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De Ubaldini a Moyano: el mismo modelo, otras realidades

Fabián Bosoer repasa tres décadas de poder sindical y constata que, pese a los profundos cambios del país –privatizaciones, desempleo, derrumbe económico, irrupción de nuevos actores sociales–, el modelo de sindicato único y controlado políticamente por el peronismo, con reconocimiento del Estado y obra social, aún resiste, y con los mismos protagonistas. Pero el pluralismo avanza indefectiblemente, y con aval de la Justicia.

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Adaptación e inserción, movilización y resistencia: la combinación de estas modalidades define la actuación del sindicalismo argentino en estos treinta años de democracia. Insuperables en el arte de la negociación, acompañaron cambios socioeconómicos y políticos, gobiernos de uno y otro partido y orientación, recambios de funcionarios y agotadores procesos de elaboración e implementación de políticas laborales. Fueron la primera línea de avanzada, liderando movilizaciones políticas y sociales, y retaguardia en la defensa de intereses, espacios de poder o conquistas consideradas como derechos adquiridos. Pusieron y voltearon ministros. Estuvieron “de los dos lados del mostrador”: con los gobiernos, dentro de éstos y en la vereda de enfrente, sucesiva o simultáneamente. Allí está lo más joven y lo más viejo de la política argentina.

Alfonsín, el presidente que no esperaban. El grueso del sindicalismo organizado participó en la movilización popular que acompañó el final de la dictadura y retorno de la democracia. Pero el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 dejó al sindicalismo peronista en la vereda de la oposición, convertido en la punta de lanza frente al gobierno radical.

La frustrada “ley Mucci”. Las últimas elecciones sindicales y convenciones colectivas databan del período 1973-1976. El gobierno de Alfonsín impulsó una ley sindical por la cual los trabajadores elegirían libremente a sus representantes, obligando a la dirigencia a revalidar sus títulos en las urnas y con nuevas reglas. No cambiaba el modelo de un solo sindicato por rama de actividad pero establecía la obligatoriedad de incorporar mayorías y minorías en la conducción de los gremios. El proyecto concitó el frontal rechazo sindical, el “estado de alerta y movilización” y duras críticas al ministro de Trabajo, Antonio Mucci, un ex dirigente gráfico de orientación socialista.

Reunificación de la CGT. En enero del ’83 se proclamó la conducción única de la CGT, reuniendo a los dos sectores en que estaba dividida, Brasil (liderada por el cervecero Saúl Ubaldini) y Azopardo (conducida por Jorge Triaca, de plásticos). Tras el fracaso del proyecto de ley de reordenamiento sindical, la CGT unificada anunció el “plan de acción” contra la política oficial. Renunció Mucci y fue reemplazado por el diputado radical Juan Manuel Casella. La reglamentación electoral para normalizar los sindicatos fue aprobada y sancionada como Ley 23.071. Se concreta la normalización de los gremios y Casella da por cumplido su objetivo y deja el cargo. Lo sucede Hugo Barrionuevo, veterano dirigente fideero que había estado junto a Rucci como secretario adjunto de la CGT en los años ’72-’73. Los principales gremios retornaban a sus antiguas conducciones, las cuales revalidaban así sus títulos. Hubo excepciones, como la de ATE, trabajadores del Estado, donde se imponen dos jóvenes dirigentes, Víctor De Gennaro y Germán Abdala.

Plan Austral y los “26 puntos”. Las medidas del gobierno radical para estabilizar la economía y contener la inflación serán fuertemente resistidas por la CGT de Ubaldini. El Plan Austral, que incluye un congelamiento de precios, salarios y tarifas, una nueva moneda y la no emisión monetaria, es enfrentado con un plan de lucha y el programa de los 26 puntos, con exigencias desde aumento de salarios, política de pleno empleo, créditos para la industria, participación en las cajas de previsión y aumentos a jubilados. Será la plataforma de la confrontación sindical contra el gobierno radical, que dejará un balance de casi 4 mil huelgas sectoriales y de empresa, y 13 paros generales durante el período ’83-’89.

Un “caballo de Troya” en el gobierno. Intentando otra cosa, en 1987, Alfonsín ofrece el Ministerio de Trabajo a Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Se elabora una nueva ley sindical consensuada con la dirigencia gremial, que es aprobada en 1988, la Ley 23.551. Sin embargo, el radicalismo pierde las elecciones legislativas de ese año y Alderete –que se definió como un “caballo de Troya” sindical en el gobierno– renuncia. Lo reemplaza Ideler Tonelli, veterano abogado y dirigente radical.

Conquistas que llegan demoradas. El Poder Ejecutivo promulga finalmente, en el ’88, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, restableciendo las paritarias entre empresarios y trabajadores e incorporando a los agentes de la administración pública a la negociación colectiva de convenios. Tras la reglamentación de la ley de paritarias, otros dos temas sensibles ingresarán en la agenda: las leyes de obras sociales y del seguro nacional de salud. Las intenciones reformistas del radicalismo fracasan frente a la oposición sindical.

“La hora de cambiar”. El justicialismo, en sus distintas expresiones políticas y sindicales, elabora un duro documento titulado “La hora de cambiar”. Los dos polos quedan definidos entre la candidatura presidencial de Antonio Cafiero, por un lado, que aglutina a los renovadores y algunos gremios, como Luz y Fuerza, Viajantes y Seguros, y Carlos Menem, por el otro, que camino a la presidencia exhorta a “la unidad del movimiento obrero” y reivindica a las 62 Organizaciones como brazo político del sindicalismo peronista. Entre 1988 y comienzos del ’89, asediado por la hiperinflación y los conflictos laborales, desgastado por el hostigamiento de los sectores militares “carapintadas” y los paros de la CGT, Alfonsín conduce el final de su gobierno garantizando comicios limpios y entregando el poder a un nuevo presidente, cinco meses antes de finalizar su mandato.

Los tiempos de Menem y el neoliberalismo. El sindicalismo transitó de la pugna con el gobierno radical de 1983 a 1989 al apoyo tácito y condicionado para algunos, explícito y fervoroso para otros, en el primer mandato de Carlos Menem, de 1989 a 1995, para virar a posiciones críticas durante su segundo mandato, de 1995 a 1999. Sobre el fin de los años 80 y comienzos de los 90 se produjeron cambios profundos en el mapa sindical, que tienen su correspondencia no sólo con el regreso del peronismo al poder y su propuesta de “economía popular de mercado”, sino también con la estructura económica y composición del sector asalariado. Menem, que llega acompañado por el aparato sindical, opera de inmediato un giro a políticas liberales drásticas, que afectan directamente el poder de los gremios y sus dirigentes.

La línea divisoria entre “viejo” y “nuevo” sindicalismo tendrá más razones económicas que ideológicas. Los sindicatos industriales pierden fuerza relativa frente a los de servicios y empresas del Estado, cuyos dirigentes deben optar entre participar o quedar excluidos del proceso de privatizaciones. Surge, al mismo tiempo, un sindicalismo empresarial que acerca a la dirigencia tradicional a las nuevas reglas del libre mercado a través del control de las obras sociales y la participación en servicios “tercerizados”, aseguradoras de riesgo, fondos de pensión y jubilaciones, turismo, etcétera.

Privatizaciones y flexibilización laboral. En menos de cinco años se privatizaron casi cien empresas públicas, se eliminaron numerosas dependencias estatales y se redujo la planta de personal de la administración pública; se eliminaron diversas normas que regulaban las relaciones laborales y protegían a los trabajadores; se desregularon y liberalizaron actividades económicas y financieras y se privatizaron parcialmente los sistemas públicos jubilatorio y de seguridad social.

Las leyes de Asociaciones Profesionales y de Convenios Colectivos de Trabajo permanecen sin modificación durante las dos presidencias de Menem. Pero se introducen reformas que, junto a las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, avanzan en la flexibilización laboral. La relación entre los sindicatos y el gobierno atravesó por dos etapas diferenciadas. De la oposición a la privatización de las empresas estatales se pasará a la cooptación de una parte de la dirigencia y un respaldo social inmediato, producto de la estabilización de la economía, la salida de la hiperinflación y la revaluación de la moneda. Los ministros de Trabajo de Menem expresarán esa estrategia en cada etapa: Jorge Triaca, Enrique Rodríguez, Rodolfo Díaz y Armando Caro Figueroa.

CGT, MTA y CTA. Las políticas de privatización y desregulación de los 90 transformaron una buena parte del sindicalismo anteriormente confrontativo en un sindicalismo negociador. Este se dividirá, a su vez, en dos grupos. Por un lado, los sindicatos que apoyan activamente, lo que les permitirá, entre otras cosas, controlar el sistema de obras sociales. En una vertiente oficialista, la CGT conserva espacios de poder a la sombra del gobierno. Por el otro lado, con discurso combativo, la CTA, que se propondrá como un sindicalismo alternativo y tendrá su fuerza en los gremios estatales –ATE y docentes– y el MTA, liderado por camioneros y tranviarios, escindido en 1994 de la CGT. El gastronómico Luis Barrionuevo será un principal referente de los primeros y el estatal Víctor de Gennaro y el camionero Hugo Moyano, de los segundos.

Con el avance de la desocupación y la pobreza, Menem enfrentará en su segundo mandato crecientes movimientos de protesta, con protagonismo de maestros y docentes (la Carpa Blanca) y trabajadores de todo el país (Marchas Federales).

Cuesta abajo y final de ciclo. Se reiterará el mismo ciclo durante los siguientes años: en la oposición al breve gobierno de la Alianza (1999-2001), con la presidencia de Fernando de la Rúa, Alberto Flamarique y Patricia Bullrich como ministros de Trabajo y la escandalosa tramitación de una nueva ley sindical, que termina con las denuncias de corrupción en el Senado y la renuncia del vicepresidente, Chacho Alvarez, para regresar a una dinámica de respaldo y presión, tras la crisis de 2001, con el gobierno de Eduardo Duhalde, que tiene a Graciela Camaño como ministra de Trabajo. Con la crisis de diciembre de 2001 se cierra una etapa que incluye replanteos más profundos, de los que no estarán sustraídos el modelo sindical y los alineamientos político-gremiales.
   
Los sindicatos y la crisis de la representación política. La muerte del ya legendario dirigente metalúrgico y jefe de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, en diciembre de 2002, marca la conclusión de un ciclo hegemónico del sindicalismo peronista. Los candidatos peronistas que se presentan a las elecciones de 2003, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá, no tendrán adhesión orgánica del movimiento sindical y la representación gremial en el Congreso se irá reduciendo cada vez más. Al interior de la CGT, el sector liderado por el camionero Hugo Moyano se fortaleció e influyó sobre el sector oficialista para ocupar cargos en la conducción de la central. Esto fue de la mano del crecimiento del gremio de los camioneros y del poder de presión que adquiere esta actividad a través de acciones directas como cortes de ruta, bloqueos y movilizaciones. Para entonces, la protesta social dejaría de ser patrimonio exclusivo de los sindicatos. La desocupación, la pobreza y la exclusión social determinaron que otros protagonistas ocuparan el escenario, con diferentes metodologías de acción en la protesta urbana. A partir de 2002, el movimiento piquetero alcanza un mayor protagonismo social. Otros indicadores son el activismo de las comisiones de delegados de base e intersindicales, con fuerte peso de agrupaciones de izquierda, la organización de los “tercerizados”, las fábricas recuperadas por los trabajadores y la mayor presencia de mujeres en la conducción de los gremios.

Tras la crisis, la década K: ¿restauración o renovación? La recuperación económica y del empleo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner devolverán otro protagonismo a la dirigencia sindical a partir de su participación en las negociaciones salariales, más limitada en el manejo de las obras sociales, y su inserción en distintas áreas de gobierno y los servicios públicos, la que gradualmente empezará a decaer y tomará otro sesgo a partir de la ruptura de Hugo Moyano con el gobierno y la fractura de la CGT en 2012. Carlos Tomada será el ministro de Trabajo con mayor permanencia en el cargo en toda la historia. Persisten veteranos dirigentes al frente de sus gremios durante varias décadas: Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Ramón Baldassini, Amadeo Genta y José Luis Lingeri, los más notorios, pero también un caso único en el mundo, como el de Raimundo Ongaro, con casi 90 años, que sigue al frente de la Federación Gráfica al cabo de casi medio siglo. La muerte de Oscar Lescano, a los 80 años y al frente de su gremio, Luz y Fuerza, en los últimos 29, es otro símbolo de un linaje de sindicalistas cuyo poder sólo se extingue por razones biológicas. Al mismo tiempo, expresiones surgidas de la crisis, como las organizaciones piqueteras y otras corrientes sindicales –peronistas o de izquierda–, mantienen sus postulados de mayor autonomía respecto del Estado y sus demandas de reconocimiento de personería y mayor democracia sindical.

Las bases del modelo sindical siguen siendo el sindicato único y el reconocimiento estatal de una sola entidad gremial confederal y una obra social por rama de actividad. Un fallo de la Corte más reciente (18/7/2013) le asesta otro golpe a este modelo al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones Profesionales en lo que se refiere a la exclusividad de la representación laboral para los sindicatos con personería reconocida. Al mismo tiempo, puede afirmarse un mayor pluralismo político-sindical y da cuenta de ello la coexistencia de una central tradicional, la CGT, con sus distintos alineamientos y diferencias políticas, y otra central alternativa, la CTA, también con sus confluencias, divergencias o fracturas circunstanciales. Los alineamientos, tanto en la CGT como en la CTA, estarán dados principalmente por sus formas de interlocución con el Gobierno, reproduciendo el dilema histórico del sindicalismo frente a los poderes del Estado: buscar un lugar de asociación dentro del poder o aspirar a una autonomía para plantear sus reivindicaciones y posiciones frente al poder.



Fabián Bosoer