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DD.JJ. para todos

Desde la crisis financiera global de 2008 se promueve, incluso en ámbitos del que la Argentina es parte como el G20, la transparencia en los ámbitos de dirección de las empresas privadas. En muchos países, los ejecutivos del sector privado han debido abrirse a la sociedad. Una de las disconformidades sociales con la situación que generó serios problemas a nivel global es la inconsistencia entre las remuneraciones de sus directivos y las pérdidas que sus políticas generaron a los clientes.

Mientras tanto, lejos de allí, vamos a contramano de esos criterios. La reticencia de YPF –y la inacción de la Oficina Anticorrupción frente a esa postura– en brindar la declaración jurada de su titular es una muestra clara de que acá ni siquiera se puede acceder a la situación patrimonial de muchos de los funcionarios públicos.

La ley de ética pública es bien precisa. Sin embargo, la respuesta oficial lo niega al decir que, según la ley de expropiación, no le es aplicable la legislación administrativa que reglamente la administración, la gestión y el control de las empresas en las que el Estado tenga injerencia. Ello constituye un claro error de interpretación, pues se refiere al control a la persona jurídica, pero no a sus directivos.

Además, YPF sostiene que la justificación para excluir a la compañía y a sus directores a título personal de aquellas normas es que deben cumplimentar normas bursátiles que buscan garantizar la transparencia en los mercados. Lo que hay que preguntarse es cómo podrían ser contradictorias normas que persiguen aumentar la transparencia.

Incluso, la Convención de Naciones Unidas, cuya jerarquía es superior a la de cualquier ley, establece que debe exigirse a los funcionarios públicos que “hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos”. Esto es justamente lo que se busca evaluar cuando se solicita la declaración jurada del titular de YPF. Y de ahí la importancia de las declaraciones juradas.

*Abogado y codirector de ACIJ.

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