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Herramientas para la transición

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La reunión de cuarenta minutos entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner muestra las falencias que tenemos como sociedad, que después de 32 años no ha sabido darse un conjunto de reglas ni tiene una cultura política que entienda al Estado como la cosa pública. La “transición gubernamental” planteada en diez días hábiles y sin acuerdos expone a la sociedad argentina a una fragilidad y a una improvisación que ningún país serio puede permitirse.
Una de las principales características del sistema democrático es la alternancia en el poder. Pero son pocos los países con una cultura política que obligue a los mandatarios a acordar la transición. Chile y Uruguay han tenido gestos aislados en este sentido. En Argentina, sólo Córdoba ha avanzado en el diseño de un “Protocolo de transición”, aún no implementado.
Cada nueva administración debe lidiar con un traspaso gubernamental que obliga a los nuevos funcionarios a trabajar con quienes se van. Cuando esto se da dentro de un mismo partido o coalición, el proceso es más sencillo. Pero cuando es entre dos partidos distintos, todo es más complejo.
Es importante reflexionar sobre la importancia de contar con proyectos destinados a fortalecer los procesos de transición gubernamental, vitales para lograr que este proceso se dé en forma ordenada, y sobre todo planificada, evitando que esté dominado por la impericia y la improvisación.
En Argentina, la mayoría de las transiciones se han desarrollado sin marco normativo ni protocolo. Esta carencia y la falta de una cultura política de diálogo entre líderes opositores complican el escenario. Para pensar la transición es importante reflexionar sobre la importancia de la información y la circulación de la misma en el ámbito gubernamental. Cada gobierno que asume basa sus primeras medidas en la información que recibe en la transición. Por eso hay que empezar a trabajar una agenda que dé a la transición el ordenamiento que amerita una estructura compleja como el Estado.
Un proceso de transición gubernamental ordenado y legalizado vía herramientas constitucionales es una condición importante para que quien deja el gobierno pueda informar sobre lo actuado y rendir cuentas a la sociedad, pero también para el nuevo gobierno, que podrá decidir sobre la continuidad de las políticas públicas, o bien su reemplazo por otras. Por último, permitirá consolidar los procesos democráticos, asegurar la transparencia institucional y, sobre todo, evitar la pérdida de tiempo, en pos de la eficacia y la eficiencia en la implementación de políticas públicas

*Profesor de Ciencia Política (UBA).



Maximiliano Campos Rios*