio como primer paso a la integración de las instituciones de la República, resulta que los 16 años son suficientes. Y la verdad es que esto me parece por demás desatinado. En segundo lugar, el carácter optativo del sufragio es inconstitucional. El artículo 37 de la Constitución (que es producto de la reforma del ’94), entre los caracteres del sufragio subraya su obligatoriedad. Sólo hace una excepción en el artículo 40 que señala, precisamente, que el voto será facultativo cuando se trate de consultas populares no vinculantes. Con lo cual ha querido significar que es la única excepción. Entonces, introducir por vía legal una excepción es inconstitucional. Por otra parte, el otro aspecto que veo es que no se puede contemplar el paisaje como si la Argentina fuera un país separado del mundo. ¡En este tema tan delicado es importante observar cómo se desarrolla el panorama en “todo” el mundo!
—¿Qué países tienen esta excepción?
—Los que permiten votar a menores de 18 años son apenas el 5%. Y entre esos países tenemos, por ejemplo, a Irán, Cuba, Ecuador, Indonesia. Es decir, países no democráticos o con poca tradición democrática como Venezuela. Lo que sí es cierto es que, desde las usinas oficialistas, se habla mucho de Brasil. Sin embargo, tengamos en cuenta todos estos otros ejemplos. En la Unión Europea, en algunos estados de Alemania (parte de los Länder) hay jóvenes que votan desde los 16 años. Pero esto, que yo sepa, no se da a nivel de país. De todas maneras no se llega a contabilizar diez países sobre casi 200. Pasaríamos entonces a ser una excepción “excepcionalísima”.
—¿Cuáles serían, según su amplia experiencia, los motivos por los que se ha generado esta discusión?
—Uno no puede ser inocente acerca de las intenciones que mueven al Gobierno para manifestar, de pronto, tanto interés en dar protagonismo a la juventud ampliando sus derechos. La verdad es que la sensación que transmite es que, como las encuestas bajan, el Gobierno está analizando desde dónde puede lograr que se suplante lo que se pierde en otros espacios. Me parece que, si el tema es ocuparse de la juventud, deberíamos en cambio agarrarnos la cabeza. Fíjese que hace muy pocos días se dieron a conocer estadísticas con las cuales se demostró (con números de la Unesco o de la OEA) que la Argentina es hoy el país de Sudamérica con más deserción escolar. Si vamos al caso, en el secundario más del 50% de los alumnos abandonan los estudios antes de terminar su escolaridad. Me parece entonces que ése debería ser un punto enorme de preocupación. ¿Cómo puede ser que el país que hace no tantos años era visto en América latina como uno de los ejemplos en materia de educación se transforme hoy en el país con mayor deserción secundaria en la escuela? Evidentemente algo falla en el sistema. Es cierto que tuvimos la crisis, etc., pero de esto hace ya más de una década y esta administración comienza en 2003. ¿No podía hacerse algo para contrarrestar esta tendencia tan destructiva? Si unimos las situaciones de Brasil y Argentina observamos que en Brasil (mencionado, insisto, como ejemplo de voto a los 16 años) la escolarización ha dado un salto para adelante impresionante en la última década.
—Nuestras encuestas también señalan serios problemas en la comprensión de textos...
—Exactamente. Casi no existe el estímulo de la lectura de textos. Además (y esto viene de la década del 90) todo lo que es formación cívica y ciudadana (la Educación Democrática de nuestra época) se ha reducido cada vez más en cuanto a número de horas en el secundario. Entonces eso también es muy curioso. Si yo estoy bajando el nivel de edad estoy dando más formación para que esa gente pueda votar con conocimiento de causa. En cambio, es el peor de los mundos porque el nivel de edad y de formación han bajado en número de horas y en la importancia de la materia. ¡Incluso tengo entendido que en algunas escuelas es optativa! Se trata de muy pocas horas semanales y a través de una enseñanza práctica, muy veloz, sin textos buenos. Es notable cómo ha decrecido la formación de los jóvenes en las materias vinculadas con lo institucional. Incluso yo lo veo en la Facultad de Derecho donde enseño Derecho Constitucional. En primer año, por ejemplo, encuentro muchas veces alumnos que ni siquiera pueden dar el nombre de un solo ministro del Poder Ejecutivo.
—Bueno, los jóvenes no leen los diarios...
—Absolutamente. Tampoco lo hacen en años muy avanzados. Estamos hablando de la Facultad de Derecho de la UBA donde, supuestamente, encontramos el nivel más alto. Y esto es una realidad. Estoy hablando de alumnos que, por lo menos, tienen 19 años. Y esto puede servir de guía para entender si lo que estamos haciendo tiene un sentido o, por el contrario, es una utilización de los jóvenes.
—Quizás, como las últimas encuestas han dado un margen negativo para el Gobierno, a lo mejor la idea es que estos jóvenes llenen el hueco que ha quedado entre los adultos.
—Claro, se rellenaría el hueco y, además, el carácter optativo del sufragio lleva a que quienes vayan a votar van a estar muy estimulados desde las usinas gubernamentales. Si fuera optativo –está demostrado en prácticamente todas las encuestas– las grandes opciones en materia electoral son muy parecidas en todas las bandas etarias. Las diferencias son mínimas.
—¿Y en cuanto al voto de los extranjeros?
—Este es un tema sumamente peligroso.
—¿Por qué?
—Por la ausencia de los controles. En primer lugar, desde el punto de vista de la razón de ser. Un extranjero que ya ha tenido una residencia de dos años en la Argentina puede pedir la ciudadanía. Y va a votar. Es decir, de esta manera, al interiorizarse con lo que pasa en el país, muestra realmente una voluntad de ser argentino. Pero residentes con dos años (y estamos hablando de una cantidad más o menos análoga al número de jóvenes) completan aproximadamente los 3 millones. Este sería el resultado de la unión de los dos grupos. Y un padrón electoral confeccionado por el Ministerio del Interior me da muchísimo miedo. Sobre todo con lo que ya ocurre hoy en provincias como Formosa. Lo hemos visto recientemente por TV y nadie lo ha negado. Me refiero a esos 2 mil paraguayos que cruzan el río y a los cuales se les entregan 2 mil documentos falsos. Se les asignan programas con los cuales se les paga y desde las radios locales se los estimula diciendo “¡No se olvide de votar por Gildo!”. Se produce entonces esa multitud que viene a votar y que nadie puede controlar. Y nuevamente vuelvo al caso de Brasil, que es distinto. En Brasil quien confecciona el padrón electoral es la autoridad electoral, que es un Tribunal Supremo de Elecciones muy respetado precisamente por su gran independencia. Lamentablemente no es el caso argentino. Argentina es el único país de América latina donde gran parte de las incumbencias electorales están en manos del Ministerio del Interior como juez y parte, ya que es el ministerio político por excelencia. Por eso se le ha ido sacando esta prerrogativa en todos los países. El ejemplo que yo tomo es el de Costa Rica, que tiene ese modelo de Consejo Supremo de Elecciones que ya fue consagrado como un cuarto poder en 1949 en la histórica y maravillosa Constitución del presidente Figueres (un gran mandatario costarricense). Y le digo más: para mí Costa Rica es el gran modelo de democracia en América latina. No tiene ejército. No ha padecido golpes de Estado y posee una de las Justicias más independientes, y este modelo electoral que es imitado en todo el mundo. Incluso ha servido de ejemplo en países que tenían el fraude electoral como una suerte de epidemia.Menciono los casos de México, de República Dominicana, de Panamá. Con el concurso de técnicos electorales costarricenses han tomado ese modelo y lo han adaptado y, en sus países, han terminado con el fraude. Nosotros, en cambio, vamos en sentido inverso. Me permito entonces hacer la siguiente observación: ¿por qué, en vez de ampliar de esta manera el padrón electoral (y yo estoy convencido de que los jóvenes no están capacitados), no nos ocupamos, en cambio, de reglamentar una modalidad de voto (en cuanto a la boleta) que sea mucho más segura? Me refiero a la boleta única que, en las últimas elecciones, se ha probado con mucho éxito en provincias importantes como Santa Fe y Córdoba. La boleta única impide el robo y conlleva una gran fiabilidad y prácticamente suprime la actividad de los fiscales. Sin contar la economía que significa no tener que imprimir para cada partido millones de boletas. El Estado es el que provee la boleta única en la cual encontramos el nombre (cuando se trata de un órgano unipersonal como una gobernación y cuando se trata de presidente, sólo con su foto) y si es una lista de diputados y senadores sólo aparece el primero, pero la gente va marcando con una crucecita sus preferidos. Allí están todos los partidos, con lo cual desaparece el cobro de boletas. Además es mucho más fácil para el conteo, donde interviene un sistema electrónico muy veloz. Se ha demostrado que este sistema es muy confiable y somos nuevamente el único país que ha quedado con este sistema de boletas diferentes según el partido político.
—Y ahondando en su materia, doctor Sabsay, cada vez se habla más de una reforma constitucional.
—Es sorprendente que se lo instale como un gran tema de la agenda política. ¿Y por qué digo esto? Cuando en Derecho Constitucional se plantea este tema se hace un doble examen: ¿es necesario? ¿Es oportuno? Le adelanto que para mí no es ni necesario ni oportuno. Usted me preguntará: ¿por qué no es necesario? Tuvimos una modificación enorme en 1994 y esa modificación abarcó más de la mitad del articulado de 1853. Se incorporaron 19 artículos nuevos. Ahora bien, de todo eso mucho no se aplica o se aplica mal. Por ejemplo: en el tema del federalismo (uno de los puntos más débiles y de mayor vulnerabilidad institucional hoy en día es el federalismo fiscal) se ideó un sistema de federalismo de concertación que es la celebración de una ley-convenio de coparticipación federal de impuestos a través de la negociación entre Nación y provincias cuya Cámara de origen es el Senado. Como máximo, esto debía hacerse, por indicación de una causa transitoria, el 31 de diciembre de 1996. Sin embargo, nada se ha hecho. Lo que se ha hecho como parche va exactamente en sentido contrario de lo que apuntaba este instituto. Por ejemplo, la distribución equitativa entre las provincias; la remisión automática de los fondos para evitar la determinación bien clara de qué es lo coparticipable. Le explico: el gran problema del que adolecemos se refiere no solamente a los porcentajes que, para las provincias, son cada vez más bajos. En la actualidad el más bajo es para las provincias (entre 21 y el 25%). El resto va a la Nación. En los años 80 y 90 la coparticipación era del 57 o 58% para las provincias, pero la canasta coparticipable se ha enflaquecido cada vez más.
—Tenemos un ejemplo reciente en lo ocurrido con la provincia de Buenos Aires.
—Ahí es clarísimo: la provincia de Buenos Aires adolece en gran parte de mala distribución. Piense que es la que contribuye en mayor medida y, sin embargo, no se le da lo que le corresponde. Por eso el gobernador de la Provincia se transforma en una suerte de mendicante. Y esto ocurre con todas las provincias. ¡Votamos a los gobernantes y luego los gobernantes se convierten en mendigos del poder central que los extorsiona! Se ven obligados a hacer exactamente lo que quiere el poder central, y esto no es solamente a nivel local. Es sobre todo el voto de los representantes de esa provincia en el Congreso. ¡Estas cosas van destruyendo la democracia y allí vemos una falencia inmensa! Por ejemplo, en materia de derechos de consumidores y usuarios (y lo menciono por la sanción que le ha sido aplicada) la Constitución en su artículo 42 establece que los entes reguladores de las empresas prestatarias de servicios deben estar integrados por representantes de las organizaciones no gubernamentales de usuarios y consumidores. ¡Desde el año 1994 esto todavía no se cumple! En cambio, le quitan la personería jurídica simplemente por sacar datos sobre la inflación de la cual todos sabemos que es mucho mayor que las cifras oficiales. Además lo hacen sin siquiera elaborar un sumario previo y derecho de defensa. Volviendo al tema de la atenuación del presidencialismo, recordemos que uno de los grandes objetivos del Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín) era por un lado permitirle una reelección consecutiva al presidente en ejercicio, pero sin atenuar el presidencialismo. A esos efectos, comenzando por el jefe del gabinete de ministros, hay varios organismos de control como la Sindicatura General de la Nación, el Ministerio Público, la Auditoría General de la Nación, etc. También el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. A su vez, se constitucionalizaron las facultades legislativas del presidente. Y si hoy analizamos qué pasó con esa suerte de construcción para contener al presidente vemos que no sólo no se ha utilizado o se ha utilizado mal sino que, al contrario, hoy el hiperpresidencialismo (para usar la terminología de un gran jurista como Carlos Nino) goza de mejor salud que en aquel entonces. La utilización de los decretos de necesidad y urgencia bajo la ley reglamentaria de 2006 (y permítame usar este adjetivo) es nefasta. Y por una cuestión muy simple: hace exactamente lo contrario de lo que, en esta materia, regula la Constitución italiana de 1946 que es el modelo. Le explico por qué: desde el momento en el que se dicta el decreto de necesidad y urgencia ya tiene el mismo efecto que una ley, y aunque se lo anule después los efectos que se han ejecutado ya quedan firmes. En la Constitución italiana ocurre exactamente lo contrario. Por otro lado, la Comisión bicameral va a dictar una opinión sobre el DNU pero lo envía al recinto que es el que decide. En el recinto no hay plazo para manifestarse ¡y al no haber plazo las disposiciones quedan durmiendo el sueño de los justos y con el silencio quedan ratificadas! En Italia, si en sesenta días el Parlamento no lo ratifica se revoca por el silencio.
—Y volviendo al tema de la votación a los 16 años cabe preguntarse también ¿quién lo pide? No se ven chicos en la calle reclamándolo. ¿Los adultos?
—Claro. Esto de ninguna manera surgió de los jóvenes. Incluso, en un programa de TV me llamó la atención que en un grupo de estudiantes varios chicos señalaron que no se sentían capacitados para votar. Lo mismo dijeron chicos más grandes. Mi temor es que es muy probable que, por ejemplo, esos chicos no voten. En cambio van a votar aquellos que están cercanos a la visión oficial o que van a ser incentivados por los grupos de jóvenes que entran en los colegios. Lo veo, entonces, como una suerte de sistema. El adoctrinamiento a través de grupos afines y, por último, el impulso a que sean ésos los que voten. Y allí sí se inclina la balanza porque si la mayoría de los que optan por votar están en un solo lado, ahí se producirá una desigualdad muy grande. En cuanto a la reelección ilimitada no creo que la mayoría de los argentinos la desee. Me parece que se ha tomado conciencia de que es el pasaporte a una dictadura. Mire, con Constituciones democráticas esa “clausulita” lleva a experiencias dictatoriales. Y le doy nombres: Stroessner, Duvalier, Pérez Jiménez, Somoza. Me parece que son ejemplos bien claros. En todos ellos se dio este desarrollo. En Insfrán, lo mismo. Cuando se reforma la Constitución en el ’94 es generosísima en materia de derechos y una consagración del constitucionalismo social. Y en materia de reelección éste es uno de los países democráticos más generoso porque está permitiendo que un presidente sea electo, reelecto por una vez consecutiva y, dejando pasar el espacio de un período de cuatro años, puede volver a ser electo y reelecto. Nuestra Constitución es un caso bastante especial en América latina por su sistema de reelección. Si se convierte en consecutivo vamos a caer en una dictadura. Como Venezuela...