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¿Es posible un mani pulite en Argentina?

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De tanto en tanto, organismos como  Transparency Internacional nos enfrentan a la triste realidad de un retrato recurrente que nos ubica  cerca de  los países más corruptos del planeta. Más allá de si corresponde o no ser ubicados 41 puestos más abajo que Dinamarca y también de nuestros vecinos Chile y Brasil  y sólo unos puntos mejor que México, Rusia, o Paraguay –países que figuran entre los de mayor corrupción–, el tema no sólo se ha convertido en parte importante de la agenda internacional y de preocupación expresa de organismos como el FMI o el Banco Mundial, sino también  se ha instalado, –aunque no con la fuerza que ameritaría– en el campo de los humores ciudadanos. La mayoría de las encuestas de opinión señalan que luego de la delincuencia, la inflación y el desempleo, la corrupción es un problema que aún cuando no se lo visualiza en todo su potencial de toxicidad, preocupa a un sector de los argentinos y es también la demanda central hacia la que se orientan gran parte de las expectativas de cambio depositadas en el voto opositor, hoy claramente mayoritario.

En los últimos años, el interés por el tema ha ganado espacio tanto en el mundo académico como en el mundo de los responsables de diseñar las políticas públicas. Los escándalos por hechos de corrupción han golpeado tanto a gobiernos del primer mundo como a los de países en desarrollo y con  ello, la preocupación por identificar  sus causas y consecuencias. Así, algunos estudios empíricos han puesto de manifiesto que existe menor corrupción en aquellas economías donde la regulación del comercio es menos restrictiva, donde los gobiernos no ejercen políticas promocionales sectoriales poco transparentes o eclécticas o donde los funcionarios públicos son mejor remunerados y seleccionados. También parece haber evidencia sobre los efectos distorsivos de la corrupción sobre la inversión y el crecimiento económico o sobre el diseño de los presupuestos y la eficacia y racionalidad del gasto público.

Si el costo de la corrupción es tan alto, ¿por qué entonces los gobiernos no ponen más empeño en eliminarla? ¿Por qué los ciudadanos no reaccionan con mayor contundencia y compromiso cívico para combatirla ya que a todas luces es fuente de inequidad y enorme costo social? Una respuesta posible es que, cuando la corrupción se convierte en sistémica, cuando compromete no sólo comportamientos individuales anómalos sino al conjunto del entramado institucional, los mecanismos defensivos de las organizaciones se diluyen, se vuelven inoperantes y la corrupción se incorpora, naturalizándose, como parte de las reglas de juego. La resignación de la sociedad se hace parte de la cultura cotidiana y los campos de impunidad se expanden. Así, los incentivos para tratar de cambiar las reglas o salirse de ellas se convierten en menos fuertes que la necesidad de sobrevivencia a  costo de participar.

El costo político para las democracias es aún mayor cuando se trata de una corrupción institucional, más que una burocrática. De manera creciente se imponen en el mundo liderazgos autoritarios basados en discursos anticorrupción y mano dura. Discursos orientados a minar aún más la credibilidad hacia la dirigencia política y la de los partidos tradicionales. Es que la corrupción mina la confianza en las instituciones, merma la legitimidad política y afecta el compromiso colectivo, requisito de la estabilidad y el fortalecimiento de las democracias. Donde la corrupción se ha generalizado, la gente no cree en las promesas de los políticos.

El desafio de reconstrucción de los lazos de representatividad entre los actores políticos y sociales es complejo y se impone como prioridad. Cierto es que la sociedad reclama eficacia, esto es, soluciones a demandas y problemas concretos entre los que el bienestar económico y una mayor equidad social  aparecen como centrales. Pero reclama además probidad en su dirigencia, transparencia y juridicidad en los actos de gobierno, amén de una Justicia independiente como instrumento privilegiado para lograrlo.

*Socióloga, analista de opinión pública.



Graciela Romer