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Buscando la verdad

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Mucho se ha hablado sobre el acuerdo firmado entre Argentina e Irán concerniente a la investigación del mayor ataque terrorista que haya sufrido Argentina: el atentado contra la AMIA, en 1994. El acuerdo contempla la creación de una comisión de la verdad formada por juristas internacionales, para que analice la documentación presentada por las autoridades judiciales de Argentina e Irán.

El lenguaje del acuerdo y el modo en que el Gobierno lo presentó son sumamente engañosos, tanto que ni siquiera es claro si es un mero memorándum o un tratado internacional. Si fuera sólo un memorándum, tal como lo presentó inicialmente el Gobierno, no hubiera sido necesario  que lo sancionara el Poder Legislativo: sería suficiente la aprobación del Poder Ejecutivo. El mismo documento contempla que debe ser sancionado por el Poder Legislativo de cada país, lo que indica que el documento puede tener carácter de tratado internacional. Por otra parte, si llegara a ser tratado internacional, tendría, como todos los tratados, mayor jerarquía que las leyes puramente locales. Sin embargo, el documento expresa que ninguna de sus disposiciones podrá violar derechos básicos garantizados por la ley. El estatus del propio documento, entonces, es ininteligible.

Asimismo, esta oscura cláusula, de que nada de lo estipulado en el acuerdo podrá contradecir la ley, podría referirse a la ley iraní, en cuyo caso el documento no representará un avance porque se encontrará atado a normas aprobadas en un régimen poco fiable; esta cláusula parece ser, en definitiva, un cheque en blanco en favor de Irán.

Otro aspecto importante es que la influencia de los juristas internacionales no será mucha: sus conclusiones no serán vinculantes, sino meras recomendaciones. Tampoco podemos confiar en que las recomendaciones, aunque no vinculantes, inclinen la balanza en favor de la Justicia, porque el documento dispone que el 50% de estos juristas será elegido por el gobierno iraní, un gobierno que no se caracteriza por promover la justicia, a menos que definamos justicia como la violación sistemática de derechos humanos.

Por otro lado, el documento establece que las autoridades judiciales argentinas e iraníes procederán a interrogar a ciertos acusados, pero la palabra “interrogar” es ambigua: puede incluir o no el deber del acusado de responder. Ello fue aclarado en el Senado, cuando el canciller Timerman asumió que los imputados podrán negarse a declarar.

Lo cierto es que los acusados por la causa AMIA son actores con gran poder político en Irán. Por ejemplo, Mohsen Rezai será probablemente candidato a presidente iraní, y Ahmad Vahidi es nada menos que el ministro de Defensa. Frente a este panorama, y considerando el dudoso Estado de derecho que hay en Irán, es absurdo pensar que el gobierno iraní firmó este acuerdo para encontrar la verdad. Pasaron casi 19 años de impunidad desde el atentado contra la AMIA, y nunca notamos a las autoridades iraníes demasiado angustiadas por ello, ni demasiado preocupadas por esclarecer el crimen. La mejor explicación de que el gobierno iraní haya aceptado firmar este acuerdo es que, como expresé antes, es lo suficientemente vago y ambiguo como para garantizarles impunidad a los que, a la luz de toda la evidencia disponible, son los autores intelectuales del atentado antijudío.

Este actuar por parte de Irán no es sorprendente, pues se trata de un régimen que viene violando constantemente derechos individuales, y que niega abiertamente el Holocausto, algo que al “progresismo” latinoamericano no parece preocuparle demasiado. Sí es sorprendente por parte del Gobierno argentino, que pretendiendo tener un alto estándar moral se cansó de decir que no negocia con “fondos buitre”, pero que tiene la mejor predisposición para negociar y firmarle un cheque en blanco a un régimen autoritario y negacionista.


*Abogado y profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella.

 

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