Publicado en edición impresa de cuatro años sin luciano arruga  

El desaparecido en democracia al que nadie representa

El joven de La Matanza está desaparecido desde enero de 2009, ante la indiferencia de la mayoría de los organismos de derechos humanos. Todas las sospechas apuntan a la policía bonaerense. Una causa que ahora empieza a moverse.

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Reclamo. Un joven "negrito y pobre", cuya desaparición no sensibilizó a los organismos de derechos humanos ni a funcionarios del Gobierno nacional. La causa por su desaparición estuvo bloqueada durante años, y sólo acaba de acelerarse en los últimos días. Los familiares acusan a una fiscal de haber permitido la desaparición de pruebas de la participación de policías en el caso de Luciano. |

Luciano Nahuel Arruga era lo suficientemente negrito y pobre como para ser desaparecido por la Policía y luego ser ignorado por la Justicia, el poder político, casi todos los medios y gran parte de la opinión pública. La cruda historia del joven de 16 años que, según su familia, se negó a ser un “pibe chorro” armado, a sueldo de la “maldita Policía” Bonaerense en zonas liberadas, y que fuera visto por última vez con vida el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador (La Matanza), es una de las violaciones a los derechos humanos más graves en la Argentina desde 1983. Luciano era un adolescente que debía salir a “cartonear” en edad escolar para ganarse unos mangos, y lo secuestró el mismo aparato estatal, según denunció la familia. Ni siquiera en el caso de Jorge Julio López, un emblema de los desaparecidos en democracia y elevado a asunto de Estado por los Kirchner, hay tanta certeza de una captura institucional. Las Abuelas y Asociación de Madres de Plaza de Mayo son capaces de enviar micros a los juicios orales contra ex represores por crímenes cometidos hace 36 años. En cambio, el caso Arruga, perpetrado en los años dorados K, apenas despertó un tímido apoyo, incluida la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Luciano es un desaparecido clase B.
La lucha de la familia para que se hallen los restos de Luciano y se juzgue a los ocho policías sospechados es acompañada por organismos con menos presupuesto (Comisión Provincial para la Memoria, Asamblea Permanente por los DD.HH. de La Matanza y Madres Línea Fundadora). La familia de Luciano no cuenta con el respaldo de una estructura política, como Mariano Ferreyra y el Partido Obrero, ni con el cartel de mártir del rock nacional, como Walter Bulacio, el joven fan de los Redondos muerto a cachiporrazos en una comisaría, que podía movilizar a miles en las calles. Más bien, Arruga se está convirtiendo en un Miguel Bru, versión marginal, de la era kirchnerista. El estudiante de Periodismo de La Plata, desaparecido por la misma Bonaerense en 1993, fue símbolo de la represión policial, encubrimiento y pasividad estatal durante el menemismo. El caso Bru demoró seis años en resolverse en la Justicia, con dos policías condenados a perpetua sin que apareciera el cuerpo. Veinte años después, el caso Arruga demuestra que persiste la criminalización de la pobreza, el “gatillo fácil”, el desamparo de las víctimas, la impunidad, la indiferencia y el dolor.

Pobres víctimas. Desde el fin de la dictadura, 3.700 jóvenes murieron por la brutalidad policial y 197 desaparecieron en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos bonaerense (APDH). La inmensa mayoría de ellos era pobre.
“Si mi hermano hubiese vivido en Recoleta, esto no le hubiese pasado”, dice a PERFIL Vanesa Orieta, hermana de Luciano y cabeza del movimiento de lucha (todos los sábados transmite un programa de radio en la puerta del destacamento donde desapareció). El caso de su hermano ocurrió semanas después que los vecinos de Lomas del Mirador pidieran “mano dura” contra la delincuencia tras el asesinato en un robo del florista de Susana Giménez, Gustavo Lanzavecchia. “Los medios instalaron primero que fue un autosecuestro ligado a las drogas, después la figura del pibe chorro, y parte de la sociedad lo tomó como un caso más. Sobrevolaba el ‘algo habrá hecho’”, recuerda Orieta.
Pablo Pimentel, miembro de la APDH de La Matanza, también abona la tesis del prejuicio. “No sólo los medios o los organismos de DD.HH. que hoy están más vinculados con el Gobierno no tienen en cuenta el caso de Luciano. Es la sociedad toda: el problema emergente de una sociedad individualista, egoísta, sin memoria. Esto le pasa a un joven pobre, villero, que no cotiza para la fama o ser ‘el hijo de’. Para el Gobierno no es ‘políticamente correcto’ patrocinar este caso, como sí lo hizo con Jorge Julio López. Tiene que haber un cambio de actitud”, sostiene.
Por lo que contó Pimentel, el dolor por un familiar desaparecido por la fuerza bruta del Estado puede ser aun peor. “Hay un montón de Lucianos que han quedado en el olvido total; familiares de víctimas que no han tenido la fuerza, la capacidad que tiene Vanesa para reclamar y reclamar.”

Renacer. Casi como un método inexorable para que las cosas avancen en la Argentina, tuvo que ingresar la lógica de los costos políticos en el caso Arruga para que la Justicia bonaerense, en 48 horas, diera más pasos hacia adelante que en tres años, diez meses y dos semanas. El expediente central de la causa, a cargo del juez de garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, ya no trata a Luciano como un chico perdido (“averiguación de paradero”) sino que se caratula como “desaparición forzosa de persona”), mientras se tramita, a pedido de la querella, el traslado del caso de la Justicia ordinaria –más permeable a las presiones policiales y políticas– al fuero federal. El 9 de enero, por primera vez, se detuvo e interrogó a un policía –el oficial Julio Diego Torales– por las torturas que padeció el joven en la Comisaría 2ª de Laferrere cuatro meses antes de desaparecer. Su hermana y su madre fueron testigos en la misma dependencia de los vejámenes a Luciano: “Sáquenme de acá que me están cagando a palos”, les imploraba.
A su vez, tras un año y medio de demoras, se comenzó a buscar con un georradar los restos de Luciano en el destacamento donde desapareció, aunque sus familiares no creen que haya sido enterrado allí, sino en el Monte Dorrego, donde se constató que dos patrulleros estuvieron detenidos durante dos horas la noche del 31 de enero de 2009.
La causa nació viciada: la primera fiscal, Roxana Castelli, les entregó la investigación a los mismos policías señalados. Durante los primeros cuarenta días que siguieron a la denuncia de la familia, se destruyeron pruebas, se “limpió el terreno” y se entorpeció cualquier pesquisa. Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Luciano, razona: “No tenemos la prueba principal, que es el cuerpo. Si hay algo que enseñó la dictadura, es que si no hay cuerpo no hay verdad”. De hecho, el primer juez del caso Bru, Amílcar Vara (terminó destituido), repetía los fundamentos de la junta militar: “Si no hay cuerpo, no hay delito”.
El gobernador Daniel Scioli comenzó a sentir que la imagen que tanto debe cuidar para 2015 podía deteriorarse por la inmovilidad del caso Arruga en los Tribunales y empezó a moverse. Recibió a los familiares de Luciano el 16 de agosto de 2012, tras 44 meses de pedidos infructuosos. Esa noche, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Guido Carlotto (hijo de Estela), reconoció públicamente, por primera vez desde 2009, que “la desaparición de Arruga representa una vulneración del Estado de derecho que debemos reparar”. Por eso, Scioli comprometió su “decisión política” de “esclarecer el caso”.
Los ocho agentes sospechosos siguen activos en las filas de la Bonaerense (fueron apartados unos meses en 2009 por el ex ministro de Seguridad Carlos Stornelli). La causa se movió gracias a Horacio Verbitsky, ultracrítico de las políticas de seguridad de Scioli y su ministro Ricardo Casal. El director del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) encabezó, a fines de diciembre, una lapidaria rueda de prensa en la sede de la entidad junto a Vanesa Orieta, abogados y organismos de DD.HH. El periodista denunció una “complicidad policial, judicial y política”. Por su parte, la madre de Luciano pidió un jury contra la primera fiscal del caso. Los fiscales que la sucedieron, Celia Cejas y Carlos Arribas, en pocos días solicitaron la primera detención al juez Banco. El CELS, en noviembre de 2010, incorporó su equipo de abogados a la querella al ver que la Justicia se burlaba una y otra vez de la familia de Arruga.
“La investigación recién logró dar algunos pasos tras cuatro años de irregularidades en la instrucción, de maniobras de encubrimiento y de impunidad. Durante todo este tiempo, la actitud del gobierno provincial fue, al menos, condescendiente con el pésimo accionar judicial y de la Policía. No hay imputados en la causa principal”, advierte el CELS.
A todo esto, la familia sigue esperando que la Secretaría de DD.HH. de la Nación se involucre: sólo hubo una reunión protocolar con un funcionario de rango medio en 2009. Vanesa, la hermana de Luciano, recordó más de una vez que “Luciano era un ciudadano nacional” y que “si el gobierno de la Provincia no responde, le iremos a pedir respuestas a la Presidenta”. El 24 de marzo de 2011, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cerró el destacamento donde detuvieron a Luciano y allí se erigió el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Entre tanta bronca, dolor y lágrimas, Vanesa dejó un mensaje derecho y humano que ni el mismo intendente peronista pudo aguantar sin inmutarse: “Mi hermano venía a sacar comida a mi casa cuando sus amigos no tenían para comer. Y yo no sé cuántas personas hoy hacen actos como ése”.

 

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